Colombia: víctimas sin compensación

La reparación económica a las víctimas del conflicto armado colombiano sigue siendo motivo de polémica en el país cuatro años después de que entrara en vigencia la ley que rebajó las penas a los paramilitares de derecha.

Image caption Eduardo Pizarro preside la Comisión Nacional de Reparación, que tiene 220.000 víctimas inscritas.

La Ley de Justicia y Paz, de 2005, redujo a un máximo de 8 años las condenas por delitos atroces a cambio de que los beneficiados contaran toda la verdad, desmontaran sus estructuras armadas y compensaran económicamente a sus víctimas.

Y ahí radica la controversia. Pese a que los jefes paramilitares -la mayoría extraditados a Estados Unidos- poseen inmensas fortunas, muchas de ellas nutridas con recursos del narcotráfico, hasta ahora sólo han entregado unos US$12,5 millones para compensar económicamente a sus víctimas, que son miles.

En la práctica, muchos bienes que ofrecieron los paramilitares no eran de su propiedad, estaban embargados o en proceso de extinción de dominio.

Además, hasta el momento sólo una persona ha sido condenada bajo la Ley de Justicia y Paz, a la que se acogieron cerca de 3.000 jefes paramilitares.

El único condenado, Wilson Salazar, alias "El Loro", confesó varios crímenes -entre ellos homicidios- y sólo entregó una casa, evaluada en US$7.000, para entregar a sus víctimas, le informó a BBC Mundo Eduardo Pizarro, presidente de la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.

¿Quiénes son las víctimas?

En vista del malestar generado por esta situación, el gobierno optó por reparar económicamente a 12.000 de las 220.000 víctimas que se han inscrito ante la CNRR.

Ese universo no está depurado e incluye víctimas desde 1964 hasta hoy, dice Pizarro.

Quienes recibirán el dinero del gobierno son víctimas de minas antipersonales, abusos sexuales y reclutamiento forzado de menores por parte de grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha.

"Se trata de las víctimas más vulnerables, quienes han sufrido daños brutales", explica Pizarro.

El presidente de la CNRR agrega que las víctimas de las minas antipersonales -muchas de ellas niños- tienen que cambiar permanentemente sus prótesis, lo cual es muy costoso; que las mujeres abusadas sexualmente quieren ocultarlo incluso de sus familias y que no es fácil superar el trauma en los menores que fueron reclutados forzosamente por los actores armados.

En los próximos días, cada una de esas 12.000 víctimas comenzará a recibir cheques por una suma equivalente a US$8.300, anuncia el funcionario.

Según Pizarro, se trata de un gran esfuerzo del gobierno colombiano, que destinó este año casi US$100 millones para ese fin.

"Pasaremos de la simple indemnización a la reparación integral y les vamos a ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida", subraya.

Pero ese optimismo no es compartido por los voceros de las víctimas.

"Ineficiencia judicial"

En declaraciones a BBC Mundo, Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se queja de que "no se esté avanzando hacia una reparación integral de las víctimas".

"Estamos ante una operación en la que se intentan enmascarar medidas que pueden ayudar a aliviar la situación de un grupo pequeño de víctimas, pero ante la ausencia de una verdadera política de reparaciones integrales", dice Cepeda.

El vocero añade que las vías judiciales "están mostrando total ineficiencia en esta materia".

"La situación es muy grave, porque, además, el saldo de la Ley de Justicia y Paz no es satisfactorio. Se han producido avances en materia de verdad, gracias a la presión de organizaciones nacionales e internacionales y de las cortes, pero aspectos sustanciales de la verdad siguen ocultos", indica.

Pizarro se defiende y dice que la reparación se está dando más rápidamente en Colombia que en otros países que también han sufrido conflictos armados.

Entre tanto, en el Congreso de Colombia sigue la controversia alrededor de un proyecto de ley para las víctimas.

El gobierno insiste en que las víctimas de las fuerzas del Estado sólo deben ser cobijadas por esa norma cuando haya una sentencia judicial, pero los voceros de las víctimas advierten que, en la práctica, eso significa que cada una de esas víctimas tendrá que esperar, en promedio, unos diez años.

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