La polémica fiscal que investiga la violencia en Venezuela

  • 7 abril 2014

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es una de las mujeres más poderosas del país.

Image caption La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, tiene siete años en el cargo.

En un momento en el que la violencia política se ha prolongado por dos meses, Ortega ha sido una de las figuras más criticadas desde la oposición y más elogiadas desde el oficialismo.

En su último año a la cabeza del Ministerio Público, después de siete, la abogada de 56 años se enfrenta al escenario que quizá defina cómo se vea su gestión en el futuro.

Como fiscal, Ortega ha estado al frente de casos famosos, como aquel que acusaba a los miembros de la ONG Súmate -entre ellos la hoy líder opositora María Corina Machado- de conspiración contra la nación y de recibir dinero extranjero para tal fin.

Hoy en día, sin embargo, el tema para la fiscal es la actual ola de protestas antigubernamentales que han dejado a miles de manifestantes en las cárceles venezolanas, desde principios de febrero.

Según su despacho: la crisis ha dejado 39 muertos, 608 heridos y 2.285 detenidos, de los cuales 192 permanecen en la cárcel y 17 son funcionarios del Estado.

El Ministerio Público además investiga 102 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, un fenómeno que ha puesto a Ortega en el ojo del huracán, al ser acusada por opositores de permitir cierta flexibilidad con los funcionarios al tiempo que practicar un exceso de rigurosidad con los manifestantes.

Ortega habló en exclusiva con BBC Mundo el viernes en la cafetería de la Fiscalía.

Fiscal, usted dice que durante las protestas ha habido un tratamiento objetivo de los presuntos promotores de la violencia. Pero muchos hablan de una "cacería de brujas" de la oposición tras los arrestos de diferentes líderes como el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue sentenciado en apenas dos días cuando muchos casos suelen tomar semanas o meses en resolverse. ¿Hay una cacería de brujas?

No hay ninguna cacería de brujas ni contra el alcalde de San Cristóbal ni contra nadie. No es un problema de cacería de brujas, es un problema de justicia de acuerdo a la Constitución y a la ley.

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Image caption Venezuela ha tenido unos dos meses de protestas continuas.

El Ministerio Público solicitó una privativa de libertad en contra de este alcalde (Ceballos) y él estaba privado de libertad por presuntamente estar incurso en el delito de rebelión civil y agavillamiento. La rebelión civil es un delito que establece que toda persona que se alce en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido para deponerlo, incurre en un delito.

Nosotros creemos que él, al llamar a protestar en la calle para que el presidente renuncie o cese en sus funciones, incurrió en una actitud hostil porque en Venezuela hay mecanismos democráticos para cambiar un gobierno, a través de las elecciones y de la revocatoria del mandato.

En un estado de derecho, tú tienes que someterte a lo que establece el ordenamiento jurídico, porque si no el Estado es víctima y la colectividad también de las agresiones que puedas ejercer para tratar de deponer al gobierno por vías no legales, como fue el caso de él.

Usted dice que parte del problema es que Ceballos llamó a protestar e incitó a la violencia. Pero hemos visto varias declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que también llamó a sus partidarios, conocidos como los "colectivos armados", a "apagar las candelillas", es decir a frenar las protestas que él considera violentas. ¿Acaso el presidente no ha incitado a la violencia también?

No es llamar a hacer tal o cual cosa, sino llamar a salir a la calle. Es estar en la calle ejerciendo violencia, trancando las vías, incendiando barricadas, con objetos contundentes, armas y objetos incendiarios. Eso es alzarse en actitud hostil y esa es la conducta que está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico.

O sea que en el tipo penal del Código Penal nuestro dice que no basta nada más el lenguaje, es la actitud que ha ejercido y que presumimos nosotros según nuestra investigación, que luego habrá un acto conclusivo, que será el que determine si efectivamente (Ceballos) está incurso o no en esos hechos.

Usted dice que no es política del Estado venezolano violar los DD.HH.

Así es, es correcto...

Pero lo que parece claro -en las investigaciones de prensa y ONGs- es que es ha habido violaciones a los DD.HH. Y eso sería una demostración de que hay un sistema policial que no está funcionando y que las fuerzas del orden no están preparadas para este tipo de situación.

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Image caption Daniel Ceballos, izquierda, y Enzo Scarano. Alcaldes opositores detenidos por presuntamente incitar a la violencia.

Yo tengo una lista de casos de violación a los DD.HH. en Inglaterra, ¿y eso significa que la corona y el gobierno de Inglaterra no funciona?

En EE.UU. existe Guantánamo. ¿Eso significa que el Estado norteamericano tampoco funciona? Porque tienen como política, porque eso sí es una política, donde hay una cárcel de Estado donde hay violación a los DD.HH., donde no hay respeto a la dignidad de la persona.

Mientras el gobierno es elegido democráticamente, hay quienes dicen que algunas instituciones -como la Fiscalía- no son del todo democráticas e independientes del ejecutivo. ¿Qué dice usted sobre eso?

El fiscal general no es designado por el presidente o por una persona particular, sino por toda la Asamblea (Nacional) con la participación del pueblo (...) El Ministerio Público ha sido objetivo, claro y transparente en sus investigaciones. Siempre se ha apegado a lo que señala el ordenamiento jurídico.

No solamente nosotros creemos por convicción que tenemos la preeminencia de los DD.HH., sino que si alguna individualidad de algún cuerpo policial viola los DD.HH., nosotros los vamos a castigar (...) Tenemos hasta hoy 102 investigaciones por presunta violación a los DD.HH.

No es política del Estado venezolano la violación a los DD.HH., pero siempre ocurre que hay individualidades en los cuerpos policiales que pueden cometer estos excesos. Pero ahí está la garantía del Estado y sobre todo del Ministerio Público de investigar esa violación y que se sancionen a los responsables.

¿Acepta usted que la violencia es crónica?

No, la violencia es de un grupo minoritario y en algunos municipios del país. Ahora se ha reducido a dos municipios del país. Ese grupo minoritario de verdad ha logrado trascender las fronteras del país y a nivel mediático impactar, especialmente por las redes sociales.

Última pregunta, fiscal. ¿Usted es chavista?

No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe. Pero no solo por eso, sino que nunca he militado.

Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez.

* Entrevista realizada en colaboración con el corresponsal para Sudamérica de la BBC, Wyre Davies.

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