"La justicia es posible"

"Como madre sé que no me van a devolver a mi hijo, pero se ha reivindicado su nombre".

Así habla Raida Condor, un día después de que el ex presidente de Perú Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Su hijo Armando Amaro Condor fue uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados en 1992 por un destacamento especial del ejército peruano.

"El mismo día me enteré de la desaparición de mi hijo por un compañero suyo de la universidad. Y desde ese día he andado buscando justicia y lo he estado buscando a él. No sabía si estaba muerto o vivo".

Condor nunca encontró a su hijo. Lo único que halló fueron sus llaves en medio de restos calcinados.

Luego de secuestrar a los estudiantes y matarlos, esa misma madrugada el destacamento militar buscó quemar los cuerpos y borrar toda evidencia.

"Hoy me siento tranquila. No me siento alegre, porque yo también soy madre, sé que los hijos de Fujimori también sufren, pero hay que pagar los errores que hemos cometido. Dios tarda pero no olvida. Llegó el castigo para él", dijo la señora Condor a BBC Mundo.

Y añade: "ni Armando ni sus compañeros pertenecían al terrorismo, y siempre lo he dicho: aunque lo hubieran sido, no tenían derecho de haberles quitado la vida en la forma en que lo hicieron. Eso es lo que no les voy a perdonar a esta gente".

Esperanza

Según se ratificó en el juicio a Fujimori, el llamado Grupo Colina formó parte de la estructura militar dentro de la dirección de inteligencia del ejército, con una dependencia directa del servicio de inteligencia nacional.

BBC Mundo también conversó con Gisela Ortiz Perea, quien representa a los familiares del caso La Cantuta y Barrios Altos. Su hermano, Enrique Ortiz Perea, fue asesinado en el caso La Cantuta.

El 20 de julio de 1992, Gisela vio el nombre de su hermano en un medio de comunicación local. El rector de la universidad publicaba un comunicado denunciando la detención de nueve estudiantes y un maestro.

"La Universidad la Cantuta, desde 1991, estaba intervenida militarmente por el ejército. Por eso, teníamos la sospecha muy directa de que la reponsabilidad era del ejército".

"Hoy me siento muy satisfecha de reconocer que se empieza a hacer justicia después de tantos años", dijo Gisela a BBC Mundo.

"Esta justicia es el resultado de un largo trabajo de los familiares, así como de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos", añadió.

Según Gisela Ortiz, el juicio marca el fin de un camino de lucha contra la impunidad.

"Pero marca también el inicio de otro que puede significar un camino de esperanza para muchas de las víctimas y sus familiares de que la justicia en nuestro país puede ser posible".

En palabras de Raida Condor:

"Cuando algo pase, hay que salir a buscar a nuestros hijos, a nuestros esposos. Hay que denunciarlo para que todo el mundo sepa qué pasó con nuestra familia. No debemos quedarnos sentados en un rincón".