Los decretos de la discordia
- Ricardo Benassi
- BBC Mundo
Perú vivió el peor estallido de violencia desde el fin de la lucha armada de las guerrillas en los años 90.
El peor estallido de violencia en Perú desde el fin de la lucha armada de las guerrillas -en los años 90-, sorprendió al gobierno del presidente Alan García en pleno proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos.
La cantidad de víctimas que dejaron los últimos incidentes terminaron por empañar la imagen de "eficiencia económica" exhibida por un país que logró cerrar el 2008 con un crecimiento récord del 9,8%. Aunque eclipsadas por la recesión internacional, las perspectivas del gobierno seguían siendo alentadoras para este año y lo eran más aún cuando proyectan sus miradas hacia 2010.
Pero en ese contexto general, comenzó a gestarse una protesta en los distritos amazónicos del Perú que fue creciendo en intensidad en los últimos dos meses hasta desembocar en los choques de este viernes.
Las comunidades originarias cuestionan una serie de decretos legislativos que fueron promulgados en 2008 por el presidente Alan García en uso de facultades conferidas por el Congreso.
La tierra y el agua
Una de esas normas es el decreto 1.090 que establece las pautas para el manejo de los recursos forestales. La derogación de este texto iba a ser debatida en el Congreso este jueves, pero las deliberaciones se postergaron por iniciativa del oficialismo.
Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.
Desde el gobierno sostienen, en cambio, que se trata de "ordenar" la explotación forestal y argumentan que el país necesita de la llegada de inversiones extranjeras para poder crecer y desarrollarse.
Se garantizan 12 millones de hectáreas para las etnias amazónicas más otros 15 millones destinados a reservas ecológicas, argumentan desde la presidencia del Perú.
Otra de las normas rechazadas, faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales, según denuncian dirigentes indígenas y congresistas opositores.
Las nuevas reglas para la gestión y distribución del agua contenidas en otro decreto cosecharon críticas de pequeños campesinos que temen un incremento de los costos y que se restrinja el acceso a los recursos hídricos para consumo y riego.
Tras los incidentes, desde el oficialismo acusan a la dirigencia indígena y a algunos partidos de la oposición de sembrar la confusión entre las comunidades.
Desde los sectores contrarios a las normas aseguran, por su parte, que el gobierno no tiene reales intenciones de dialogar y exigen que se deroguen los cuestionados decretos
