Morales pide que lo investiguen

Tras las insistentes denuncias de supuestos atropellos a la libertad de prensa y a los derechos humanos en Bolivia, el presidente Evo Morales dijo estar dispuesto a que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización de Estados Americanos (OEA) investiguen a su gobierno.

Image caption Morales invitó a la SIP y a la OEA a que visiten Bolivia.

El Presidente respondió de esa manera al último informe de la SIP, que indica que "Morales ha mantenido inalterable su estilo de atacar al periodismo independiente" y asegura que el mandatario ha sometido "al escarnio público" a periodistas.

"Si piensan que estamos humillando (a los periodistas), ¿por qué no vienen a Bolivia a investigar?", dijo Morales este domingo, en la comunidad de Chipaya, departamento de Oruro, donde inauguró la segunda fase del programa de alfabetización.

La SIP "dice que estoy humillando cada día a la prensa, ustedes saben, todo el mundo sabe, cada día me humillan, me ofenden los medios de comunicación", sostuvo Morales.

Vea también: Libertad de prensa "empeora"

Las organizaciones de prensa bolivianas constantemente han denunciado que el presidente Morales somete a los periodistas a agresiones verbales.

Uno de esos casos, en diciembre del año pasado, levantó una gran polémica porque el mandatario, durante un acto público, convocó a un periodista del diario La Prensa hasta el centro del salón principal del Palacio de Gobierno, para acusarlo de mentir.

En esa ocasión, el citado diario sostuvo que el presidente participó en una negociación con supuestos contrabandistas. Este domingo, el diario La Prensa informó que el presidente ha demandado al matutino ante tribunales ordinarios por un presunto "desacato a la autoridad".

Preguntas

Desde diciembre, Morales no ofrece conferencias de prensa a medios nacionales y, cuando tiene que dar sus mensajes, lo hace a través de actos públicos, de entrevistas con medios oficialistas o con la prensa internacional.

Este domingo, se preguntó por qué la SIP no investiga los supuestos actos de corrupción de algunos periodistas de la región de Pando (Amazonia), donde en septiembre del año pasado se produjo una matanza de campesinos afines a Morales.

Otra de las críticas que incomoda a Morales es la demanda planteada por un grupo de abogados contra su gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la que también se refirió este domingo.

"Quiero pedir al señor (José Miguel) Insulza (secretario general de la OEA) que venga a investigar acá, que sepa quién viola los derechos humanos", dijo.

El Colegio de Abogados de La Paz y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA una demanda en la que acusan al gobierno de Morales de causar un debilitamiento del estado de derecho en Bolivia.

La demanda menciona que existe "un claro deterioro de las obligaciones de garantía y protección, una sistemática hostilidad y agresión contra la disidencia y la prensa, e impunidad por violaciones a los derechos humanos".

"Esos grupos tratan de impresionar a los organismos internacionales diciendo que violamos los derechos humanos. Qué autoridad, qué moral tienen estos partidos neoliberales para hablar de derechos humanos", cuestionó Morales en su discurso.

Por eso, "pido a los organismos internacionales que no solamente vengan a investigar, que vengan a vivir aquí para ver de cerca este proceso de transformación", agregó.

Morales pidió a autoridades de su gobierno y a los dirigentes sociales que le respaldan que estén alertas porque "este es un año electoral" y cree que pueden hacerles más acusaciones.

Presiones y juicios

Según la nueva Constitución, Bolivia tendrá elecciones generales de presidente, vicepresidente y parlamento en diciembre de este año.

El Colegio de Abogados de La Paz y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba, en su denuncia ante la OEA, señalan que por medio de presiones y juicios, el gobierno paralizó el Tribunal Constitucional y que las acciones oficiales no condicen con los avances formales que la nueva Constitución registra en materia de derechos humanos.

La oposición en Bolivia también ha acusado al gobierno de no respetar las garantías de las personas cuando la policía detiene a presuntos implicados en casos de violencia política.

El último fin de semana, los grupos opositores señalaron también que el Poder Ejecutivo intenta descabezar la Corte Suprema de Justicia.

Una comisión parlamentaria del oficialismo inició un juicio de responsabilidades en contra del Presidente de la Suprema, Eddy Fernández.

En la misma línea, el presidente Morales pidió la renuncia del magistrado, mientras que el ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que debería estar en la cárcel por su presunta culpa en el retraso del juicio por genocidio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a otros dos ex funcionarios opositores vinculados a casos de corrupción en la década pasada.

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