Ordenan restitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro

Gustavo Petro Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption Petro podría estar de regreso en la alcaldía de Bogotá este jueves.

Cuando parecía que el panorama político de Bogotá se empezaba a aclarar, la saga en la que se ha convertido la destitución del alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro, dio un giro inesperado.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la restitución en su posición de Petro, quien el pasado 19 de marzo había dejado el cargo en cumplimiento de un fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

Tan sólo el lunes el presidente Juan Manuel Santos había nombrado a una nueva alcaldesa encargada, allanando el camino para la convocatoria a comicios para la elección de un nuevo burgomaestre.

Pero este martes el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que Petro volviese a la alcaldía, considerada el segundo cargo político más importante del país.

Los magistrados determinaron que las medidas cautelares que a favor del alcalde había dictado en marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando la necesidad de proteger sus derechos políticos, eran de obligatorio cumplimiento.

Y le dieron al presidente Santos, que no había querido admitirlas, un plazo de 48 horas para volver a colocar a Petro en su puesto.

Lea también: Petro y la viabilidad de la izquierda colombiana

Santos no habla

El presidente colombiano todavía no se ha pronunciado sobre la decisión judicial.

Pero a inicios de la semana declaró que si un tribunal le ordenaba restituir al destituido alcalde no dudaría en hacerlo.

Algunos críticos de la sentencia, sin embargo, consideran que los magistrados claramente excedieron sus competencias.

Derechos de autor de la imagen afp
Image caption La alcaldía de Bogotá es considerado el segundo cargo político más importante del país.

Y, en cualquier caso, el nuevo fallo no resuelve definitivamente "el caso Petro".

La larga y compleja historia en torno al futuro político de Petro se inició en diciembre del año pasado, cuando la Procuraduría General ordenó la destitución del alcalde bogotano por supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de recolección de basuras.

En ese momento, el exalcalde -un exguerrillero desmovilizado- denunció la sanción como desproporcionada y el equivalente a un golpe de estado orquestado desde la derecha. Y recurrió a los tribunales para proteger el derecho de sus electores a elegir y el suyo a ser electo.

Luego de una larga batalla legal, sin embargo, los tribunales superiores encontraron que había equivocado la estrategia legal, dejando en firme la sanción que fue ejecutada por el presidente Santos el pasado 19 de marzo.

Fallo de fondo

Pero las cortes todavía tienen que fallar sobre el fondo del asunto. Y una vez que lo hagan las medidas cautelares dictadas por la CIDH podrían perder su vigencia.

E incluso si fallan a favor del exalcalde, éste todavía tendría que someter su continuidad en el cargo al veredicto de las urnas, pues antes de su destitución ya se había aprobado la celebración de un referendo revocatorio convocado por los opositores al burgomaestre.

A menos que el presidente Santos se decida por una nueva sorpresa, el próximo jueves el principal protagonista de esta prolongada novela política podría estar de regreso en el Palacio Liévano, sede de la alcaldía bogotana.

Para unos, como villano. Para otros como un héroe.

Lea también: las consecuencias de destituir a Petro

Contenido relacionado