Venezuela: condenan a policías a 30 años

A 30 años de prisión fueron condenados los tres ex comisarios de la Policía Metropolitana acusados de responsabilidad por la muerte de varios manifestantes durante los hechos de abril de 2002, que terminaron con la salida temporal del poder del presidente Hugo Chávez.

Image caption Henry Vivas fue uno de los jefes policiales condenados.

Otros siete funcionarios policiales de menor rango recibieron sentencias de entre 3 y 30 años. Un octavo policía resultó absuelto.

El grupo estaba siendo juzgado por los llamados "sucesos de puente Llaguno", un controvertido episodio en el que fallecieron 19 personas por disparos de bala, y de los que cada parte tiene su versión.

Así terminó, al menos en primera instancia -ahora vendrán las apelaciones- uno de los juicios de más alto perfil y tinte político de la historia reciente venezolana.

Para la oposición, los policías son héroes caídos, presos políticos del llamado "chavismo". Para los simpatizantes del gobierno, son la encarnación de lo que ellos llaman la oposición golpista, y que dicen amenaza la estabilidad del "proyecto revolucionario".

Este fue también uno de los procesos legales más largos de que se tenga memoria en Venezuela. Los ocho policías estuvieron detenidos por seis años, y los tres comisarios por cuatro.

Dos versiones

Es ya historia que una protesta de la oposición se dirigía hacia el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas. Mientras, partidarios del presidente Hugo Chávez se habían concentrado también en esa zona de la ciudad, convocados por funcionarios del alto gobierno, para evitar lo que concebía como un asalto inminente contra la sede del gobierno.

Image caption Oficialistas se congregaron en Puente Llaguno para defender al gobierno de Chávez.

En la zona del puente, a pocos metros de Miraflores, se produjeron los disparos. El canal de televisión Venevisión grabó a tres personas aparentemente usando armas desde Llaguno hacia la marcha opositora, en la calle bajo el elevado.

Portavoces oficialistas sostienen que estas personas sólo se estaban defendiendo de los policías que disparaban desde abajo y señalan que el video de Venevisión, que ganó un premio Príncipe de Asturias, había sido manipulado.

En total, 12 de las víctimas eran de la oposición. Las otras siete apoyaban al gobierno.

Las personas que disparaban desde Llaguno fueron absueltas de cargos en octubre de 2004, después de tres meses y medio de juicio, en que el tribunal concluyó que actuaron en legítima defensa.

El proceso a los "metropolitanos" fue de retraso en retraso hasta que finalmente, este viernes, un tribunal del estado Aragua (unos 100 kilómetros al oeste de Caracas), a cargo de la jueza Marjorie Calderón, emitió sentencia condenatoria.

Otras personas supuestamente implicadas en los hechos de abril de 2002 se beneficiaron de una amnistía otorgada en 2007.

Complicidad en homicidio

Los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero estaban al mando de la policía Metropolitana, por entonces bajo el control de la Alcaldía Mayor, en manos del dirigente opositor Alfredo Peña. Iván Simonovis era comisionado de seguridad de la alcaldía.

El gobierno considera que ese cuerpo policial, comandado por Peña, era el brazo armado de un intento de golpe que estaba en curso.

La fiscalía acusó a los tres ex comisarios de dar órdenes para disparar contra los manifestantes y de haber suministrado armas para ese propósito. El tribunal coincidió con esta versión y los encontró culpables de "complicidad necesaria en la comisión de homicidio calificado, consumado, frustrado, lesiones graves, gravísimas, menos graves y leves".

La sentencia también señaló que los delitos constituían graves violaciones a los derechos humanos y que se cometieron en el marco de un golpe de Estado.

Tristeza y alegría

En el tribunal hubo aplausos por parte de familiares de algunas de las víctimas y escenas de dolor y resignación por la parte acusada.

"Queremos aclarar que esta sentencia que ha recaído en este juicio no nos llena de alegría. Sentimos un inmenso pesar, porque (policías) a los cuales el estado venezolano le confió, a través de las armas que portaban, la custodia de muchos venezolanos, se apartaron de sus deberes legales y se hicieron parte de un plan que desembocaría en el rompimiento del hilo constitucional", declaró el abogado acusador Antonio Molina.

Image caption La protesta de la oposición se dirigía hacia el Palacio de Miraflores.

"Lo que se ha concebido es un engendro abominable de sentencia. Se ha cometido un delito de lesa justicia. Pero yo no esperaba otra cosa", dijo, por su parte, el abogado defensor José Luis Tamayo. "La jueza Marjorie Calderón sabe que hizo mal. Se atrevió a condenar sin pruebas a unas personas", agregó.

El litigante aseguró que "sólo hay unas fotos en que ciertamente aparecen empuñando unas armas, pero (...) el ministerio público ni siquiera probó que las armas de la policía en general fueron disparadas. Tampoco que las armas de estos funcionarios hubieran impactado en la humanidad de ninguna persona".

Tanto Tamayo como familiares de los policías dijeron que la jueza había "entregado un trofeo" al presidente Hugo Chávez, en la víspera de otro aniversario de aquellos sucesos del 11 de abril.

El abogado aseguró que agotará todas las instancias de apelación nacionales, aunque no tenía esperanzas de triunfar en ninguna.

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