Amnistía Internacional: "El gobierno de México tolera la tortura y hay total impunidad"

  • 12 mayo 2014
Bárbara Italia Méndez
Image caption Bárbara Italia Méndez y otras mujeres de Atenco llevaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"A las seis de la mañana comenzó un operativo realmente aterrador donde fui detenida en un domicilio particular en San Salvador Atenco, en el estado de México, que fue allanado por la policía federal".

"Me subieron a un camión donde fui torturada por agentes, fui desnudada, hicieron uso de la tortura sexual en contra mía, de golpes con toletes y demás en genitales, introducción de objetos en la vagina, pellizcos y mordidas en genitales y senos, además de sofocación y palizas. Esto no sólo lo viví yo, escuchaba otras mujeres que gritaban".

Bárbara Italia Méndez llegó hasta Londres para relatar su caso, uno de los incluidos por Amnistía Internacional en el informe que lanzó este martes en la capital británica, titulado "Tortura en 2014: 30 años de promesas rotas".

El documento, publicado a tres décadas de la adopción de la Convención de la ONU contra la Tortura, señala que la práctica "está floreciendo" en muchas partes del mundo y apunta cinco países en los que "la tortura es generalizada y tolerada". De América Latina, el país seleccionado es México.

"Estamos conscientes de que en otros países como Venezuela y Colombia hay casos de tortura, pero México es ilustrativo de toda la región", dijo a BBC Mundo Rupert Knox, investigador sobre México de AI y uno de los autores del informe.

"Es el país donde documentamos un patrón de uso generalizado de tortura y malos tratos tolerados por el gobierno, que tiene todas las posibilidades de corregir la situación. Hay una impunidad total". AI señala que los casos aumentaron desde que el gobierno declaró la guerra a los carteles en 2006.

"En enero de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, CNDH, nos informó que recibió más de 7.000 reportes de tortura y malos tratos desde 2010 y hay que recordar que la comisión sólo atiende casos del fuero federal".

Ese mismo mes "la Suprema Corte nos dijo que ha habido sólo siete sentencias de tortura en toda la existencia de la ley contra la tortura que fue aprobada en el 91".

De acuerdo al investigador de AI, "hay un desnivel total entre denuncias y condenas y es una cuestión de voluntad política".

"Rompió mi declaración"

Para Knox, el caso de Bárbara Italia Méndez es emblemático de esa falta de voluntad política. Méndez fue detenida en 2006, en el marco del operativo policial lanzado en San Salvador Atenco, donde los enfrentamientos dejaron dos muertos y se registraron más de 200 detenciones.

"El caso de Méndez sigue en la impunidad y hay que recordar en el caso de las mujeres de Atenco que quien ahora es presidente era gobernador del estado de México en ese momento".

Uno de los grandes problemas según AI son las graves deficiencias en el registro de pruebas, incluso por parte de peritos del Ministerio Público.

"Cuando tuvimos acceso al Ministerio Público en el penal declaré lo que me había ocurrido", relató Méndez a BBC Mundo, "pero llegó una persona que sacó mi declaración de la máquina de escribir, la rompió y le dijo a su subalterno 'ésta mujer se va a reservar el derecho a declarar y llévensela de aquí'".

Desde 2002, México incorporó el llamado protocolo de Estambul, una guía internacional para médicos e investigadores sobre la documentación de la tortura.

"Uno de los elementos fundamentales en cualquier caso de tortura es la revisión médica para constatar la situación de la persona afectada", dijo Knox.

Sin embargo, el protocolo es aplicado muchas veces años después del evento, según el informe, como ilustra el caso de Miriam López Vargas, otro de los presentados por AI en la capital británica.

Exámenes "dos años después"

López Vargas, una madre de cuatro hijos, "fue detenida en 2011 mientras conducía su vehículo en Ensenada por dos soldados con pasamontañas vestidos de civil. La mantuvieron cautiva durante una semana, la violaron tres veces, fue asfixiada con un trapo mojado y recibió choques eléctricos, para obligarla a firmar una confesión falsa relacionada con crímenes de drogas", según el informe.

Image caption La abogada Isis Goldberg denunció que los exámenes médicos se realizan hasta dos años después de la tortura.

La abogada de López Vargas, Isis Goldberg, explicó en la capital británica que cuando su defendida fue detenida, "la Secretaría de Defensa Nacional, el ejército mexicano, dio fe de una lesión en una mano, causada por maltrato, pero dijo que fue por una afeitadora".

"Un día después, la Procuradoría General de la República o PGR, el Ministerio Público, visitó a Miriam y dijo que no había lesión. Miriam relata que la persona del PGR simplemente le dijo que se levantara la camisa y se diera la vuelta".

"Un mes después un perito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la revisó y determino que sí hubo tortura", agrega Goldberg, de organización no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DD.HH.

"No fue sino hasta el año pasado que el PGR emitió su propio protocolo de Estambul según el cual no hubo tortura". El examen se hizo dos años después de la tortura, señala AI, cuando es extremadamente difícil documentar secuelas.

El caso de López Vargas, es indicativo además de otro grave fenómeno según Goldberg, ya que buscó "forzar una confesión implicando a militares de los que ella jamás había oído hablar".

"Mensaje inequívoco"

Para Rupert Knox, casos como el de Bárbara Italia Méndez o Miriam López Vargas dejan en evidencia que "el Estado básicamente tolera el uso de la tortura por sus militares y policías para la obtención de información y para implicar a otras personas o lograr confesiones".

El gobierno mexicano además "no reconoce a nivel público la escala del uso de la tortura. Luego de su visita, el relator especial de tortura de la ONU, Juan Méndez, emitió conclusiones preliminares sobre México la semana pasada, pero el gobierno no ha contestado en ningún medio. La estrategia parece ser ignorar todas las constancias de la situación". (La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado sobre la visita del relator, ver recuadro).

Knox cree que el gobierno de México puede y debe hacer mucho más, comenzando por un "mensaje inequívoco" de que no se tolerará la tortura.

"Lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocer que la tortura se aplica de forma generalizada y modificar totalmente la forma de investigarla, con independencia, imparcialidad y rapidez", dijo el investigador de AI.

"Los exámenes médicos deben ser conformes a los estándares internacionales y deben reconocerse con el mismo valor los informes médicos independientes. Pedimos además que las víctimas tengan acceso a reparación".

Bárbara Italia Méndez y otras 10 mujeres llevaron su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Este año se espera un informe de la Comisión sobre nuestro caso con recomendaciones", señaló Méndez a BBC Mundo.

"Si el Estado no cumple, acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigimos justicia y reparación".

La posición del gobierno

BBC Mundo le solicitó a la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) un pronunciamiento sobre el informe antes de que se publicara (00:01 GMT, 18:01 tiempo de México).

Aunque prometieron intentarlo, aclararon que generalmente se hace cuando el informe ya es oficial.

Cuando esa reacción se de a conocer, la publicaremos en BBC Mundo

Sin embargo, el pasado 2 de mayo, cuando el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez concluyó una visita a la país -en la que dijo que la tortura en el país era "generalizada"- la cancillería mexicana indicó en un comunicado:

"Antes de la misión de Juan Méndez, la más reciente visita de un mecanismo internacional de esta naturaleza en materia de prevención de la tortura ocurrió en 2008, a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, órgano de vigilancia del cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura".

"Desde entonces, nuestro país ha generado una serie de condiciones de carácter estructural que implican importantes desarrollos legislativos, judiciales, institucionales y de política pública, que dan cuenta de los avances para garantizar la erradicación de la abominable práctica de la tortura, los cuales fueron reconocidos por el relator".

"El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha dado pasos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos y, en ese contexto, una de sus prioridades está encaminada a la erradicación total de la práctica de la tortura.

"Prueba de ello es la disminución notable de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como resultado también de una disminución notable en las quejas presentadas ante ese órgano".

En el comunicado también se indica que el relator "también reconoció el significativo progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar derivada de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reciente reforma al Código de Justicia Militar, a fin de que los tribunales civiles sean quienes conozcan de casos de presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de militares".

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