Argentinos buscan controlar la inflación a través del activismo

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Image caption Más de 30.000 personas se sumaron a un boicot contra los supermercados por la inflación.

Como ya lo hiciera hace un año, el gobierno argentino volvió a recurrir a un congelamiento de precios como estrategia para combatir la inflación, que según las desprestigiadas cifras oficiales alcanzó en 2013 el 10,9%, pero de acuerdo a la mayoría de las mediciones llegó en realidad a 28,3%, y estaría en aumento este año, luego de que el peso argentino sufriera su peor devaluación en una década.

"Precios Cuidados", es el nombre del programa que el gobierno lanzó en enero con la intención de frenar la escalada de precios, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner atribuye a la avaricia de empresarios y grandes cadenas de supermercados.

El programa, que fue acordado con la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), incluye cerca de 80 productos que pueden conseguirse en todo el país a un precio preestablecido y fijo.

En 2013 las autoridades habían tomado una medida similar cuando ordenaron a los supermercados que congelaran sus precios entre febrero y abril de ese año, la primera vez en más de dos décadas que el país aplicaba este tipo de iniciativa.

No obstante, ya antes de ese anuncio la propia presidenta Fernández admitía que los acuerdos de precios tienen un efecto limitado.

"Está demostrado por el paso de la historia que obligar, acordar, esas cosas no sirven, es el propio usuario y consumidor el que tiene que hacer valer sus derechos", dijo en ese momento la mandataria.

Para el gobierno, es limitado lo que el Estado puede hacer para combatir la inflación. En su visión, son los ciudadanos quienes deben oponerse a comprar productos que suben de precio.

Activismo contra la inflación

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Image caption El app Precios OK, creado por dos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue un éxito.

Con intención de "empoderar" a la ciudadanía en su lucha contra la especulación de precios, el gobierno habilitó una serie de medios para que los consumidores denuncien a los comercios que no respeten el congelamiento pactado.

Para mostrar su apoyo a este activismo, la mandataria incluso llamó personalmente a una mujer que había denunciado a través de una línea telefónica gratuita a una de las grandes cadenas de supermercados que presuntamente no contaba entre su oferta con todos los productos incluidos en el programa "Precios Cuidados".

Además de incentivar la participación ciudadana, la presidenta también impulsó el plan "Mirar para cuidar" que reclutó a los militantes más jóvenes del kirchnerismo -los integrantes de la cada vez más influyente agrupación La Cámpora- para vigilar que los comercios estén cumpliendo con el acuerdo.

Muchos argentinos se hicieron eco de los pedidos de la jefa de Estado de estar más atentos ante posibles aumentos no autorizados.

Dos aplicaciones gratuitas para teléfonos celulares que sirven para constatar que un producto cumple con el precio pactado fueron un éxito en la tienda virtual de Google, que registró cerca de 100.000 descargas.

"Apagón de consumo"

Este viernes se realizó en todo el país una campaña coordinada a través de las redes sociales para que los argentinos no compren en supermercados en señal de protesta contra los aumentos de precio.

El boicot también incluyó a las estaciones de servicio, luego de que las petroleras aumentaran esta semana un 6% el costo del combustible, tras un acuerdo con el gobierno.

Más de 30.000 personas se unieron a la iniciativa –apodada "Apagón de consumo"- en la red social Facebook.

"Las grandes cadenas especulan con los precios, y también especulan y apuestan a la cultura de la velocidad, inmediatez y distracción de los consumidores y usuarios (…) No te dejes sorprender. Sí al apagón", escribió en el sitio Mónica Distasio.

"Si no nos defendemos nosotros, nadie nos va a defender, hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Para cuidar nuestros bolsillos, desalentando las prácticas especulativas de los empresarios y obligarlos a que no suban los precios. Va más allá de apoyar a este o al otro partido político, es defender el país", coincidió Ignacio Macarrein.

En cambio otros advirtieron que la medida es desacertada.

"La inflación no es culpa de los comerciantes, es culpa de un gobierno que imprime cada vez más billetes porque no sabe cómo solventar sus gastos, y eso baja el valor real del peso. No consumir por un día no sirve de nada. Alimentos y combustibles necesitamos igual, y si el gobierno sigue emitiendo billetes a lo loco, el peso se va a seguir desvalorizando. No distraigan la atención de lo verdaderamente importante por favor", pidió Ezequiel Del Bianco.

Por su parte, Pedro Enrique Beltrán aseguró que "esto es lo que quiere el gobierno, que nos peleemos entre nosotros mientras ellos son los pobre de mí, las víctimas".

Devaluación

En enero, el peso argentino sufrió su devaluación más grande en una década, perdiendo cerca del 20% de su valor frente al dólar.

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Image caption Organizaciones kirchneristas lanzaron una campaña de afiches culpando a empresarios por la inflación.

Esa caída repercutió automáticamente en los precios de muchos productos y servicios, que aumentaron.

A pesar de que el gobierno mantiene desde 2011 una restricción sobre muchas importaciones, todavía gran parte de la industria y el comercio depende de materiales importados, cuyo costo está atado al precio del dólar.

Por eso, muchos temen que en febrero se registrará una importante alza de la inflación.

Sin embargo, hay quienes sostienen que la devaluación no justifica el aumento masivo de precios que se viene registrando.

"Hay muchos productos que nos son importados ni tienen elementos importados y no tienen por qué subir de precio. Los alimentos que se producen acá en Argentina no tienen por qué aumentar", opinó al canal C5N Rubén Manusovich, presidente de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina (Fedecámaras), que agrupa a pequeños y medianos comerciantes.

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