Los empresarios en el conflicto electoral de México

Compradores en tienda Soriana Derechos de autor de la imagen Reuters
Image caption La izquierda mexicana afirma que se entregaron tarjetas de compra en tiendas a cambio de votos

En el conflicto postelectoral por la presidencia de México hay nuevos actores: los empresarios.

Algunos de los principales grupos del sector privado del país han acusado a los partidos políticos -especialmente la coalición de izquierda llamada Movimiento Progresista- de crear un ambiente social inestable que podría afectar las inversiones y la creación de empleos.

La coalición asegura que sólo busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) acepte sus impugnaciones a la votación presidencial y anule el proceso.

Las diferencias entre la izquierda y los empresarios surgieron después que la empresa Soriana, una de las cadenas de tiendas departamentales más grandes de México, sufriera varios ataques y enfrentara protestas ciudadanas en sus sucursales.

El excandidato presidencial del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado que durante la campaña electoral se distribuyeron miles de tarjetas de Soriana con dinero electrónico, a cambio de votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que oficialmente tiene ventaja en las votaciones.

La cadena responsabilizó a la coalición de los ataques, denuncia que fue apoyada por los principales grupos empresariales que publicaron comunicados de prensa para exigir el cese de la violencia.

Eso generó un debate en los medios que aún prevalece.

"Estos actos irracionales afectan la operación de los negocios y, por ende, el desarrollo económico del país y el interés por generar nuevas inversiones", advirtió la Asociación de Bancos de México (ABM) en el comunicado.

En respuesta Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que forma parte de la coalición, pidió calma a los banqueros. "Que estén tranquilos, no vamos a hacer nada que genere inestabilidad", afirmó.

Diferencias

Más allá del debate, para algunos la incursión del sector privado en el conflicto post electoral es preocupante.

Hace seis años años, en la votación presidencial de 2006, varios grupos empresariales patrocinaron campañas en contra de López Obrador, lo cual violó las leyes electorales según sancionó el Trife.

Aunque hasta ahora no parece existir ese riesgo, es posible que entre quienes han criticado a la izquierda existan intereses distintos a la defensa de las empresas, le dice a BBC Mundo Manuel Camacho Solís, senador electo y uno de los estrategas electorales del Movimiento Progresista.

"Desde luego que hay intereses políticos, no nada más reaccionan por la defensa de las empresas", asegura.

"Tienen amigos en el PRI o lo que esperan que sea el próximo gobierno. Todo eso lleva a que tengan estos posicionamientos".

Sin embargo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, rechaza que existan intenciones políticas en los desplegados y críticas que han hecho públicos.

"Estamos defendiendo los intereses del sector empresarial, lo que queremos es que este proceso postelectoral transite en los acuerdos necesario, que haya paz y respeto a las instituciones y la legalidad", dice en conversación con BBC Mundo.

"Lo que queremos es señalar a tiempo este tipo de situaciones fuera de la ley, donde ciertos grupos han incurrido en hechos delictivos. Lo estamos denunciando ante las autoridades para que actúen".

Árbitro

Derechos de autor de la imagen BBC World Service
Image caption Empresarios mexicanos temen que el conflicto post electoral afecte la economía

¿Realmente puede afectarse la economía mexicana con el actual conflicto postelectoral?

Los banqueros y la Confederación Patronal de la República Mexicana, un conservador organismo empresarial, afirman que sí. Pero el presidente del CCE dice que no.

De hecho, los reportes económicos del gobierno mexicano y las calificadoras financieras internacionales no han reportado cambio alguno en sus reportes sobre el país.

Lo más importante, reitera Gutiérrez Candiani, es que las diferencias entre partidos se resuelvan legalmente. Los empresarios trabajarán con quien el Trife determine que es el presidente de México.

Es parte del problema, objeta Manuel Camacho. Más allá que los empresarios tienen derecho a defender sus intereses, lo más importante es que el conflicto se resuelva imparcialmente.

"Necesitamos una tercera parte que defina cuáles son los actos de justicia", insiste".

Una solución que podría presentarse en las semanas venideras. De acuerdo con la ley electoral mexicana, el plazo para que el Tribunal electoral determine al ganador de la elección presidencial vence el seis de septiembre.

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