"Abuelitos incómodos" de Nicaragua doblegaron a Daniel Ortega

  • 5 agosto 2013
Protestas por la pensión reducida en Nicaragua
Image caption Después de seis años de protestas, los "abuelitos" empezaron a cobrar su pensión reducida.

Necesitaron casi seis años de movilizaciones, pero los adultos mayores nicaragüenses que en septiembre de 2007 empezaron a pelear por el derecho a una pensión reducida por fin están empezando a cosechar los frutos de su larga batalla.

A partir de este lunes, unos 10.951 ancianos que no alcanzaron a cotizar el mínimo de 750 semanas requeridas para tener derecho a una jubilación completa en Nicaragua, comenzaron a recibir una pensión mensual que oscilará entre los US$50 y los US$110, aproximadamente, en dependencia del número de semanas cotizadas.

Y según Porfirio García, el presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor – la agrupación de "abuelitos" que obligó al gobierno nicaragüense a reconsiderar su posición ante este reclamo de años – el número final de beneficiarios seguramente será más elevado.

"Nos sentimos muy satisfechos porque siempre tuvimos la seguridad de que la pensión era un derecho que se nos estaba negando y ahora los adultos mayores vamos a tener acceso a muchos beneficios que hasta este día no los teníamos", le dijo García a BBC Mundo.

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"Y hay más, bastante miles más (de potenciales beneficiarios). Lo que pasa es que estamos haciendo una revisión profunda de todos los afiliados que estamos proponiendo para la pensión reducida y ese proceso va a tardar unos dos meses. Y la pensión reducida no la van a recibir solamente los asociados a nuestra asociación, sino todos los adultos que tienen más de 60 años y más de 200 semanas cotizadas", explicó el líder gremial de 72 años.

Según analistas, la inclusión de este nuevo universo de beneficiarios entre los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), le pondrá todavía más presión a sus tensionadas finanzas.

Pero el nivel de apoyo que habían logrado movilizar los "abuelitos", hizo imposible que el gobierno del presidente Daniel Ortega pudiera seguir desentendiéndose del reclamo.

Protesta exitosa

Image caption La violencia en contra de los protestantes generó una ola de solidaridad en favor de los ancianos.

Efectivamente, la de los adultos mayores que reclamaban por su pensión reducida es, sin duda, la movilización social más exitosa que se ha producido en Nicaragua en muchos años.

La dignidad y persistencia de los ancianos, que empezaron a salir pacíficamente a las calles en septiembre de 2007, eventualmente terminó por capturar la imaginación de numerosos jóvenes nicaragüenses, que también se identificaron con la justicia de su reclamo.

Y el apoyo juvenil, organizado a través de las redes sociales, se hizo especialmente evidente en junio pasado, cuando los "viejitos" empezaron a intentar acciones más espectaculares, como la toma de la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, ubicada en Managua.

Como primera reacción a la protesta, las autoridades procedieron a aislar a los ancianos y también permitieron ataques en contra de los jóvenes que los estaban apoyando.

Pero esto terminó generando una ola de indignación y solidaridad tal que el gobierno de Ortega se vio obligado a cambiar de estrategia, para ponerse del lado de unos ancianos que, de hecho, reclamaban un derecho originalmente reconocido durante la primera administración sandinista (1979-1990).

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Así, el anuncio de la aprobación de la pensión reducida lo hizo personalmente el propio Ortega durante el acto conmemorativo del 34 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio pasado, presentándolo como otro triunfo revolucionario frente a las políticas "neoliberales".

Aunque Porfirio García prefiere no hablar de ganadores ni de perdedores en relación con el histórico reclamo.

"Es una victoria de todas las personas que se dispusieron a luchar por este derecho, no es una victoria particular de nadie", le dijo a BBC Mundo.

"Y aquí solo hay ganadores, pues hasta quienes hicieron muchos intentos de dividirnos, de crearnos problemas, de hacernos acusaciones falsas, ahora que hemos conseguido la pensión reducida muchos de ellos van a ir a cobrar, también van a recibir la pensión igual a los que siempre estuvieron en la lucha", aseguró.

Reforma a la vista

Image caption El anuncio de la aprobación de la pensión reducida lo hizo el presidente Ortega en julio pasado.

Lo que todavía no está claro, sin embargo, es el impacto de la pensión reducida sobre las finanzas del sistema de seguridad social nicaragüense, ni los mecanismos que este empleará para cubrir sus nuevas obligaciones.

Según cálculos oficiales, el gobierno de Nicaragua destinará unos US$725.058 dólares mensuales al pago de la pensión reducida de los primeros 10.951 beneficiarios.

Y aunque García se dice convencido de que la cifra final no llegará a las 54.872 personas estimadas en su momento por el INSS para afirmar que la pensión reducida era impagable, nadie duda que el monto final terminará siendo más alto.

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La nueva realidad seguramente también terminará acelerando la tantas veces anunciada reforma del sistema de pensiones nicaragüense, hasta el punto que se espera que el tema sea uno de los puntos clave en las próximas negociaciones entre el gobierno nicaragüense y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y queda por verse si las medidas a tomar – entre las que teóricamente podría figurar el aumento de la edad de jubilación, del número de semanas a cotizar para una pensión plena, o el monto de la contribución de empleadores y empleados – no terminarán generando nuevas protestas y reclamos.

Para García, sin embargo, esto no es un problema de los ancianos.

"Nosotros no nos preocupamos de donde sale la plata, no nos hemos preocupado. Nuestra gran preocupación es que nos afiliamos al seguro social, cotizamos al seguro social, y ahora existe ya una ley de pensión reducida que tiene que aplicarse", le dijo a BBC Mundo.

"Nosotros no somos los administradores, esto es algo que el seguro social debería tener resuelto desde hace muchos años. Para nosotros la plata la tiene el INSS porque para esa institución cotizamos. Y no somos funcionarios del INSS o del estado para estar diciendo de donde tiene que salir esa plata, ese es su problema" aseguró.

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