Argentina: primera condena para un funcionario del kirchnerismo

Miceli y Kirchner
Image caption Miceli fue la ministra de Economía de Kirchner.

La Justicia en Argentina sentenció a la exministra de Economía Felisa Miceli a cuatro años de prisión por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público, a raíz del hallazgo en su oficina de dinero no declarado.

El Tribunal Federal en Buenos Aires también inhabilitó a la exfuncionaria a ocupar cargos públicos por ocho años.

Miceli fue ministra de Economía bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la actual mandataria Cristina Fernández, y es la primera funcionaria kirchnerista condenada por corrupción desde que llegó al poder esa fuerza política hace casi una década.

La economista, que ya adelantó que apelará el fallo, había sido nombrada en el cargo en noviembre de 2005, y fue la primera y única mujer en estar al frente del Ministerio de Economía de Argentina.

En julio de 2007 renunció como consecuencia del escándalo que se desató tras el hallazgo en el baño de su despacho de una bolsa con 100.000 pesos (US$20.500) y US$31.670, encontrados durante una inspección de rutina de la Brigada de Explosivos, que buscaba la posible presencia de bombas.

“Esto se trataba de un dinero privado, de un hecho privado”, se defendió la ex funcionaria. “Los fiscales mismos dijeron que no hubo perjuicio para el Estado Nacional ni para el patrimonio público”, agregó.

La Fiscalía había acusado a Miceli de encubrir una maniobra financiera ilícita y también de estar detrás de la desaparición del acta policial en la que constaba el hallazgo del dinero en su oficina, cargos de los que el Tribunal la encontró culpable.

Por ahora la ex funcionaria no deberá ir a prisión, mientras apela su sentencia.

Otros funcionarios investigados

Miceli no es la única funcionaria del kirchnerismo investigada por la Justicia por presuntos actos de corrupción.

El vicepresidente del país, Amado Boudou, fue imputado en mayo pasado en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como ministro de Economía (2009-2011).

Boudou ya estaba siendo investigado por la Justicia por el llamado caso Ciccone, en el que se busca determinar si intercedió en 2010 para que una compañía impresora de dinero que había quebrado, Ciccone Calcográfica, fuera condonada por el fisco y quedase en manos de un empresario acusado de ser su testaferro.

Ver: La maldición de los vicepresidentes argentinos

El pasado 20 de diciembre la Cámara Federal desestimó los pedidos del funcionario para declarar nula la causa, por lo que la investigación continúa. En abril la Justicia había allanado un departamento del vicepresidente como parte del caso, en el que está sospechado de tráfico de influencias y lavado de dinero.

En tanto, en agosto, el Congreso argentino –que tiene mayoría oficialista- nacionalizó la ex Ciccone Calcográfica (ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana), una decisión que según los críticos del gobierno buscó esconder las irregularidades que involucran al vicepresidente, algo que negaron las autoridades.

Bajo la lupa

Además de Miceli, otros ex funcionarios del kirchnerismo fueron procesados por la Justicia y enfrentan juicios.

En octubre pasado, un juez federal procesó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por el choque de un tren que mató a 51 personas en la estación de Once, en febrero.

Image caption Es el primer funcionario de la era Kirchner-Fernández que va preso por corrupción.

Jaime también está imputado desde 2009 por presunto enriquecimiento ilegal, debido a la compra de un avión privado, un yate y otros bienes, durante su gestión al frente de la secretaría de Transporte (2003-2009).

Además, está procesado en un caso de dádivas por presuntos viajes aéreos privados que le habrían pagado empresarios del transporte a los que debía controlar.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Manzur, está siendo investigado por un juez federal en la provincia de Tucumán por presunto enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2010.

Causas cerradas

Incluso la propia mandataria y su esposo, fallecido en 2010, fueron investigados por la Justicia tras ser acusados de enriquecimiento ilícito por el significativo crecimiento de su patrimonio desde su llegada al poder.

Según sus declaraciones juradas –documentos que en Argentina deben presentar anualmente los máximos funcionarios del país- la riqueza de los Kirchner creció de unos US$1,4 millones a más de US$16,5 millones entre 2003 y 2011.

La Justicia desestimó las acusaciones y ya archivó varias causas contra el matrimonio por el origen de su riqueza.

A finales de 2011 la Justicia también sobreseyó al secretario de Energía, Daniel Cameron, y a otros funcionarios del kirchnerismo por el llamado caso Skanska, en el que se acusaba a los hombres del gobierno de haber cobrado sobreprecios y coimas para la ampliación de gasoductos.

Macri procesado

Pero no sólo funcionarios del kirchnerismo son investigados por la Justicia. El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales opositores del gobierno, fue procesado en 2010 en un caso por escuchas telefónicas ilegales.

En agosto pasado un fiscal federal pidió que el caso sea elevado a juicio, algo que podría perjudicar las aspiraciones de Macri de competir por la presidencia en 2015.

El jefe de gobierno porteño está acusado de asociación ilícita, falsedad de documento público, intercepción de llamadas telefónicas y abuso de autoridad, cargos que niega.

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