Venezuela abandona la Corte Interamericana ¿cambia algo?

  • 11 septiembre 2013
Corte Interamericana
Image caption La Corte, con sede en Costa Rica, fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dicen los expertos en Derechos Humanos que todos los gobiernos están encantados con los tribunales internacionales que los protegen hasta que les toca ser condenados.

Cuando fue el turno de Hugo Chávez, sucedió exactamente eso. Tras años de ignorar sus sentencias, acusarla de ser "un brazo del imperio" (por EE.UU.) y tacharla de "cero a la izquierda", el fallecido mandatario terminó por ordenar la salida de Venezuela de su jurisdicción.

"La acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de 'Derechos Humanos', apoyando el terrorismo", dijo Chávez en septiembre del año pasado.

Y en medio de las críticas de ONG y organismos defensores de los Derechos Humanos, el lunes, su sucesor, Nicolás Maduro, vino a ratificarlo: "Nadie se mete con Venezuela, ya basta, se le acabó el tiempo a la Corte-IDH", dijo.

Así pues, cumplido el preceptivo plazo de un año desde que denunció el tratado que la creó, Venezuela se une a Estados Unidos en los países de la OEA que están fuera de la jurisdicción de la Corte-IDH.

Para lo que suceda a partir de ahora, las víctimas de violaciones a los DD.HH., en el ámbito internacional tienen el sistema de protección de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana (CIDH), inherente a su pertenencia a la OEA.

Ahora bien, Venezuela ya venía ignorando las resoluciones de la CIDH y las sentencias de la Corte-IDH. Con la salida, ¿cambia algo? BBC Mundo le presenta algunos ejemplos que pueden hacer pensar que tal vez.

El ejemplo Fujimori

Image caption El expresidente Fujimori fue finalmente enjuiciado en Perú tras el trabajo de la Corte Interamericana.

"La lucha por los Derechos Humanos no es necesariamente de corto plazo", le dice a BBC Mundo Carlos Ayala, abogado excomisionado de la CIDH, al poner como ejemplo el caso de las víctimas del peruano Alberto Fujimori.

Ayala comenta que aunque las resoluciones del Sistema Interamericano no se cumplan por parte del Estado, "empoderan a las víctimas en la lucha por la Justicia".

Para ilustrarlo, recuerda las condenas dictadas por la Corte-IDH en los casos de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, que fueron secuestrados y obligados a cavar su propia tumba antes de ser ejecutados por orden llegada del gobierno.

También puso el ejemplo de la familia del Caso Barrios Altos. "Por un 'errorcito' de inteligencia, entraron unos comandos y ejecutaron a niños y mujeres, por equivocación", relata.

"Esos dos casos, sentenciados por la Corte-IDH y que uno pudo pensar que habían quedado en nada, sirvieron para que Fujimori fuera extraditado de Chile a Perú", explica Ayala.

Ayala sirvió como testigo internacional en Lima de la condena que recayó sobre Fujimori por la ejecución arbitraria de esas víctimas.

Sin amnistías

La Corte Interamericana también ha convertido en un auténtico bumerán a las leyes de amnistía que se han dado en la región para tratar de enterrar las violaciones de los Derechos Humanos como torturas, ejecuciones sumarias o desapariciones forzosas.

Así pasó en Centroamérica, por ejemplo en El Salvador, donde este mismo año una sentencia de la Corte-IDH exigía que no se volviera a poner como excusa para dejar de investigar violaciones de los Derechos Humanos de los años 80.

También en el Cono Sur, en Argentina, donde durante los gobiernos militares numerosas víctimas obtenían decisiones que no podían hacer cumplir, pero que al final acabaron en condenas.

"Además está la numerosa jurisprudencia en defensa de los indígenas para mostrar que la Corte Interamericana lleva una labor que le dice algo a los pueblos y no sólo a las elites", comenta Ayala.

El "Caracazo"

Cuando se le cuestiona a un venezolano por el caso paradigmático de actuación de la Corte-IDH en Venezuela, responde casi sin dudar que el del "Caracazo".

Las protestas y fuertes disturbios que asolaron la capital y otras ciudades fueron respondidas por una ola de represión por parte de las autoridades en febrero de 1989, con un balance oficial de 300 muertos y más de mil heridos.

La Corte Interamericana condenó al Estado venezolano por su actuación. Cuando llegó el momento de cumplirla, Venezuela mostró su mejor disposición.

Asdrúbal Aguiar, exmagistrado de la Corte-IDH, le contó a BBC Mundo que cuando llegó la sentencia, él era ministro y Chávez presidente electo. Lo visitó para anunciarle que procedería a aplicar las indemnizaciones.

"Chávez me dijo: 'Ministro, cumpla con eso como corresponde'", recuerda Aguiar, para quien Venezuela siempre tuvo mucho prestigio en el Sistema Interamericano hasta que a Chávez dejaron de llegarle casos del régimen anterior y empezaron a ser condenas a su gobierno.

En el "Caracazo", aunque se ha cumplido con las indemnizaciones, desde un punto de vista penal, los autores intelectuales y materiales de los hechos de represión indiscriminada continúan impunes.

De esa circunstancia se queja la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic, ONG de defensa de los DD.HH. que agrupa a familiares y víctimas del Caracazo.

"No hay ningún fallo condenatorio de tribunales venezolanos de los hechos. Tampoco se han entregado los restos mortales encontrados en las fosas clandestinas, un gesto humanitario que es petición recurrente de los familiares", le dijo Ortega a BBC Mundo.

Así, el "Caracazo" es el paradigma de lo mucho que puede hacer la Corte, pues sin su intervención hubiera quedado en total impunidad, y al mismo tiempo de cómo tiene las manos atadas cuando un país decide mirar para otro lado.

Y la Comisión sola

Al igual que pasa en el caso de Estados Unidos y algunas islas del Caribe, Venezuela pasa ahora estar bajo la tutela de la Comisión, que funciona como una especie de fiscalía, pero no de lo que viene a ser el tribunal.

La CIDH elabora informes y podrá emitir decisiones y medidas cautelares, que aunque no tienen la fuerza de una sentencia de la Corte-IDH también deberían ser cumplidas de buena fe, pues a eso se comprometieron los Estados al incorporarse a la OEA.

Según Asdrúbal Aguiar, lo que le queda a la CIDH es notificar de los incumplimientos a la Asamblea General de la OEA. “En cada oportunidad en que se reúna, la Comisión recordará que tal Estado, no ha cumplido”, explica.

“En la práctica, puede suceder que al pedir financiamiento a entes como Banco Mundial o apoyo a la Unión Europea, digan, si son serios, que no les otorgan nada por estar en mora con el cumplimiento de los DD.HH.”, agrega Aguiar.

"La propia Corte-IDH ha dicho que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para no frustrar las recomendaciones de la Comisión", comenta Carlos Ayala.

Ayala explicó que incluso cuando argentina no había ratificado la Convención Americana de DD.HH., las dos visitas de la Comisión en los años 70 y los informes elaborados “fueron fundamentales en la búsqueda de la Justicia en el proceso de la Junta Militar”.

“Cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, uno de los elementos que constaban en el expediente eran los informes de la Comisión sobre las violaciones de los derechos fundamentales en Chile”, recordó.

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