Paramilitarismo y política: una amenaza que persiste en Colombia

Última actualización: Jueves, 15 de septiembre de 2011
Balas (foto de archivo)

Informes alegan que tanto las "Bacrim" como la guerrilla buscan infiltrar la política local.

El nivel de penetración de los grupos paramilitares en las instituciones colombianas quedó de manifiesto una vez más con la condena del exdirector de los servicios de inteligencia del país, Jorge Noguera, anunciada el miércoles.

Y la preocupación ante la persistente influencia de los grupos armados ilegales en la vida política del país se acentúa en vísperas de las elecciones locales y regionales del mes próximo.

Noguera, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el primer periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006), fue sentenciado a 25 años de cárcel por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el poderoso grupo paramilitar que se desmovilizó oficialmente en 2006.

Según la Corte Suprema de Justicia, el funcionario prácticamente puso a la institución -que le responde únicamente al presidente de la República- al servicio de los paramilitares.

Y el tribunal determinó que la información que fue compartida por Noguera con las AUC condujo al asesinato de al menos un activista de derechos humanos: el profesor Alfredo Correa de Andreis.

Los hallazgos de la Corte, sin embargo, no han generado mayor sorpresa en Colombia.

Después de todo, la sentencia marca la culminación de un largo proceso jurídico, iniciado en 2007.

Y se relaciona con un fenómeno de vieja data, bautizado por los colombianos como "parapolítica".

El alcance de las relaciones

Jorge Noguera

El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, fue sentenciado a 25 años de cárcel

El término se puso de moda hacia finales del primer mandato del expresidente Uribe, y las primeras denuncias se enfocaron en las relaciones entre paramilitares y un puñado de congresistas y candidatos afines al mandatario.

Posteriormente Noguera y varios otros funcionarios de menor rango del DAS fueron vinculados a las investigaciones.

Uribe siempre ha alegado desconocimiento de las relaciones de los paramilitares con funcionarios de su gobierno.

Y, en el caso de la condena del exdirector del DAS, reafirmó su posición a través de un breve mensaje enviado por Twitter.

"Nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y pido perdón a la ciudadanía", escribió el exmandatario.

Su uso del condicional, sin embargo, no pasó desapercibido.

Riesgo para las elecciones

El problema de las relaciones entre políticos y grupos armados ilegales en Colombia, sin embargo, va mucho más allá del gobierno de Uribe.

Ya antes del escándalo de la "parapolítica", la clase política colombiana había tenido que lidiar en la década de 1990 con el denominado "Proceso 8.000", que investigó los nexos entre políticos y narcotráfico.

Y, para muchos, la infiltración de los herederos de los narcotraficantes y paramilitares en las estructura políticas locales es uno de los principales riesgo de cara a las próximas elecciones municipales y regionales, que se celebrarán a finales de octubre.

Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe siempre ha alegado desconocimiento de las relaciones entre los paramilitares y el exjefe del DAS.

"Aunque la justicia, en particular las Altas Cortes, han logrado juzgar y condenar las redes políticas de la parapolítica en el Congreso de la República, a nivel local y regional las estructuras de base de estos parapolíticos consiguieron legalizarse y se encuentran impunes", afirma un informe de la corporación Nuevo Arcoiris, una organización no gubernamental que investigó el tema por encargo del ministerio de del Interior y Justicia.

Y con base en la investigación de Nuevo Arcoiris, el ministerio del Interior y Justicia elaboró una lista de candidatos "poco idóneos" con más de 13 mil nombres: más del 10% del total de inscritos.

El problema, sin embargo, no se limita a las bandas "neoparamilitares" dedicadas al narcotráfico conocidas como Bacrim.

Según el coordinador académico de Nuevo Arcoiris, Mauricio Romero, los grupos guerrilleros también intentarán emplear los comicios para conseguir algún nivel de control sobre los gobiernos locales, lo que implica un importante cambio en la estrategia de las FARC.

"Las FARC no van a intentar boicotear el proceso, como en el pasado, sino que están buscando formas de incidir", le dijo Romero a BBC Mundo.

Campanas de alarma

Para Felipe Jiménez, de la Misión de Observación Electoral, el principal interés de los grupos armados ilegales es hacerse con el control de los recursos controlados a nivel local.

"En estas elecciones se juegan muchas cosas: concesiones, contratos pequeños, el monopolio de juegos de azar, regalías, permisos de minería...", le explicó Jiménez a BBC Mundo.

Pero además, la influencia institucional también puede facilitar los diferentes negocios ilegales que financian tanto a guerrillas como Bacrim.

Por lo pronto, tanto el gobierno como los medios y numerosos organismos no gubernamentales se han encargado de hacer sonar las campanas de alarma ante la amenaza de penetración.

Pero, a mes y medio de los comicios, la mayoría de los candidatos "poco idóneos" identificados por el propio ministerio del Interior y Justicia continúan en contienda.

Y el problema de la penetración de los grupos ilegales en las instituciones colombianas, puesto de manifiesto por la condena de Noguera, sigue siendo un problema vigente.

Contexto

BBC © 2014 El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.

Para ver esta página tal cual fue diseñada, debe utilizar un navegador de internet actualizado, que tenga habilitado el uso de hojas de estilo en cascada (CSS, por Cascading Stylesheets en inglés). Aunque en el navegador que está utilizando podrá ver el contenido de la página, no será presentado de la mejor forma posible. Por favor, evalúe la posibilidad de actualizar su navegador y/o habilitar el uso de CSS.