Bolivia abre archivos sobre desaparecidos

Como un primer paso para un ejercicio de revisión del pasado, Bolivia abrirá por primera vez sus archivos militares.

La información que contienen es clave para conocer el paradero de los desaparecidos durante los regímenes "de facto" que se mantuvieron al frente del país entre 1964 y 1982.

El gobierno boliviano ordenó a las Fuerzas Armadas desclasificar la información contenida en sus registros, en respuesta a la petición de tres mujeres que hicieron una huelga de hambre de 16 días para sostener el reclamo.

Desde el Ministerio de Justicia y de Defensa, funcionarios destacaron que esta resolución es una muestra de la "voluntad política del gobierno" para esclarecer la suerte que corrieron unos 170 desaparecidos durante los regímenes militares.

"Hemos confirmado una comisión que verificará la existencia de los archivos de información clasificada, y se establecerán visitas a los lugares donde se cree que pueden existir archivos secretos", detalló la ministra de Justicia, Celima Torrico, en diálogo con BBC Mundo.

La ministra, además, destacó que las fuerzas de seguridad del país tienen "voluntad cooperativa" para identificar los documentos relevantes.

Según la resolución gubernamental, las Fuerzas Armadas bolivianas deben "facilitar el acceso (a los documentos) a familiares y víctimas" de la represión y a todas aquellas personas que acrediten un "interés legítimo", quienes podrán revisar la información en compañía de notarios y representantes de organizaciones de derechos humanos.

En busca de la identidad

En los archivos, se espera hallar información que permita conocer el destino de algunos desaparecidos emblemáticos, representantes de la oposición política a los militares.

Entre ellos, el fundador del Partido Socialista boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980 durante el golpe del general Luis García Meza. Se cree que el cadáver del militante fue quemado en la Fundidora Vinto, cerca de Oruro, aunque sus restos nunca fueron hallados.

Pero, además, las autoridades bolivianas confían en que podrán avanzar en el reconocimiento de los restos humanos hallados en fosas comunes en los años 80 y conservados en el mausoleo de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (Asofamd), del cementerio de La Paz.

De los 14 cuerpos exhumados, sólo cinco han podido ser identificados hasta la fecha.

"Queremos trabajar con las familias y, como gobierno, asumir la responsabilidad de devolver los restos a quienes tanto tiempo han esperado", declaró la ministra Torrico a BBC Mundo.

Según la funcionaria, el presidente Evo Morales apoyó la resolución que establece la apertura de los archivos y se encargó de "tratar este punto con el alto mando militar".

Sin embargo, el mismo mandatario había asegurado días atrás que no existía información reservada en el país, en una declaración que despertó críticas entre las organizaciones de derechos humanos.

La decisión del Ejecutivo fue aprobada el miércoles, tras el ayuno voluntario de tres mujeres lideradas por Olga Flores, de 52 años, hermana de un militante desaparecido durante el golpe militar de Meza, en 1980.

Las otras dos huelguistas, Hortensia Gutiérrez y la chilena Marta Montiel, también reclamaron con una abstinencia que comenzó el 5 de mayo, por parientes que fueron víctimas de la violencia de Estado.

Con el apoyo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, las manifestantes solicitaron a Morales el cumplimiento de la ley 2640, de reparación a las víctimas de la represión político-militar, por la que recibirían beneficios más de 6.000 personas en Bolivia.

También en Brasil

En tanto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo pública una decisión similar días atrás. El mandatario inauguró un sitio de internet en el que se pusieron a disposición del público los archivos secretos del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Lula señaló que la difusión de información era una herramienta de fortalecimiento de la democracia, y no una manera de "revanchismo" contra las Fuerzas Armadas del país.

Dima Rousseff, la ministra de gobierno y precandidata a la presidencia de la fuerza gobernante, el Partido de los Trabajadores, señaló que el portal ponía fin a la "cultura del secreto de Estado" y era una respuesta a tono con las actuales demandas de la sociedad civil.

En la página de internet, llamada Memorias Reveladas, se publican los documentos de la época que ya estaban disponibles en el Archivo Nacional brasileño.

Pero, además, Lula envió un proyecto de ley al Congreso por el que se exhorta a los ciudadanos a aportar documentación relevante sobre los regímenes "de facto".

La norma garantiza el anonimato a quienes suministren pruebas sobre procedimientos represivos, detenciones, interrogatorios y otras violaciones a los derechos humanos, así como posibles pistas para identificar el paradero de al menos 140 desaparecidos políticos.