La violencia vuelve a asomar su cara en las elecciones colombianas

  • 24 febrero 2014
Protesta de grupos protectores de los animales de cara a alas elecciones colombianas de 2014 Derechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption La proximidad de las elecciones parece haber aumentado las amenazas en contra de políticos colombianos.

Catorce disparos este domingo en contra de la caravana en la que se desplazaba Aída Avella, la candidata presidencial de la izquierda Unión Patriótica, hicieron que en Colombia se volvieran a encender todas las alarmas.

Y es que la UP no es partido cualquiera: prácticamente exterminado a principio de la década de los 90 por causa del asesinato de sus principales líderes y miles de sus simpatizantes, a manos de sicarios financiados por grupos de extrema derecha, su regreso a la arena política en julio del año pasado había sido celebrado por muchos como el inicio de una nueva época en la política colombiana.

"Un indicador innegable (de cómo han mejorado las condiciones para hacer política en Colombia) es la presencia en este proceso, después de 20 años, de la UP", le había dicho incluso a BBC Mundo el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, al ser preguntado sobre la situación de seguridad de los candidatos de la izquierda colombiana.

Y durante la conversación, celebrada hace algunas semanas, el ministro se mostró confiando en las garantías brindadas, a pesar de que unos cuantos días antes se habían hecho públicas varias amenazas en contra de varios de esos candidatos.

"Que (Iván) Cepeda recuerde el ajusticiamiento de su padre terrorista, al seguir sus pasos está condenado", decía por ejemplo una de las notificaciones –firmada por unas tales Águilas Negras– en referencia al diputado del izquierdista Polo Democrático y actual candidato al Senado, quien en 1994 perdió a su padre, en ese entonces diputado de la UP.

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Image caption La Unión Patriótica fue practicamente exterminada por la acción de grupos paramilitares.

"Que se vaya al exilio con la puta de la Aida Avella, sino que recuerde que si fallamos una vez no fallamos dos veces", continuaba la misiva, en referencia a la candidata, de regreso en el país después del atentado que la forzó a un exilio de 17 años.

Y hasta el alcalde de Bogotá, un exguerrillero que lleva meses peleando por mantenerse en el cargo, figuraba en la lista de amenazados: "La cabeza de (Gustavo) Petro rodará y con ella jugaremos fútbol", advertía el tenebroso comunicado.

Los nombres tampoco se agotaban ahí. Y un segundo panfleto –firmado por unos supuestos "comandos urbanos" de Los Rastrojos, una de las principales bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico en Colombia– ampliaba aún más el número de los potenciales blancos: Piedad Córdoba, Carlos Lozano, Jaime Caycedo y otros líderes de la UP, del movimiento Marcha Patriótica y otros vinculados al paro agrario del año pasado.

Suficiente como para preguntarse: ¿qué tan graves son los riesgos para los candidatos y simpatizantes de la izquierda colombiana?

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Las respuesta oficial

De hecho, amenazas como las mencionadas arriba no son nuevas en Colombia: "Desde que estoy en el Congreso, hace poco más de tres años, cada semana o cada quince días he recibido una amenaza", le dijo, por ejemplo, el diputado Cepeda a BBC Mundo.

Pero en el caso de los panfletos fue el propio presidente Juan Manuel Santos el primero en salirles al paso.

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Image caption El presidente Juan Manuel Santos ordenó investigar a fondo las amenazas.

"Le he pedido al general (Rodolfo) Palomino –el director de Policía Nacional- que investigue este asunto hasta el fondo", anunció en su momento Santos. "Que protejan a esas personas que están siendo supuestamente amenazadas", ordenó el mandatario.

Y el domingo, luego del ataque en contra de la caravana de Abella en el departamento de Arauca, Santos repitió las instrucciones.

"He dado instrucciones para que se proteja a Aída Abella con todo lo que sea necesario y se investigue qué pasó. Necesito resultados", escribió en su cuenta de Twitter.

El asunto es que con las elecciones a la vuelta de la esquina, y el tema de garantías para el ejercicio de la oposición política en el centro de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, el tema no podría ser más delicado.

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Aunque consultadas en su momento por BBC Mundo, las autoridades no le asignaron mayor credibilidad a los panfletos. Si bien también dejaron claro que no estaban dispuestas a arriesgarse.

"La gran mayoría de esos líderes –15 de los 18 mencionados en los panfletos amenazantes– ya contaban con protección (por parte del gobierno). Sólo faltaban tres y se dio la instrucción para que se les brindaran medidas de protección de manera inmediata”, explicó el ministro Iragorri.

No en balde, al momento del atentado –que no dejó heridos, ni le impidió cumplir con las actividades previamente programadas– Avella se desplazaba con escoltas y en un vehículo blindado proporcionado por el Estado.

"Las elecciones más seguras"

La pregunta ahora, sin embargo, es si las autoridades lograrán identificar a los responsables.

Pero también si seguirán insistiendo que, a pesar de todo, la actual situación de seguridad de los candidatos colombianos es mucho mejor que la observada en elecciones pasadas.

"Obviamente la situación no es perfecta. Todavía estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, como se dice por acá. Hay amenazas", reconoció en su momento el ministro Iragorri.

"Pero si usted le quita ese factor de amenazas a la realidad de las acciones en contra de esas personas, el riesgo es muy inferior al que se presentaba históricamente", le dijo a BBC Mundo, al tiempo que citaba un reciente informe de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) que destaca una ligera disminución (7%) en el número de municipios en riesgo por factores de violencia.

Hace quince días, sin embargo, el funcionario también ofrecía un ejemplo que ya no viene completamente al caso:

"En todas las campañas anteriores para esta época ya habían asesinado candidatos, había atentados contra varios candidatos. Mientras que hasta ahora, y esperamos el tema siga así, no ha habido acciones graves contra la vida de los candidatos", dijo en esa oportunidad.

E incluso entonces, aunque era un ejemplo de avance, también era un ejemplo de los riesgos de la política "a la colombiana".

No sólo la izquierda

Efectivamente, el riesgo de violencia política en Colombia es lo suficientemente real como para que parte importante de la estrategia del gobierno sea la en brindar protección especial a los candidatos más amenazados.

Y según datos de la Unidad Nacional de Protección, creada por el gobierno hace poco más de dos años, eso significa casi el 12% de los 2.441 candidatos inscritos para las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo: 286 de un total de 293 solicitudes presentadas.

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Image caption El expresidente Álvaro Uribe también ha denunciado amenazas en contra de su movimiento.

De esos, 111 corresponden a candidatos y activistas de la izquierdista Unión Patriótica –de lejos el partido al que más protección se le está brindando– y 18 a candidatos del Polo Democrático.

Aunque no hay que creer que el riesgo de violencia es exclusivo de la izquierda colombiana.

De hecho, 67 candidatos del derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, también cuentan con medidas de protección.

Y el movimiento también ha denunciado que las amenazas de las FARC en varios departamentos del país que han dificultado el trabajo de sus candidatos.

"Las FARC adelantan una campaña de proselitismo armado en contra del Centro Democrático. Con crímenes y amenazas de muerte obligaron a candidatos y electores de nuestro movimiento en el departamento de Putumayo a renunciar a la campaña", denunció por ejemplo el colectivo en un comunicado.

Y para Rafal Guarín, un analista vinculado al Centro Democrático, las FARC son actualmente un actor con mucho mayor peso que los antiguos grupos paramilitares que constituían la principal amenaza para los actores de izquierda.

"En el pasado una de las principales amenazas al proceso electoral provenía de los grupos paramilitares. Pero ahora son las FARC las que están organizándose para influenciar el proceso, no sólo con sus recursos políticos sino también con aquellos ligados a la acción violenta, la acción armada", le dijo a BBC Mundo.

De hecho, luego del atentado contra Avella fueron varias las voces que hicieron notar que la zona del departamento de Arauca donde se registró el incidente es una zona con fuerte presencia de esta guerrilla y del ELN. Aunque, en el pasado, las FARC ya también habían condenado públicamente las amenazas en contra de la candidata de la UP.

Estigmatización: ¿el beso de la muerte?

El conflicto armado también es reconocido por el Iván Cepeda como el principal generador de riesgos para el ejercicio de la política en Colombia y el diputado no niega que estos afectan a todo el espectro político colombiano.

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Image caption Según el diputado Iván Cepeda, las amenazas y riesgos son mayores para los políticos de izquierda.

"Mientras se mantenga en el país un conflicto armado, toda situación que implique participación en la vida pública tendrá un nivel de riesgo y peligrosidad. Por eso es que nosotros reclamamos que se intensifique la búsqueda de la paz", le dijo Cepeda a BBC Mundo.

Pero el candidato al Senado está convencido que el riesgo sigue siendo mayor para los actores de izquierda.

"La violencia política es un factor generalizado en Colombia, lamentablemente. Pero en lo que tiene que ver con la izquierda esos hechos se presentan con mayor intensidad y acompañados de otra clase de situaciones que hacen difícil el ejercicio de la política, como estigmatizaciones y descalificaciones", explicó el diputado.

La primera parte de esta apreciación parece estar respaldada por los cálculos del director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien estima que de las 7.400 personas bajo el cuidado de su unidad –una lista que incluye políticos, funcionarios, periodistas, sindicalistas y activistas de derechos humanos, entre otros– más del 70% podrían ser considerados "de izquierda".

Y Cepeda lamenta particularmente la costumbre de denunciar supuestos vínculos con las FARC y agrupaciones de izquierda como Marcha Patriótica o varios de los movimientos sociales que estuvieron detrás del paro agrario del año pasado.

"Ese tipo de palabras lanzadas a la opinión publica de manera irresponsable, pueden ser atendidas por grupos armados de derecha, paramilitares que actúan contra quienes consideran o dicen son miembros de la guerrilla que actúan en la vida civil", dijo Cepeda.

"Para no ir muy lejos el movimiento Marcha Patriótica ha señalado que en menos de dos años de existencia ya van 30 personas de este grupo asesinadas. No hay que intentar trivializar ni minimizar lo que está ocurriendo", pidió el diputado.

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Las denuncias de Marcha

Las denuncias de Marcha Patriótica son particularmente graves porque en algunos casos involucran a actores de las fuerzas de seguridad colombianas y en su momento hicieron temer por la continuidad del movimiento político.

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Image caption El movimiento Marcha Patriótica denunció la muerte violenta de una treintena de sus miembros desde su fundación a la fecha.

Y, además, porque fueron presentadas por las FARC como un ejemplo de la falta de verdaderas garantías para la izquierda colombiana, una de las condiciones para su eventual deposición de las armas.

La postura de las autoridades, sin embargo, es que hay que investigar mejor los casos antes de saltar a conclusiones "apresuradas".

Y según el ministro Iragorri, para ello se procedió a organizar una serie de reuniones entre los representantes de Marcha Patriótica y varias instituciones del estado, incluyendo el Ministerio Público y las propias fuerzas armadas.

"De ahí nació la necesidad de crear una comisión de seguimiento para esclarecer si efectivamente fueron asesinados, si el asesinato correspondió a algún tipo de actividad proselitista, política, o si responde a hechos distintos", le explicó el ministro a BBC Mundo.

Mientras, en opinión de Andrés Villamizar, también es bastante posible que algunos de los asesinatos no estuvieran vinculados a la pertenencia de las víctimas al movimiento como tal, aunque sí a los riesgos que tradicionalmente han amenazado a los activistas de izquierda en este país suramericano.

"Marcha Patriótica se mueve en zonas donde está muy vivo el conflicto armado y está compuesta por organizaciones que históricamente han sufrido altos niveles de victimización y amenaza", dijo el director de la Unidad de Protección.

Aunque, según el funcionario, los ataques en contra de muchas de esas organizaciones, en particular las que trabajan en derechos humanos o están vinculadas a los procesos de restitución de tierras, se han reducido significativamente en los últimos años.

En conversación con BBC Mundo Villamizar insistió además en que "de parte del estado colombiano, incluyendo las fuerzas de seguridad, no hay ninguna intención ni de perseguir, ni de estigmatizar" a Marcha Patriótica. Una observación tiene que ver con el hecho de que en varias ocasiones han sido funcionarios públicos, incluyendo al propio ministro de Defensa, los que han acusado al movimiento de vínculos con las FARC, mientras que varios de sus líderes están siendo procesados por esos supuestos lazos.

"El ministro de defensa ha sido muy claro: se persiguen individuos que presuntamente violen la ley, pero no se persiguen organizaciones", aseguró Villamizar.

Y algo parecido dijo el ministro Iragorri: "No vamos a permitir la estigmatización del grupo como tal pues eso le hace daño a la democracia y nuestros intentos por construir un país en el que alcancemos todos. Así que nuestra posición es rechazar ese tipo de señalamientos y esperar, por el otro lado, que se haga justicia y ver qué dice el debido proceso sobre los casos particulares", afirmó el ministro.

Un asunto de contexto

Mientras, y si bien reconoce que el tema de los posibles vínculos entre Marcha Patriótica y las FARC es especialmente delicado, Rafael Guarín reivindica la necesidad de no ceder ante lo que que él parece considerar un chantaje que busca silenciar un debate necesario.

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Image caption Para muchos, la prevalencia del conflicto colombiano es el principal factor de riesgo.

"No es una acusación para criminalizar, ni para estigmatizar, ni mucho menos para generar un situación de violencia, sino para señalar una realidad política", le dijo a BBC Mundo el analista, quien en varias ocasiones ha denunciado esos supuestos lazos.

Y, para Guarín, una posible explicación para las denuncias de amenazas en contra de la izquierda es que todo sea parte de una estrategia de las FARC "para intentar legitimar el discurso de la violencia diciendo que no están dadas las condiciones para hacer política de la izquierda".

Villamizar, sin embargo, es de quienes consideran que el pasado obliga a ser prudente. "Dado el antecedente histórico del exterminio de la Unión Patriótica, dada la polarización que genera de por sí el proceso de paz yo creo que hay que se muy cuidadosos con las palabras", le dijo a BBC Mundo.

"En Colombia las palabras históricamente han tenido impacto en vías de hecho también. Así que yo pediría evitar generalizaciones y la estigmatización", solicitó el funcionario.

Y Cepeda concuerda. "Es un peligro real. No en balde en Colombia hay miles de dirigentes y miembros de la izquierda en los cementerios", le dijo a BBC Mundo. Y el diputado también ofrece una última clave para entender lo que podría estar pasando.

"En las épocas electorales en Colombia se recrudece la violencia y las amenazas. Igualmente en los momentos en los que se está avanzando en los procesos de paz. Y estamos en un momento en que ambas circunstancias se cruzan y por eso es un momento especialmente riesgoso", le dijo a BBC Mundo.

Para Cepeda, la izquierda en Colombia viene además ganando fuerza. "Y en un contexto de paz esa presencia de la izquierda se fortalece, lo que por supuesto aumenta el riesgo", afirmó el diputado.

Y por lo pronto, Avella no dejó que el ataque en su contra se tradujera en una modificación de sus planes de campaña.

"Pese a este hecho de violencia, la UP junto al pueblo colombiano continuará adelante en su empeño de lograr una paz cierta, con justicia social y democracia para Colombia; ejerciendo su derecho a participar en los comicios electorales e invitando a los ciudadanos para que escuchen sus propuestas y realicen su derecho soberano a alegir con libertad y conciencia", informó la agrupación en un comunicado.

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