Chile busca mayor transparencia

A partir de este lunes todos los organismos del Estado en Chile están obligados a brindar información al público sobre su presupuesto, su personal, sus gastos y los salarios que cobran sus funcionarios.

Esto se debe a la Ley sobre Acceso a la Información Pública -también conocida como Ley de Transparencia- que entró en vigencia este 20 de abril en el país.

La nueva legislación incluye a los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, la Contraloría, los municipios y las empresas públicas, entre otros.

Busca generar transparencia en la función pública, garantizando el derecho al acceso a la información de quienes quieran obtener datos de los órganos estatales.

Para ello, la Ley obliga a los servicios y organismos públicos a mantener al día sus páginas electrónicas, a las que se podrá acceder a través del sitio Gobierno Transparente.

"Creemos que puede ser un elemento preventivo importante para combatir la corrupción, en el sentido de que mucha información que antes resultaba muy difícil de acceder y fiscalizar desde hoy va estar disponible", dijo a BBC Mundo Cristóbal Tello, director ejecutivo de Chile Transparente, la sede chilena de Transparencia Internacional.

Participar, no obstruir

Antes de que entrara en vigencia la nueva ley, sancionada por Michelle Bachelet en agosto pasado, la presidenta chilena afirmó que la norma fue elaborada "para participar, no para obstruir", y pidió un uso responsable.

De acuerdo con la legislación, quien no encuentre publicado algún dato de su interés sobre el Estado o una empresa pública, ahora tiene el derecho de solicitarlo a la autoridad pertinente, que deberá responder su inquietud en un plazo de 20 días hábiles.

En casos excepcionales, el organismo podrá negarse a brindar la información, cuando se trate de una materia reservada que puede afectar la vida privada de las personas o la seguridad nacional.

La Ley también crea el Consejo de la Transparencia, un organismo autónomo con facultad de fiscalizar la aplicación de la ley, proponer normas generales sobre el tema y aplicar sanciones.

¿Más burocracia?

Según la Contraloría General de Cuentas, hay entre 700 y 1.000 entidades del Estado sobre las que rige la nueva normativa, además de otros 8.000 entes no gubernamentales.

¿Quién se encargará de poner en la red y mantener actualizada toda esa información?

Según la ley, serán los propios organismos públicos los responsables de hacerlo, y no está previsto un presupuesto adicional destinado a esta causa.

A pesar de ello, Tello considera que el costo y el trabajo adicional, no resultará en un aumento de la burocracia estatal.

"La experiencia en otros países muestra que si bien al inicio hay una gran demanda de información, esta tiende a estabilizarse en el tiempo", le dijo a BBC Mundo.

El experto anticorrupción señaló que la ley había sido modelada en legislaciones semejantes aplicadas en México y el Reino Unido, aunque aclaró que la norma por sí sola no podía garantizar la eliminación de la corrupción.

Diferencias

En la actualidad existe una gran diferencia entre la información que brindan los organismos que conforman los tres poderes del Estado en Chile.

En el caso del poder legislativo, por ejemplo, a pesar de que ambas cámaras anunciaron que cumplirán la nueva ley, los datos respecto a gastos y remuneraciones que dio a conocer el Senado son mucho más detallados de los que brindaron los diputados.

También existe una gran discrepancia entre las capacidades técnicas que tiene cada organismo público, para responder a los requisitos de la ley.

En ese sentido, el encargado de Chile Transparencia mostró su preocupación por la situación de varias municipalidades que "ni siquiera tiene una página web" y por "muchas instituciones públicas que carecen de un sistema de archivo adecuado".