Traspié en política de seguridad colombiana

Denuncias por la ejecución extrajudicial de cerca de millar y medio de personas tienen hoy tras las rejas a cerca de 40 militares colombianos, entre ellos varios oficiales, suboficiales y soldados.

Todo se debe a que los muertos fueron presentados por las autoridades militares como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate, cuando en realidad habían sido engañados o capturados previamente.

El caso ha generado cuestionamientos a la política de seguridad democrática del presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien asumió en 2002.

Uribe defiende como logros de esa política la sustancial reducción de los homicidios y los secuestros, así como la contención de las guerrillas de izquierda y un proceso de paz con los paramilitares de derecha.

Pero organizaciones de derechos humanos consultadas por BBC Mundo, como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, señalan que bajo el gobierno de Uribe han aumentado las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

Recientemente, el máximo ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2008, declaró desde Washington que sus hombres instalaron hornos crematorios en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, para no dejar rastros de sus asesinatos que, según él, fueron agradecidos por las autoridades militares.

De acuerdo con Mancuso, los hornos fueron una forma de evitar que el índice de muertes violentas "aumentara".

1.666 víctimas

La Fiscalía General de Colombia investiga actualmente 1.666 víctimas de "falsos positivos", es decir, de personas aparentemente inocentes que fueron presentadas por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Un positivo, en el argot militar colombiano, es cuando se captura o se abate a un delincuente.

El fiscal general, Mario Iguarán, ha dicho que esa cantidad de casos podrían constituir una especie de "genocidio".

En octubre de 2008 el gobierno retiró del servicio a 27 militares, entre ellos tres generales, a raíz del escándalo por los "falsos positivos". Luego, el gobierno comenzó a emitir, por televisión, informes públicos y periódicos de las Fuerzas Militares sobre denuncias por derechos humanos.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa anunció que puso en marcha inspecciones con la facultad de ordenar y activar una Comisión Inmediata de Inspección in situ, para determinar si han ocurrido hechos que violen los derechos humanos o infrinjan el Derecho Internacional Humanitario.

BBC Mundo estableció que desde 2005 la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había alertado al gobierno sobre la existencia de "falsos positivos".

Este año, a pesar de que el gobierno sostiene que los casos se han reducido a casi cero, la oficina de la ONU en Bogotá ha recibido nuevas denuncias, que está evaluando, según estableció BBC Mundo.

El tema ha vuelto a los titulares luego de que la Fiscalía ordenó la captura de 37 militares en la última semana por "falsos positivos".

Pero el presidente Uribe respondió que "pueden haber falsas acusaciones" y anunció esfuerzos para organizar la defensa de los militares acusados, quienes son procesados por la justicia civil.

Según Uribe, esas "falsas acusaciones" son una forma de "debilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas".

Eso lo ha dicho en otras oportunidades. A mediados de 2007 Uribe declaró: "Ahora la estrategia guerrillera es otra. Cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos (quienes les hacen coro) en el país y en el exterior para decir que fue una ejecución extrajudicial".

Así también lo ve hoy José Obdulio Gaviria, quien hasta hace poco fue uno de los más cercanos asesores del presidente Uribe.

"Hay una campaña sistemática, nacional e internacional, para desprestigiar al estado colombiano y mostrarlo como una republiqueta bananera, cuando en realidad procesa y juzga a los responsables", le dijo Gaviria a BBC Mundo.

Otro experto cercano al gobierno, Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, admite que "muy seguramente el estado colombiano tardó en descubrir, investigar y castigar los casos".

Pero, en declaraciones a BBC Mundo, sostiene que él no cree que los "falsos positivos correspondan a una política de Estado, ni que hayan sido parte de la seguridad democrática".

Las ONG tienen otra opinión. Según declara a BBC Mundo la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, cuando el gobierno habla de falsas denuncias, "asusta a las víctimas, que van a temer acercarse a denunciar los delitos".

"Mecanismo corruptor"

Otros expertos y defensores de derechos humanos, como Mario Madrid-Malo, le dicen a BBC Mundo que "el gobierno organizó un sistema de estímulos, recompensas y otros reconocimientos para los miembros de las Fuerzas Militares que abatieran a integrantes de grupos armados ilegales".

"Tal sistema se convirtió en un mecanismo corruptor, porque en numerosas guarniciones militares oficiales, suboficiales y soldados presentaron como guerrilleros muertos en combate a civiles que habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales", agrega el experto.

A finales de 2008, el fiscal general le pidió al Ministerio de Defensa que revisara una directriz emitida en 2005, que reconocía aproximadamente US$1.500 a los militares que reportaran bajas en combates.

Por ahora, los militares capturados han negado su participación en los "falsos positivos", mientras que la Fiscalía continúa investigando a más miembros del ejército.