Casas casi gratuitas para combatir los desahucios en España

Marinaleda
Image caption En Marinaleda el ayuntamiento ayuda a sus residentes a construirse sus propias casas

El estallido de la burbuja inmobiliaria en España provocó que muchas propiedades cambiasen de manos.

Mientras el gobierno regional de Andalucía afirma que le quitará las casas a los bancos, una pequeña población intenta acabar desde hace tiempo con el mismísimo concepto de hipoteca.

En Marinaleda, España, residentes como David González Molina, de 42 años y padre de tres hijos, se están construyendo su propia casa.

Mientras usa un taladro neumático para ablandar la tierra, David asegura que el proyecto va a tardar "un par de años".

Y cuando su casa esté lista, el total de lo que habrá pagado hasta ese momento es fácil de calcular: nada.

Ladrillos gratis

El ayuntamiento de esta pequeña localidad, situada a aproximadamente una hora de Sevilla, le ha dado a David 190 metros cuadrados de tierra.

Para optar a ellos hay que haber sido residente de Marinaleda durante al menos dos años.

Los ladrillos y el mortero son también un regalo, aunque esta vez del gobierno de Andalucía.

Sólo cuando su casa esté terminada, David comenzará a pagar casi US$20 al mes al gobierno regional, una suma que cubrirá los costos de otros materiales de construcción.

Y como la mayor parte de la gente no sabe cómo se construye una casa, el gobierno local provee de expertos, y emplea a constructores profesionales para ayudarles.

Dueño de la tierra

El polémico alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, es conocido por la ocupación de tierras que pertenecen a los ricos de Andalucía.

El verano pasado lideró a un grupo de personas que se llevaron comida de un supermercado y la distribuyeron entre los que más la necesitaban.

"Creo que es posible que el hogar sea un derecho y no un negocio en Europa", argumenta.

Gordillo habla con desprecio sobre los especuladores, a quienes culpa de que los precios de las propiedades en España, Europa y el mundo, sean "miles de veces mayores que su verdadero valor".

"La composición de la tierra es la misma en Londres que en la costa de España", afirma.

Aunque el experimento es exclusivo de esta parte de la península ibérica, hay un creciente rechazo contra la ley hipotecaria en todo el país.

A fines del año pasado, el gobierno introdujo una serie de medidas entre las que estaban parar los desahucios de las familias más vulnerables.

Y el gobierno de Andalucía, donde hay más de 700.000 viviendas vacías, ha ido más allá.

Una ley impulsada por el gobierno andaluz, de coalición entre PSOE (Partido Socialista Obrero Español) e Izquierda Unida, permite al gobierno regional hacerse temporalmente con una propiedad que pertenezca a un banco, si dicha propiedad está a punto de ser retomada por el banco porque el propietario no puede pagar la hipoteca.

Y con un desempleo record del 37%, son muchos en Andalucía los que ya han sido desahuciados.

Devolución a los bancos

La secretaria general de vivienda en Andalucía, Amanda Meyer, afirma que miles de familias fueron "engañadas" para meterse en hipotecas que no pueden pagar, y su situación es ahora "horrorosa".

Image caption Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, es conocido por ocupar tierras de los ricos de Andalucía.

Haciendo referencia al rescate de los bancos en España, acordado con los países de la eurozona el año pasado, Meyer cree que las entidades financieras han recibido miles de millones de euros de dinero público y no han dado nada a cambio.

Meyer rechaza la idea de que la ley de su gobierno vaya a causar confusión en el mercado de propiedades, asegurando que su gobierno pagará una cantidad a los bancos por aquellas viviendas expropiadas.

"Crearemos un mercado de alquiler justo, con la transparencia adecuada y liquidez para asegurar que todo el mundo tiene acceso a una vivienda", asegura.

Aunque no todo el mundo está de acuerdo. Javier Díaz Jiménez es un experto en banca y economista en la escuela IESE.

"Esto es un costo extra y una preocupación", asegura. "Hay mucha gente en España que está haciendo muchos sacrificios para pagar", añade. Para él, la nueva ley andaluza es "loca y peligrosa".

El profesor Díaz Jiménez argumenta que, si se quitan a los bancos un número significativo de viviendas por aquellos que no pueden pagar, esto podría crear un incentivo para que gente que lo puede hacer deje de pagar la hipoteca.

Los últimos datos sugieren que un 10% de los préstamos en el sistema bancario español se han vuelto "malos" porque los prestatarios no pudieron hacer frente al crédito.

Si ese número se incrementase de forma sustancial, Díaz Jiménez cree que la situación de volvería "inmanejable", lo que llevaría a España a "un gran problema".

Coste social

Image caption Cerca de la mitad de los habitantes de Marinaleda trabaja para la cooperativa de la ciudad.

Aun así, estos argumentos son rechazados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un movimiento con un enorme apoyo social que continúa parando desahucios.

Los casos recientes en los que ha habido suicidios de gente que iba a ser desahuciada han provocado más protestas incluso desde amplios sectores de la sociedad española.

El 27 de mayo el diario El País publicó una carta de Samuel Carrillo, de 19 años, residente en Andalucía.

Su padre se suicidó tras no poder hacer frente a una deuda de US$211.000.

"Quiero saber que su muerte no fue en vano", escribió Samuel.

Algunos en España describen la nueva ley andaluza como populista, mientras otros dicen que es simplemente popular, dado el creciente costo social de la crisis en el país.

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