Aprueban el "bien morir" en Uruguay

Tras ocho años de discusión en el Parlamento, la Cámara de Diputados sancionó una ley que permite a un paciente pedir que no se prolongue su vida si en el futuro sufriera una enfermedad terminal.

Image caption El proyecto fue aprobado en medio de una trifulca entre diputados.

El polémico proyecto fue aprobado en medio de una trifulca entre dos diputados, que dejó en evidencia las divisiones que existen en la sociedad sobre el tema.

La ley establece que cualquier persona podrá expresar de forma anticipada y por escrito su oposición a los tratamientos que "prolonguen la vida en detrimento de la calidad de la misma" si sufriera una enfermedad terminal, incurable e irreversible.

"Esto no es eutanasia", explicó a BBC Mundo el diputado del opositor Partido Colorado, Washington Abdala, uno de los impulsores de la ley. "Eutanasia es cuando se precipita el proceso de la muerte. Acá no se precipita nada. Si el paciente está en una situación terminal y no tiene chance de sobrevivir, tendrá la posibilidad de morir con dignidad y no prolongar la agonía", aseguró.

Todo aquél que desee que los tratamientos médicos sigan hasta el último día de su vida también podrá solicitarlo.

Última voluntad

Se trata de una suerte de "testamento médico" que debe realizarse ante un escribano o incluir dos testigos, y que se incorporará en la historia clínica del paciente. Éste, de todas formas, tendrá derecho a cambiar su decisión más adelante.

Si una persona no hace la solicitud anticipada, y es víctima de una enfermedad terminal y no tiene capacidad de expresar su voluntad, su pareja, hijos o padres serán los que podrán tomar la decisión. La norma requiere la unanimidad de los familiares, algo que en algunos casos quizás no sea fácil de lograr.

El procedimiento para suspender el tratamiento no será sencillo. El médico deberá certificar que el paciente sufre una enfermedad "incurable e irreversible", lo que deberá ser ratificado por un segundo médico. La última palabra la tendrá la Comisión de Bioética de la institución médica en la que esté internado el paciente, que tendrá un plazo de 48 horas para expedirse. Si no se pronuncia se considerará aprobada la suspensión.

Por otra parte, el médico tratante puede manifestar su "objeción de conciencia" y podrá ser sustituido por un colega que sí quiera cumplir con la voluntad del paciente.

Oposición y riñas

El también opositor diputado del Partido Nacional Miguel Asqueta, que es médico, dijo que respaldó el proyecto de ley porque éste "da garantías al ciudadano de que en el tramo final de su vida se le respetarán sus derechos". Aunque el paciente no quiera que se prolongue su vida, la norma establece que se mantendrán los cuidados paliativos para evitar que la persona sufra. "A esto se le llama el bien morir", indicó.

Sin embargo, otros diputados de esa misma bancada se opusieron al proyecto, algunos con tanta intensidad que hasta llegaron a enfrentarse con duras palabras y casi a golpes.

Image caption El diputado Sergio Botana atacó a la profesión médica.

El diputado oficialista Álvaro Vega, también médico de profesión, criticó la postura de algunos legisladores del Partido Nacional y dijo que si fuera por ellos "el mundo podría seguir viviendo como en la época de los dinosaurios".

El diputado Sergio Botana respondió con un ataque a la profesión médica diciendo que "con declaraciones como ésas es comprensible que haya gente que no quiera dejar su vida en manos de algunos médicos", lo que enfureció a Vega, quien intentó golpear a su colega pero fue detenido por otros legisladores.

Avergonzado

En diálogo con BBC Mundo, Botana lamentó los incidentes. "Ocurrió lo que no debía ocurrir nunca en el Parlamento". Dijo que sintió de parte de Vega una agresión personal hacia su partido y hacia la Iglesia "que hieren a las personas en los más profundo". "Que esto sirva para mejorar el respeto en el trabajo hacia los compañeros y que nos permita que estas cuestiones no vuelvan a suceder", expresó.

Botana señaló que se opuso al proyecto de ley por entender que "hay una inexistencia de un límite objetivo que marque un momento de no retorno respecto a la vida, por una cuestión religiosa, y para evitar cualquier situación de interés de una empresa médica sobre el derecho a la vida".

Sobre este último punto, aclaró: "un centro de tratamiento intensivo (CTI) cuesta entre US$3.000 y US$4.000 por día y no debe ser menor la tentación (de un centro hospitalario) de quitarle aparatos a un paciente o suspender tratamientos".

Los redactores del proyecto entendieron que era necesario dar garantías a los médicos de que no caerían en omisión de asistencia si suspendían los tratamientos a pedido del paciente o sus familiares.

"La idea era poder suspender los tratamientos agresivos, lo que se llama "ensañamiento terapéutico", realizados fundamentalmente en los CTI, que hasta ahora el médico por un tema ético y legal tenía que seguir haciendo", explicó Abdala a BBC Mundo.

Se estima que el Poder Ejecutivo promulgará la ley en las próximas semanas.

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