Un "no" augura cambio de relación

Al gobierno de Estados Unidos le disgusta que le respondan "no". Eso parece explicar la molestia de Washington por la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a extraditar a dos personas a ese país.

Se trata de "César", uno de los dos guerrilleros capturados a mediados de 2008 durante la Operación Jaque, en la que fueron rescatados tres secuestrados norteamericanos, y de Fredy Ferney González Monsalve, un narcotraficante que envió 300 kilos de cocaína a Estados Unidos.

En el primer caso, la Corte consideró que el secuestro se cometió en Colombia y que el capturado ya está siendo procesado por la justicia nacional por ese y otros delitos. Y en el segundo, que González ya fue condenado por narcotráfico en Colombia y, además, está pagando su pena.

La Corte alega que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, como reza un viejo principio del derecho romano, el non bis in ídem.

Pero las dos decisiones significan un cambio de posición de la Corte, que desde agosto de 2002 - cuando comenzó el gobierno de Álvaro Uribe - ha autorizado la entrega de 812 colombianos a la justicia de Estados Unidos y había dejado las decisiones finales en manos del presidente de la República.

Cuando fueron extraditados, muchos ya estaban siendo juzgados en Colombia, cuya justicia los continuará procesando una vez cumplan sus penas en Estados Unidos, si son condenados.

Protesta de EE.UU.

Aunque no es usual que un diplomático critique a través de los medios a las autoridades judiciales del país donde está acreditado, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, lo hizo.

"Proponemos respetuosamente algún tipo de diálogo con la Corte Suprema o con quien designe para hablar del tema (...) y ver si podemos alcanzar una posición común", dijo recientemente el diplomático en Washington.

Según Brownfield, en su país hay "confusión" y añadió que "hemos visto decisiones diferentes de la misma corte en casos que parecen tratar sobre los mismos hechos y evidencias".

A las declaraciones de Brownfield se unió una "nota diplomática" entregada en la cancillería colombiana, algo que pocas veces ha pasado en la historia de las relaciones entre los dos países.

En una lacónica declaración, el presidente encargado de la Suprema, Javier Zapata, respondió: "Somos independientes y autónomos. (...) Jamás nos sentaremos a decidir nuestros asuntos con autoridades extranjeras".

Un vocero de la Corte le dijo a BBC Mundo que el tribunal sostiene que sus providencias se explican por sí solas.

Es claro que el tema ha tensionado los vínculos entre Bogotá y Washington, que eran inmejorables durante la administración de George W. Bush.

En declaraciones al diario El Tiempo, la embajadora colombiana en Estados Unidos, Carolina Barco, trató de calmar las aguas.

"Estamos buscando que haya mayor claridad entre la justicia de E.U. y la nuestra.(¿) Respetamos a las cortes y su espacio. Lo que estamos buscando es que se acerquen, a la luz de los acuerdos internacionales y otros instrumentos que existen, para que nuestras dos justicias avancen de la manera más efectiva", señaló Barco.

Antes de conocerse la nota de Estados Unidos, el viceministro de justicia, Miguel Ceballos, admitió que el gobierno colombiano está preocupado porque la decisión de la corte genere una oleada de narcotraficantes que se acojan a sentencia anticipada en Colombia para evitar ser enviados a Estados Unidos.

Expertos consultados por BBC Mundo, como el ex ministro de justicia y ex constituyente Jaime Castro, creen que el cambio de posición de la corte se debe a la "molestia por las demoras en Estados Unidos" para que 15 jefes paramilitares colombianos, extraditados a ese país, declaren en procesos muy sensibles.

Se trata de la investigación por los nexos de los paramilitares de derecha con la clase política, conocido como la "parapolítica" y donde la Corte ha jugado un rol fundamental, y del que pretende esclarecer miles de crímenes cometidos por esas fuerzas.

Aunque en mayo de 2008 fueron extraditados 14 jefes paramilitares y hace poco otro, hasta ahora solo tres de ellos han declarado, vía satélite, desde Estados Unidos.

Pese al pedido de grupos de derechos humanos y familiares de víctimas, el gobierno colombiano no quiso aplazar la entrega del último de los jefes paramilitares que fue extraditado hace poco, quien había confesado más de medio millar de crímenes.

Castro señala que la extradición debería ser un mecanismo excepcional, "pero que Colombia envía un promedio de tres personas a Estados Unidos cada semana".

A las críticas que formula Castro se unen otros penalistas como el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, quien en declaraciones a BBC Mundo ha dicho que el gobierno colombiano ha convertido la extradición "en una herramienta política".

Por ahora, aunque no está previsto un encuentro entre la Corte Suprema y el Embajador de Estados Unidos, la tensión por la extradición se agrega a otros nubarrones en las relaciones Bogotá-Washington, como el futuro del Plan Colombia.