Paz y Paz, una fiscal tras los pasos de exmilitares y narcos en Guatemala

Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala

Claudia Paz y Paz estaba en la cama cuando se anunció el premio Nobel de la Paz de 2013, hace unas semanas: "En Guatemala eran como las tres de la mañana, yo dormía desde hacía rato".

Probablemente lo mismo hacía la mayoría de sus compatriotas, incluso el resto de los latinoamericanos. La diferencia es que ella figuraba en la lista de cinco candidatos fuertes que, según los rumores, podían quedarse con el galardón (finalmente fue para la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas).

"No estaba nerviosa... Claro que era un honor, pero lo era ya estar en la lista", acota la mujer.

Paz y Paz sabe de títulos y distinciones: el más notorio, el que le ha permitido aspirar a todos los demás, es el de primera mujer nombrada fiscal general de su país.

Lo ostenta desde 2010 y, según distintas estadísticas, su gestión ("de todo el equipo", insistirá ella) ha permitido avances que se consideran hitos en la lucha contra la criminalidad en Guatemala: en tres años se capturó a cinco de los 10 delincuentes de la lista de los más buscados. Y a más narcotraficantes en seis meses que en los 10 años previos. Se condenó a militares con la pena más alta jamás decidida por un tribunal en la historia y se juzgó por primera vez a un ex jefe de estado bajo cargos de genocidio en su propio país.

Por eso la nominación al Nobel. O la mención en la revista Forbes como una de las cinco mujeres más poderosas del mundo dedicada a cambiar la política.

"Hay que entenderlo como lo que es: no un reconocimiento al trabajo de Claudia Paz y Paz como persona sino reconocimientos a una idea, a un equipo. Siempre decimos que no vemos estatuas y monumentos a jueces por ahí, mucho menos a fiscales", dice y se ríe con ganas. "Son instituciones que tienen que trabajar mucho para ganarse su lugar frente la ciudadanía."

BBC Mundo entrevistó a Claudia Paz y Paz en Londres, donde se encuentra para participar en la temporada "100 mujeres: la mitad del mundo toma la palabra", en la que la BBC explora los aportes y los retos de las mujeres en el mundo hoy.

Justicia en femenino

Cuando el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, asumió el poder en 2012, muchos pusieron en dudas la continuidad de la fiscal general: Paz y Paz había sido designada durante el gobierno socialdemócrata de Álvaro Colom y no parecía probable que su sucesor, un exmilitar de tendencia derechista, fuera a dejarla en su puesto, después de que la fiscal se había convertido en una voz contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por militares en décadas anteriores.

Pero ocurrió: la mujer, 46 años, voz suave, pelo crespo, siguió en el puesto en el que había sido pionera.

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"Como siempre nos pasa a las mujeres, nos toca demostrar que sí somos capaces. Seamos funcionarias o profesoras o campesinas, estamos marcadas por la situación de exclusión que viven las mujeres en Guatemala, en toda América Latina. Y de ahí que hay que hacer muchos esfuerzos para que se te reconozca como funcionaria", le dice a BBC Mundo.

Recuerda sus primeros tiempos: "Me ocurría, sobre todo al principio, que no era la fiscal general sino 'Claudita' o 'm'hijita' o 'aquí la voy a cuidar, muchachita'. Eso fue difícil".

Poco tardaron en llegar los juicios con alto grado de exposición pública: así es como Paz y Paz, también jefa del Ministerio Público guatemalteco, ha visto transcurrir sus últimos años de carrera.

Casos como el proceso por la matanza de Dos Erres, en la que más de 200 campesinos murieron a manos del ejército en 1982. O como el juicio al expresidente José Efraín Ríos Montt, que llegó al poder mediante un golpe militar en 1982 y lideró el país por poco más de un año, pero en el que se considera el período más sangriento de una guerra civil de 36 años de duración.

Vea: La masacre que arrasó un pueblo en Guatemala

Histórico

"El caso de Ríos Montt era una apuesta muy grande, tenía que ser un caso muy sólido y todos lo teníamos claro desde el principio", señala la mujer, que tenía 16 años cuando el entonces militar llegó al poder.

Image caption El juicio a Ríos Montt fue seguido en lengua ixil por miembros de las comunidades indígenas, familiares de las víctimas de las matanzas.

Más de 100 testigos, 40 peritos, traducción simultánea a una lengua maya: así fue el primer juicio por genocidio contra un exjefe de estado ante un tribunal nacional, que en 2013 sentó en el banquillo al antiguo hombre fuerte de Guatemala y, a sus 86 años, lo escuchó sostener su inocencia hasta el último día del proceso.

La justicia, en cambio, lo encontró culpable de la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles, a manos del ejército. Aunque luego el exmilitar sólo pasó un día privado de su libertad de su condena de 80 años: el fallo fue anulado por la Corte Constitucional de Guatemala.

"Eso fue una pena, pero el mero hecho del juicio y la sentencia ha fortalecido la posición de las víctimas, que por fin pudieron ser escuchadas ante un tribunal y pudieron narrar los horrores que sufrieron frente al perpetrador, en una situación de igualdad que sólo la justicia puede proveer", reflexiona Paz y Paz.

Lea también: El laberinto legal del proceso a Ríos Montt

Contra el crimen

La vida en Guatemala, sin embargo, le ha impuesto a Paz y Paz otras batallas, además de la reivindicación de los derechos humanos frente a abusos del pasado.

La nación centroamericana comparte con sus vecinos El Salvador y Honduras el poco halagüeño ranking de diez países con mayor índice de muertes violentas en el mundo: Guatemala está séptimo, en una lista en la que también figuran otros dos latinoamericanos, Venezuela y Colombia.

Al país la violencia le ha generado un costo de casi 8% de su Producto Interno Bruto (US$6.730 millones en 2012, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala). Pero una mirada a las estadísticas recientes ha traído optimismo a los encargados de las políticas contra el delito: los asesinatos cayeron por tres años consecutivos -los mismos que lleva Paz y Paz en el cargo- y de 2010 a 2012 se logró una reducción de las muertes violentas de un pico de 46 casos cada 100.000 habitantes en 2009 a 35 casos en 2012.

En otras palabras, 2012 fue el año menos violento para Guatemala desde 2004. Aunque todavía se registra un crimen cada 100 minutos.

Los índices de esclarecimiento también mejoraron dramáticamente: antes se resolvían 5% de todos los delitos contra la vida en ciudad de Guatemala; ahora es 30%.

"Cuando tienes un 5% de casos esclarecidos, la ciudadanía cae en una gran desesperanza, un alejamiento del sistema de justicia… piensan 'para qué me voy a esforzar, me voy poner en peligro de ir a denunciar, si igual no se va a hacer justicia'. Aunque claro que cinco por ciento no es óptimo, cuando en países como Inglaterra o España se resuelve de 85 a 90% de los casos", reconoce la fiscal.

El combate contra el pandillerismo y el foco en la tipificación de la violencia doméstica como un delito han sido algunas de sus cartas para que las estadísticas le sonrían.

También lo adjudica a las mejoras tecnológicas: en los análisis de ADN en laboratorios locales, en métodos de correlación balística que permiten determinar en qué otras escenas del crimen se utilizó un arma, por ejemplo.

Problema regional

Sin embargo, parte de las cuentas pendientes las impone la situación geográfica y el pasado político de Guatemala: le afecta el narcotráfico de México, el exilio de pandilleros salvadoreños, las organizaciones delictivas residuales que son, en realidad, grupos clandestinos de la época de la guerra civil que ahora tienen objetivos criminales.

"Muchas de las muertes violentas son consecuencia del narcotráfico y el enfoque tiene necesariamente que ser regional. Si no lo que ocurre es que la lucha contra el narco en un solo país desplaza la criminalidad a los países vecinos, (los narcotraficantes) se atrincheran allí pero en cualquier momento vuelven", reconoce Paz y Paz.

Image caption Este año, Paz y Paz (aquí junto al ministro del Interior, Mauricio López) se anotó el arresto del buscado narcotraficante Eduardo Villatoro.

Muchos critican, por eso, el énfasis que la fiscal pone en los crímenes del pasado: la ven como vocera de grupos de izquierda, de las víctimas de una etapa histórica superada. Le reclaman que la prevención, en vez de la persecución de los delincuentes, no sea una línea de trabajo más fuerte.

"Cuando se conoce la situación delictiva en Guatemala, no se puede dejar de sentir empatía con las víctimas, y es entonces cuando se hace todo esto en pos de sus derechos", se defiende la abogada.

Dice que, si no fuera fiscal, de todos modos seguiría siendo profesora de derecho, una vocación que compartió con su padre y con su abuelo. "Y seguro seguiría siendo defensora de los derechos humanos".

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