Alarma por delincuencia juvenil en Colombia

Joven apunta con una pistola.
Image caption Cada día son capturados 100 menores de edad en Colombia por diferentes delitos.

Un niño colombiano, de 9 años de edad, fue grabado en video mientras era obligado por sus padres a robar en una tienda, otro de 11 años encañonó con un arma de fuego a su profesor y un tercero, de 14 años, participó en el asesinato de una mujer embarazada.

En las últimas horas, un muchacho travesti, de 15 años de edad, se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali, en el suroeste del país, donde se le investiga por el crimen de un empresario.

Esos son sólo algunos de los casos ocurridos recientemente en este país, donde se volvieron a encender las alarmas por la delincuencia juvenil. Se trata de un fenómeno que no es nuevo, pues en los años 80 y 90 hubo menores que participaron en sonados crímenes de dirigentes políticos.

El Ministerio de la Protección Social reveló cifras según las cuales cada día son capturados 100 menores de edad en Colombia por diferentes delitos, que van desde simples robos callejeros hasta espeluznantes asesinatos.

Y, como suele suceder, la pregunta que surge es: "¿Qué se puede hacer ante el fenómeno?".

En el menú de respuestas se barajan muchas opciones, como campañas de prevención o nuevas reformas del código penal para aumentar las penas y reducir la edad de imputabilidad penal, que hoy está en los 14 años.

Por ahora, el gobierno colombiano le está apostando a la prevención y anunció un programa que inicialmente se concentrará en dos de las ciudades más afectadas, Medellín y Cali.

"Cadena de errores"

"Aquí hay una cadena de errores muy preocupantes", le responde a BBC Mundo la abogada Beatriz Linares, una experta que durante ocho años fue Defensora del Pueblo Delegada para la Infancia.

Linares, quien participó en el proceso para adoptar la nueva ley de infancia y adolescencia, insiste en que el problema no se soluciona penalizando más a los menores ni reduciendo la edad de imputabilidad penal, como plantean otros.

De hecho, gracias a la más reciente reforma legal los menores que hayan cometido delitos en Colombia podrán ser condenados a penas privativas de la libertad hasta de ocho años de prisión, "lo mismo que pagarán los paramilitares autores de los peores crímenes", dice Linares.

Para ella, el problema de fondo es que "muchas familias colombianas encontraron en sus hijos e hijas el mejor sustento económico para vivir. Aquí hay tema que no es de una ley, pues para muchos adultos los niños no son sujetos de derechos, sino objetos".

Según Linares, eso explica que haya niñas que sean obligadas por sus padres a vender sus cuerpos o menores que tengan que dejar la escuela para ir a trabajar y conseguir recursos para el sostenimiento de sus familias.

Aunque algunos atribuyen el repunte de la delincuencia juvenil a la crisis económica, Linares considera que esa explicación "es una excusa".

"Ante los recientes casos, la sociedad colombiana tiene sed de justicia con los adolescentes, pero nos quedamos en la superficie del problema, porque ni siquiera hay normas que penalicen a los padres o adultos que los obligan a delinquir", concluye la experta.

"Sed de justicia con los adolescentes"

El director de la policía nacional, general Óscar Naranjo, admite que jóvenes y menores de edad siguen siendo reclutados y usados por bandas criminales en diferentes zonas de Colombia.

"Los crímenes cometidos por menores de edad son 'más económicos' y, además, muchas veces a los menores les pagan en especie, con drogas para su propio consumo", le explica a BBC Mundo Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá.

En medio de la alarma por los recientes hechos que involucran a menores, el gobierno nacional lanzó el programa Unidos por la Vida, que será coordinado por Luz Marina Bustos, la primera mujer que tiene el grado de general en las fuerzas armadas de Colombia.

"Una primera fase será de sensibilización. La siguiente está encaminada a capturar y judicializar (procesar judicialmente) a los cabecillas de organizaciones ilegales y delincuenciales que usan a niñas y niños. Por último, atacaremos todos los actos que comprometan a menores", explicó la general Bustos.

Inicialmente, el programa pondrá en marcha planes piloto, que luego se extenderán a todo el país.

El propósito del programa es que después de dos meses de estar en marcha se pueda hacer un primer balance de los resultados.

"Yo espero que ese plan dé resultados. Debemos tener en cuenta que trabajar en prevención no es rentable políticamente en América Latina", observa Linares.

La experta subraya que muchas veces los gobernantes no reconocen que es mejor invertir 16 dólares al mes por cada niño que está en un hogar donde recibe alimentos y cuidado, que gastar 500 dólares en un menor que está privado de la libertad.

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