El Salvador: un aborto para salvar una vida

Mujer en El Salvador
Image caption En El Salvador las mujeres que interrumpen su embarazo pueden ser encarceladas

En El Salvador, una joven enferma y embarazada corre el riesgo de morir por la celosa aplicación de unas leyes que tienen como finalidad preservar el derecho a la vida.

Beatriz, nombre supuesto, tiene 21 años y 20 semanas de un embarazo que los médicos recomiendan que interrumpa porque es poco probable que lo sobreviva: padece Lupus Eritematosos, insuficiencia renal, preclancia e hipertensión arterial.

Además el feto ha sido diagnosticado con anencefalia (ausencia de buena parte del cerebro) por lo que morirá apenas al nacer.

Pero en El Salvador el aborto está prohibido en toda circustancia. Así que si Beatriz se lo practica será procesada criminalmente, ella y los médicos que la atiendan.

El agravante en este caso es que las instancias que podrían facilitar la solución del caso no han dado una respuesta que, mientras más tarda en llegar, más complica el cuadro de salud para Beatriz.

Caso urgente

La ley salvadorena estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a una operación de tipo pueden ser encarcelados hasta por 50 años.

El caso de Beatriz ha provocado una intensa polémica en el país centroamericano. Las iglesias católica y evangélicas, además de organizaciones civiles como Sí a la Vida, aseguran que el caso es una fachada para legalizar el aborto en el país.

Pero la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, asegura que se trata es de proteger la vida de Beatriz

"Es importante actuar de urgencia conforme a lo que la ciencia médica ha establecido. Hemos hecho la recomendación de que la interrupción del embarazo de la joven por parte del cuerpo médico es un acto justificado, le dijo a BBC Mundo Georgina de Villalta, procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez de la procuraduría.

Drama familiar

Beatriz ya tiene un hijo de un año de edad quien nació tras un embarazo que tambié fue de alto riesgo. Durante 38 días el bebé estuvo en terapia intensiva pues el parto ocurrió a los siete meses de gestación.

La joven y su familia viven en Jiquilisco, una zona rural de El Salvador. El niño necesita terapia de estimulación pues por el nacimiento prematuro aún no es capaz de caminar.

Pero hace un mes interrumpió el tratamiento porque su mamá fue hospitalizada, y su papá tuvo que viajar con él a la capital del país para acompañarla.

Georgina de Villalta recuerda que es fundamental garantizar "el derecho a la superviviencia, el crecimiento óptimo y el desarrollo integral" de este niño. Y para eso es fundamental que su madre siga con él.

El abogado Dennis Muñoz, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador solicitó a la Corte Suprema de Justicia un amparo que permita inducir el parto.

"Pedimos a la Corte la autorización legal para interrumpir el embarazo y salvar de esta manera la vida de ella", explicó Muñoz a BBC Mundo.

Un fiscal silencioso

Image caption En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias.

La Sala de Constitucionalidad de la Corte aceptó el caso pero solicitó opiniones del Consejo Nacional de Bioética, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los tres primeros están en favor de que se practique un aborto terapéutico, señala el abogado Muñoz, pero hasta el momento la FGR no ha respondido a los ministros.

Un elemento fundamental pues la Fiscalía es responsable de perseguir los delitos y por lo tanto, es quien puede encarcelar a Beatriz y a los médicos que interrumpan su embarazo.

"La Sala de Constitucionalidad tendría que resolver con el silencio de la Fiscalía, a pesar de que una de sus funciones es defender los intereses de la sociedad", subraya el abogado Muñoz.

BBC Mundo solicitó a la FGR una posición sobre el caso, pero al momento de publicar esta no nota no había obtenido respuesta.

Pobreza

La organización Amnistía Internacional advierte que la situación de Beatriz "es apremiante y no debe esperar más. Sus posibilidades de supervivencia dependen de la decisión de las autoridades. La demora es nada menos que cruel e inhumana".

Mónica Roa, de la organización Women´s Link Worldwide, recuerda que la situación económica de la joven ha sido fundamental en este caso.

"Si Beatriz fuera una mujer con recursos, esto no le estaría pasando", señala en un comunicado.

"La prohibición del aborto, incluso cuando la propia vida está en riesgo, obliga a las mujeres pobres a tener que escoger entre morirse o convertirse en criminales, y eso es absolutamente contrario a la justicia y a los derechos humanos", afirma Roa.

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.