Por qué Brasil indaga pero no juzga los abusos del gobierno militar

Última actualización: Miércoles, 16 de mayo de 2012
Desaparecidos en Brasil durante el gobierno militar

Desaparecidos en Brasil durante el gobierno militar.

Brasil tendrá desde este miércoles una Comisión de la Verdad para indagar los abusos de su gobierno militar, aunque todo indica que seguirá sin castigar a los responsables los mismos, a diferencia de países vecinos.

La Comisión de la Verdad que se instala oficialmente en Brasil deberá indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre 1946 y 1988, período que comprende el régimen militar (1964-1985).

Pero los propios miembros de ese panel de siete integrantes nombrados por la presidenta Dilma Rousseff han negado que vayan a buscar el castigo de los responsables de esos crímenes, amparados en Brasil por una ley de amnistía.

Al acto de toma de posesión de la Comisión asistirán, además de Rousseff, cuatro de sus antecesores para mostrar que se trata de un tema "de Estado", dijo un portavoz presidencial.

El evento es considerado un paso importante de Brasil para descorrer el velo que aún existe sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente, que incluyó torturas, asesinatos y desapariciones.

Pero los especialistas creen que hay diversas explicaciones, incluso políticas y culturales, para entender por qué Brasil evita hasta hoy juzgar esos hechos, como sí lo hicieron otros países sudamericanos tras sus gobiernos militares.

Transición gradual

Chile, Argentina y Uruguay han procesado y encarcelado en los últimos años a cientos de exrepresores y mandos de sus respectivos regímenes militares de las décadas del 70 y 80.

Mauricio Santoro, experto en relaciones internacionales de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), cree que una diferencia de Brasil se debe en parte a cómo fue su gobierno militar y su transición a la democracia.

"A pesar de que el régimen militar brasileño duró 21 años, más que en Chile, Argentina y Uruguay, mató menos personas que en los países vecinos" proporcionalmente, dijo Santoro a BBC Mundo.

Se estima que bajo el régimen militar brasileño hubo 400 muertos y desaparecidos, mientras en el argentino hubo hasta 30.000, en el chileno más de 3.000 y en el uruguayo 175 desaparecidos.

Santoro dijo además que "el gobierno militar brasileño, al contrario de lo que ocurrió por ejemplo en Argentina, tuvo un desempeño bueno en el área económica", con tasas de crecimiento y apoyo a la industria.

"Esas dos cosas permitieron a los militares brasileños negociar una transición a la democracia que fue muy gradual y larga", indicó. "Una de las condiciones de esa transición fue la amnistía".

"Costo político"

Dilma Rousseff

La presidenta Dilma Rousseff durante la ceremonia de creación de la Comisión de la Verdad.

Aprobada en 1979, la ley brasileña de amnistía ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por activistas que creen que es contraria a compromisos internacionales del país.

Pero la vigencia de la norma fue ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial brasileña.

El gobierno de Rousseff, una exguerrillera de izquierda que fue encarcelada y torturada durante el gobierno militar, ha asegurado que va a respetar el contenido de la ley, como lo hicieron gobiernos anteriores.

Esto también contrasta con lo que ocurrió por ejemplo en Uruguay, donde el parlamento derogó en octubre una ley que amnistiaba a los militares a instancias del gobernante Frente Amplio, una coalición de izquierda.

Santoro indicó que en Brasil los presidentes democráticos han mantenido la ley para evitar "incurrir en el costo político de comprar (una) pelea con las Fuerzas Armadas".

Beatriz Affonso, directora en Brasil del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cree que esta situación se explica también por el sistema brasileño de gobierno, que requiere de alianzas políticas.

"Desde la vuelta a la democracia, los gobiernos fueron de coaliciones que tienen partidos de peso cercanos a aquellos que piensan como los militares", indicó a BBC Mundo.

Sin rupturas

"Aprobada en 1979, la ley brasileña de amnistía ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por activistas que creen que es contraria a compromisos internacionales del país"

Affonso sostuvo que la historia sugiere que Brasil, a diferencia de otros países latinoamericanos, tiene dificultades para romper con su pasado y prefiere "tomar actitudes agradables a todos" en lugar de medidas tajantes.

"Nosotros nos volvimos independientes y el primer emperador de Brasil siguió siendo el hijo del rey de Portugal", dijo. "O sea, no hacemos las rupturas en Brasil".

Los especialistas apuntan también a una tradición de impunidad en el país, no sólo para abusos que sus fuerzas de seguridad cometen hasta hoy sino también para casos de corrupción en la administración pública.

Pese a esto, algunos fiscales brasileños han buscado recientemente iniciar denuncias por crímenes ocurridos durante aquel período militar.

Uno de ellos fue por la desaparición de cinco guerrilleros en los años 70 en el estado amazónico de Pará, pero un juez rechazó el pedido de que ese crimen sea considerado como un secuestro "permanente" que escapa a la amnistía mientras se desconozca el paradero de las víctimas.

La doctrina del crimen "permanente" es apoyada por organismos internacionales y fue aceptada por jueces de otros países de la región. En Brasil hay una petición para que el STF se pronuncie sobre este asunto, pero la decisión ha sido postergada.

La Comisión de la Verdad tendrá dos años para realizar sus investigaciones y muchos se preguntan hasta dónde podrá llegar, aún sin buscar sanciones penales a exrepresores.

Rosa Maria Cardoso da Cunha, integrante de la comisión y exabogada de Rousseff, sostuvo el lunes que sí van a ver "conductas de agentes públicos" durante el período indagado, aunque "de la forma más tolerante posible y justa".

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