Baltasar Garzón, en el banquillo por Franco

Última actualización: Martes, 24 de enero de 2012
Baltasar Garzón

En este proceso, el juez Baltasar Garzón podría quedar inhabilitado para el resto de su carrera.

Reconocido internacionalmente por abrir diligencias contra los gobiernos militares de Chile y Argentina, el juez español Baltasar Garzón se enfrenta esta semana a la justicia de su propio país por investigar los crímenes del régimen franquista.

Una resolución desfavorable podría inhabilitarlo para el resto de su carrera.

Se trata de la primera vez en la Unión Europea en la que un magistrado se sienta en el banquillo de los acusados por perseguir crímenes internacionales.

Tanto la Comisión Internacional de Juristas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denunciaron el proceso, han enviado media docena de observadores internacionales para supervisar el desarrollo del juicio, que creen que tiene "un efecto de intimidación" sobre otros jueces que están analizando delitos de lesa humanidad.

Por su parte, la acusación niega que se esté juzgando a Garzón por investigar los crímenes del franquismo, sino que considera que está salvaguardando el estado de derecho español al vigilar el cumplimiento de la ley.

En 2008, y tras la denuncia de varias organizaciones de víctimas del franquismo, el magistrado de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar la desaparición de los perseguidos por el régimen de Francisco Franco, que abarcó desde el final de la guerra civil en 1939 hasta la muerte del general en 1975.

Manos limpias vs. memoria histórica

Cementerio de la Ciudad de Gerena

Arqueólogos y activistas buscan una fosa común con los restos de víctimas del régimen de Franco, en el cementerio de la ciudad de Gerena.

Apenas un año después, el Tribunal Supremo aceptaba la querella interpuesta por la asociación Manos Limpias, cuyo presidente Miguel Bernard fue condecorado el pasado diciembre por la Fundación Francisco Franco por sus "servicios en defensa de los ideales del Movimiento".

Manos Limpias, cuya actividad se centra en interponer demandas judiciales, acusaba a Garzón de prevaricación, al actuar en contra de la Ley de Amnistía de 1977 y superar las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Promulgada dos años después de la muerte de Franco, la Ley de Amnistía hacía tábula rasa para preparar la España de la Transición: ningún suceso ocurrido desde el inicio de la guerra civil hasta su aprobación podría ser objeto de reclamación judicial por ninguna de las partes.

Por otra parte, la Ley de Memoria Histórica, si bien reconoce la memoria de las víctimas de la dictadura a nivel personal y familiar, no autoriza la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de las víctimas, al no considerarlas delitos contra la sociedad y la humanidad.

Amnistía en discusión

"La obligación de España y de cualquier estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo"

Amnistía Internacional

Tres informes distintos de la Organización de Naciones Unidas amonestaron a España en 2009 por mantener vigente la Ley de Amnistía y no investigar los crímenes del franquismo ni atender a los ruegos de las víctimas, alegando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto.

Estos días, Amnistía Internacional ha tachado de "escandaloso" este proceso y ha pedido que se desestimen las acusaciones, ya que "la obligación de España y de cualquier estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo".

Después de las cuestiones previas que se plantearán el martes, el Tribunal Supremo interrogará a Garzón el próximo 31 de enero. Suspendido de sus funciones desde 2010, la acusación pide para el magistrado la pena máxima de 20 años de inhabilitación, lo que supondría el fin de su carrera judicial.

Triple proceso

La del franquismo no es la única causa abierta del célebre magistrado, que tiene tres procesos judiciales distintos en simultáneo.

La semana pasada, Garzón fue juzgado por ordenar llevar a cabo unas escuchas supuestamente ilegales desde la cárcel en el curso de la investigación de una trama de corrupción política y urbanística, cuya sentencia todavía no se ha hecho pública.

Además, está acusado de cohecho al recibir unos pagos por participar en dos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 que estaban financiados, entre otras entidades, por el Banco Santander, entidad de la que el juez archivó una querella meses después.

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, no será enjuiciado por haber prescrito para él la causa.

Las fosas de la memoria

La Plataforma Solidarios con Garzón ha organizado concentraciones frente al Tribunal Supremo todos los martes a las 10 de la mañana mientras dure el proceso y una manifestación el próximo domingo que recorra el centro de Madrid.

Polémico y mediático, el juicio a Garzón pone de manifiesto las cuentas pendientes que el proceso de Transición no supo resolver.

Setenta y cinco años después del final de la guerra civil, en España no han tenido lugar comités por la verdad y la reconciliación al estilo de algunos países latinoamericanos y cientos de fosas siguen enterrando los restos de un pasado que aún queda por escribir.

Contexto

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