Los conductores borrachos que no van a la cárcel

Última actualización: Jueves, 24 de mayo de 2012
Alcohol al volante

Se estima que el 34% de las muertes en accidentes de tránsito en Colombia involucran alcohol.

Colombia está debatiendo qué hacer con las personas que conducen en estado de embriaguez y la discusión está que arde.

Y es que en medio del escándalo desatado por un legislador que no quiso someterse a una prueba de alcoholemia, por considerar que eso lesionaba su dignidad como parlamentario, el Congreso colombiano también decidió archivar un proyecto de ley que buscaba endurecer las sanciones para los conductores borrachos.

La propuesta buscaba, por un lado, eliminar el beneficio de casa por cárcel para los conductores que en estado de embriaguez le causen la muerte o lesiones a otras personas.

Pero también pretendía aumentar las multas por conducir bajo los efectos del alcohol hasta un máximo de aproximadamente US$3.000 y, sobre todo, contemplaba el arresto de aquellos conductores que no pudieran pagarlas.

"Se proponían arrestos de 36 horas que tendrían que cumplirse durante el fin de semana: viernes, sábado y domingo", le explicó a BBC Mundo la representante Gloria Stella Díaz, autora de la propuesta.

Pero luego de la decisión de los legisladores, manejar en estado de embriaguez en Colombia todavía seguirá sin conducir a la cárcel. Como sí ocurre -al menos en teoría- en otros países latinoamericanos.

Arrestados

Efectivamente, aunque las sanciones difieren de país en país -o incluso entre estados y provincias, en aquellos que están organizados bajo el modelo federal- en buena parte de América Latina una celda puede terminar siendo el destino de quienes mezclan volante y alcohol aunque no causen ningún daño a terceros.

"Se proponían arrestos de 36 horas que tendrían que cumplirse durante el fin de semana: viernes, sábado y domingo"

Gloria Stella Díaz, diputada

Se trata, en ese sentido, de sanciones complementarias a las multas, suspensión de permisos o impugnación de vehículos con las que también se trata de combatir la mortal combinación.

Así, en México D.F., el Reglamento de Tránsito ordena un arresto inconmutable de 20 a 36 horas para cualquiera que sea detenido al volante con más de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

Y este tipo de "arresto administrativo" también está contemplado en la Ley de Tránsito de Nicaragua, que ordena "la retención del conductor hasta por 12 horas, siempre y cuando no haya lesionados de ninguna naturaleza".

El senador de la polémica

El senador Eduardo Merlano fue detenido por una patrulla de policía mientras conducía por la ciudad de Barranquilla en horas de la madrugada el pasado 13 de mayo.

Y además de no poder mostrar una licencia de conducir, el senador tampoco dejó que los agentes le practicaran una prueba de alcoholemia, escudándose en su condición de parlamentario.

"¿Cincuenta mil personas votaron por mí y ustedes me van a venir a faltar el respeto?", se puede escuchar diciendo a Merlano en un video del incidente que fue publicado por varios medios colombianos y luego a través de las redes sociales.

Luego se sabría que el número real de votos obtenidos por el legislador en realidad rondaba los 37.000.

Y al momento de redactar este artículo, los seguidores de la cuenta de Twitter @renunciesenador –que están presionando para que Merlano sea removido de su cargo- ya superaban el número de votos que decía haber conseguido el parlamentario.

La única víctima del incidente hasta la fecha, sin embargo, es el general Oscar Pérez, comandante de la policía metropolitana de la ciudad de Barranquilla, quien presentó la renuncia luego de que también lo grabaran llamándole la atención a los patrulleros.

Ecuador, por su parte, impone sanciones diferenciadas dependiendo de la concentración de alcohol en la sangre (BAC, por sus siglas en inglés): cinco días de prisión para quienes conduzcan con más de 0,3 y menos de 0,8 gramos por litro de sangre, y quince para quienes superen ese nivel.

Mientras que en Perú es el Código Penal el que establece una "pena privativa de libertad no mayor de un año" por el delito de conducir en estado de embriaguez, que en ese país empieza a partir de los 0,5 gramos.

Los países más estrictos a la hora de combatir el alcohol al volante, sin embargo, son Chile y Brasil.

En Chile, la recientemente aprobada "Ley de tolerancia cero al alcohol en la conducción" -popularmente conocida como "Ley Talibana"- también maneja dos categorías, como Ecuador.

Pero mientras que la conducción "bajo la influencia del alcohol" (de 0,3 a 0,8 gramos por litro de sangre) sólo contempla penas de cárcel cuando hay lesiones a terceros, las sanciones por conducir "en estado de ebriedad" (a partir de los 0,8 gramos) empiezan con penas de entre 61 y 540 días de "presidio menor".

"En Brasil existe desde 2008 una denominada ‘ley seca’ que es bastante restrictiva, como su nombre sugiere", explica por su parte el corresponsal de BBC Mundo en Brasil, Gerardo Lissardy.

Dicha ley prevé multas y suspensión de derecho de conducir por 12 meses para quienes conducen un vehículo en la vía pública con una concentración de alcohol por litro de sangre de 0,2 gramos, el más bajo de la región.

"Y también define como delito de embriaguez al volante conducir en la vía pública con una concentración de alcohol por litro de sangre igual o mayor a 0,6 gramos. Y, en este caso, las penas pueden ser de seis meses a tres años de prisión, con derecho a fianza", dice Lissardy.

clic Lea también: Lo que la "Ley Talibana" ha cambiado en Chile

Las razones de Colombia

Colombia, sin embargo, no está sola.

En la capital Argentina, Buenos Aires, manejar en estado de embriaguez es una falta que por lo general se castiga con una multa y la impugnación del auto (aunque el Código Contravencional de la ciudad habla de multas "o uno a diez días de arresto").

Accidente de tránsito

Los accidentes en la carretera causan el 2,3% de todas las muertes a nivel global.

Y la posibilidad de arresto por el sólo delito de conducir borracho no parece estar contemplada ni en la legislación de Costa Rica ni en la de Venezuela.

Además, en casi toda la región, una cosa es la que mandan las leyes y otra muy diferente la que ocurre en la práctica.

Y según la diputada Díaz, algunos diputados se opusieron a su propuesta argumentando que querían evitar que eso también pasara en el caso colombiano.

"Algunos argumentaban que la medida era demasiado drástica, que les parecía que podía pensarse todavía en el tema de la promoción, de la prevención y de la pedagogía antes de elevar esto a un delito penal", le dijo Díaz a BBC Mundo.

"Pero el segundo argumento era que el país no tiene la infraestructura carcelaria para empezar a recibir a tantos conductores, por que es mucha la gente que se embriaga", explicó la parlamentaria.

Ambos argumentos, sin embargo, van a contracorriente de las recomendaciones del Centro Internacional para Políticas sobre el Alcohol (ICAP, por sus siglas en inglés), con sede en Washington.

Según el ICAP, la combinación de estrategias –como cambios en la legislación, esfuerzos para hacer cumplimiento de la ley, campañas de concientización y para cambiar actitudes, e iniciativas para la reducción de riesgos- es necesaria para obtener resultados.

"El objetivo no debe ser capturar a tantos infractores como sea posible, sino crear la percepción de que quienes violan la ley van a ser capturados y castigados"

Centro Internacional de Políticas sobre el Alcohol, ICAP

"Y hay consenso en que los esfuerzos por hacer cumplir la ley deben ser de alto perfil y tener como objetivo grupos e individuos específicos. El objetivo, además, no debe ser capturar a tantos infractores como sea posible, sino crear la percepción de que quienes violan la ley van a ser capturados y castigados", afirma el ICAP.

En ese sentido, nada más contraproducente que el caso del senador que no quiso que le practicaran la prueba de alcoholemia.

Y la percepción de muchos colombianos, incluyendo a la representante Díaz, es que la mayoría de los disputados que no quisieran aprobar la pena de cárcel para los conductores borrachos lo hicieron por razones eminentemente egoístas.

"El hecho es que al elevar este tipo de comportamiento a delito, y con la pena de arresto, se crearía un antecedente judicial, y con el antecedente judicial simultáneamente nacería la inhabilidad para acceder a cargos de elección popular", explicó Díaz.

"Pero a los legisladores no nos debería preocupar si genera o no antecedente judicial, toda vez que el ejemplo debe partir de nosotros", concluyó la parlamentaria.

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