R. Dominicana: la sentencia que abre la puerta a miles de apátridas

Protesta de dominicanos de origen haitiano Derechos de autor de la imagen AP

"Mi papá vino con contrato de trabajo, le dieron una finca en la cual yo nací. Tengo todos mis documentos de estudio, mi acta de nacimiento... pero a la hora de ir por la cédula me han dicho que no me la pueden entregar porque soy hijo de inmigrantes haitianos".

Con acento dominicano, Wendy Benoit Yan, un joven de 22 años nacido en Bayaguana, provincia de Monte Plata, República Dominicana, describe así, en declaraciones a BBC Mundo, una situación que comparte con decenas de miles de compatriotas que podrían verse afectados por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven de manera irregular en el país.

Para algunos, el fallo es racista y abre la puerta a que miles de personas como Benoit se queden en un limbo legal, mientras que para otros es el paso definitivo para concretar las leyes y regular a los ciudadanos en esa situación.

La sentencia que emitió el Constitucional a finales de septiembre responde a una demanda interpuesta por Juliana Deguis, una dominicana de padres haitianos de 29 años después de que la Junta Electoral le negara una cédula de identidad. Y esa decisión fue apoyada por el alto tribunal que considera que la mujer no demostró "que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana al momento de su nacimiento".

Por ello, dice, no le corresponde la nacionalidad dominicana sino haitiana: "Cuando los extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular, violando las leyes nacionales, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho", indica la resolución.

¿Vacío legal o puerta hacia la legalización?

Juliana Deguis ya ha anunciado que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero la polémica generada por el caso ya ha sobrepasado las fronteras nacionales.

Esta semana, la oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación por una sentencia "que podría retirar a decenas de miles de personas la nacionalidad dominicana y dejarlas sin servicios esenciales" e instó al gobierno dominicano a adoptar las medidas necesarias que les garanticen "su derecho a la ciudadanía".

Una opinión que comparte con las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes haitianos como la Mesa Nacional Para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird) para quien la resolución del Constitucional es "política y llena de odio y resentimiento xenofóbico" y actitudes racistas, según le dijo su coordinador, William Charpantier a BBC Mundo.

A juicio de Charpantier, la decisión viola la Constitución dominicana y los pactos internacionales que el país firmó y deja a decenas de miles de personas "prácticamente apátridas" porque Haití tampoco los reconoce como ciudadanos de ese país si no se inscriben en la embajada en los dos primeros años de vida.

Por el momento, el gobierno de Danilo Medina no ha querido emitir ninguna declaración al respecto. Consultada por BBC Mundo, una portavoz de la Cancillería dijo que el gobierno dominicano "no quiere interferir" en una decisión tomada por un poder diferente al ejecutivo.

Por su parte, el gobierno de Haití expresó su malestar por el fallo, convocó al embajador dominicano en Puerto Príncipe y llamó a consultas a su embajador en República Dominicana para analizar la decisión, que ha sido definida por políticos haitianos de oposición incluso como un "crimen contra la humanidad".

Quien sí que se ha pronunciado al respecto en República Dominicana ha sido el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, quien declaró al diario local El Día que la sentencia "esclarece y define el camino legal que permite buscar una salida humanitaria a la situación de las personas que han sido declaradas de manera irregular en el Registro del Estado Civil".

Lista de inmigrantes

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Image caption Se cree que unos 200.000 dominicanos de origen haitiano podrían verse afectados por la resolución.

En su resolución, el TC afirma que los "extranjeros en tránsito", como denomina a los inmigrantes que no pueden demostrar su estancia legal en el país, tienen la posibilidad de modificar su situación migratoria obteniendo un permiso legal de residencia, lo que a su vez facilitaría la adquisición de la nacionalidad por parte de sus hijos.

Además, el Constitucional insta a la Junta Central Electoral a hacer una "auditoría minuciosa" de los registros de nacimientos desde 1929 hasta la actualidad para identificar a "los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos".

Pese a que por el momento no se conocen los detalles sobre cómo se llevará a cabo la medida, el director de Migración, José Ricardo Taveras, dijo en un comunicado que una vez creado el inventario de descendientes de inmigrantes indocumentados "no deben pasar de dos años" para que estos se legalicen.

Sin embargo, el coordinador de Menamird cree que esto es un pretexto por el que se investigará a "todo el que tiene apellido haitiano". "En República Dominicana la discriminación es contra todo lo que huele haitiano y todo lo que huele negro. Tenemos una situación bastante difícil. A otros inmigrantes se les da papeles", lamenta.

Organizaciones como la de Charpantier advierten de la situación de incertidumbre de los afectados que en la mayoría de los casos no habla criollo haitiano ni ha ido nunca a Haití.

Ese es el caso de Wendy Benoit Yan que, aunque dice entender algo del idioma de sus padres porque se crió en un batey -como se denominan a las comunidades de trabajadores que se formaron alrededor de los ingenios azucareros- no domina la lengua ni ha pisado nunca Haití.

El joven que trabaja en el sector informal como conductor de mototaxis asegura sentirse desconfiado y con miedo de que en algún momento le pare la policía y le pida los papeles que no tiene. Además, dice que esa situación le impide conseguir un trabajo mejor.

"Terminé la secundaria y aunque algunos amigos podían conseguirme trabajo, no tenía cédula. Podía estar yo trabajando en un hotel, estudiar, pero lamentablemente, habiéndome denegado la cédula no puedo seguir".

"Si llegaran a expulsarme, debería adaptarme a eso por obligación. Me vería en la obligación de adaptarme a otro país. Pero no espero eso porque yo me siento, soy y seré siempre dominicano", concluye.

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