Se recrudece la guerra de las lenguas en Cataluña

Bandera de España Derechos de autor de la imagen Reuters
Image caption El fallo determinó que el castellano también debe usarse en las escuelas catalanas.

Con frecuencia, las guerras comienzan por incidentes que parecen insignificantes. En este caso, la "guerra" comenzó porque tres familias pidieron que sus hijos, que acuden a la escuela en Cataluña, España, recibieran clases en español o castellano.

Argumentaron que el catalán y el castellano son lenguas cooficiales en la Constitución española y que, por lo tanto, ellos deberían poder tener la opción de elegir en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos.

Actualmente, todas las clases se imparten en catalán y las comunicaciones de los institutos educativos a los padres también se hacen en ese idioma. La lengua española o castellana es una asignatura más.

Las familias fueron al Departamento de Educación de la Generalitat (el órgano de gobierno autonómico de Cataluña) y la respuesta fueron varias resoluciones en las que se les informaba que los niños seguirían recibiendo clases en catalán.

El asunto llegó hasta la Justicia, donde el Tribunal Supremo, interpretando una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (el marco legal que regula las competencias de autonomía de Cataluña), determinó que el castellano también debe usarse en la escuela.

La senda judicial

La sentencia del Tribunal Constitucional limitaba o declaraba inconstitucionales varios artículos del Estatut. Entre ellos, el que establecía el catalán como lengua preferente en todos los actos públicos de Cataluña.

La decisión del Constitucional fue interpretada por los partidos nacionalistas e independentistas –y por un sector significativo de la sociedad catalana- como un ataque a la cultura y a las aspiraciones de autodeterminación de Cataluña.

El rechazo se hizo patente en una manifestación "en defensa del Estatut" que, según sus organizadores, concentró a más de un millón de personas en el centro de Barcelona en el verano de 2010.

La motivación de fondo de los nacionalistas e independentistas catalanes era condenar lo que interpretan como una aspiración hegemónica de parte del Estado español, y hasta como reminiscencias del régimen de Francisco Franco (1936-1975).

Este año, y con base en la decisión del Constitucional, el Tribunal Supremo decidió que, en las escuelas, el castellano o español debía tener una presencia similar a la del catalán como lenguas utilizadas en la transmisión de conocimientos.

Finalmente, el viernes pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le puso plazos a la sentencia del Tribunal Supremo y le dio dos meses a la Generalitat para que el castellano deje de ser una asignatura y comparta protagonismo con el catalán.

"Jo no acato la sentència"

La reacción fue casi inmediata, tanto desde el gobierno autonómico de Cataluña, como de algunos gremios de la educación y del activismo online.

La Consellera d’Ensenyament (consejera de Educación) de la Generalitat, Irene Rigau, anunció el mismo viernes que recurrirán la sentencia. "Con este recurso tendremos la posibilidad de dar nueva y más información que justifique que no hace falta este cambio", explicó.

Alicia Sánchez-Camacho, del derechista Partido Popular de Cataluña, cree que la sentencia refleja la convivencia que ya existe entre los dos idiomas. "Una pluralidad que se da en la calle es la que se tiene que llevar a las escuelas, donde ahora se excluye el español", sostiene.

El Partido Socialista de Cataluña, que hasta el viernes estaba alineado con la oposición, se sumó al gobierno catalán "en la defensa del modelo lingüístico de las escuelas catalanas".

Al gobierno autonómico lo apoyan también los principales sindicatos de la educación, así como varias asociaciones de propietarios y administradores de centros educativos.

En las redes sociales, la página de Facebook "Jo no acato la sentència contra el catalá" sumaba más de 50.000 seguidores dos días y medio después de haber sido creada.

A raíz de la polémica, el partido de gobierno de Cataluña, Convergència y Unió (CiU), le advirtió al PPC, sus aliados en el parlamento regional, que la defensa del catalán es "casus belli". Es decir, motivo de guerra.

Una guerra que, como decíamos al principio, comenzó por el hecho aparentemente insignificante de que tres familias pidieron que a sus hijos les dieran clases en español.

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