Venezuela: habrá petroquímicas mixtas

Petrolera en Lagunillas, Venezuela.
Image caption Las ventas de crudo representaron el año pasado más del 90% de las exportaciones de Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que reserva al Estado las actividades de la industria petroquímica, pero que también permite la constitución de empresas mixtas, en las que entes privados podrían tener hasta la mitad de las acciones.

En estas compañías público-privadas el gobierno se reservaría el control último, a través de la potestad única de designar al presidente y la directiva.

Se trata de un paso más en la estrategia oficial - trazada en el llamado Plan Socialista de la nación, que fue aprobado por la Asamblea en 2007- de colocar bajo control estatal toda actividad económica considerada de carácter estratégico.

Las ventas de crudo representaron el año pasado más del 90% del total de las exportaciones de Venezuela. No obstante, el país importa ciertos productos terminados, como la gasolina.

En la exposición de motivos de la ley, se explica que es "política del Ejecutivo dar prioridad a los proyectos de transformación de los hidrocarburos, con la finalidad de estimular esencialmente el desarrollo social y económico, preservando los recursos, valorización social e industrialización de los recursos naturales", de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Asamblea Nacional.

Pero para ello necesitará de recursos privados, en tecnología y dinero, según admitieron fuentes de gobierno y oposición.

En igualdad de condiciones

"Es falso que el Estado se esté apropiando de la industria", explicó el presidente de la comisión de Minas, Ángel Rodríguez. "Tendrá una participación importante (pero) todo el que tenga la posibilidad podrá asociarse en igualdad de condiciones", agregó.

Rodríguez explicó que de esta manera se busca atraer el capital privado a una industria que requiere inversiones estimadas en US$ 20.000 millones hasta 2013.

"Entre las facilidades que pueden darse están la exención de pagos de impuestos y tributos nacionales, exoneración de pagos aduaneros, incentivos fiscales municipales o asistencia crediticia entre otros", señaló el diputado.

Para José Toro Hardy, experto petrolero y ex directivo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) durante el gobierno anterior al del presidente Hugo Chávez, "el problema básico radica en el aspecto de la seguridad jurídica".

"¿Están dispuestos a aportar la tecnología y el dinero unos inversionistas que han visto la actuación (del gobierno) en el caso de las contratistas petroleras?", se preguntó.

El especialista aludía así a la nacionalización, decretada el mes pasado, de empresas que prestaban servicios a la industria petrolera, tales como transporte o inyección de agua y gas en los pozos.

En vilo

El proceso, que el Ejecutivo asegura le ahorrará importantes recursos al país y le devolverá la soberanía entregada por otros gobiernos al capital privado, mantiene en vilo a decenas de compañías y a miles de empleados a los que se prometió su transferencia a la nómina de la estatal PDVSA.

Portavoces sindicales petroleros aseguran que miles de empleados están a la expectativa, mientras que el Ministerio de Petróleo señala que el plan es entregar el carnet de empleado a unos 1.000 trabajadores por semana.

Mientras, las compañías están en medio de una negociación por el pago de sus activos y la cancelación de una deuda millonaria por parte de PDVSA en concepto de servicios prestados.

"Si no hay confianza es muy difícil atraer inversión", señaló José Toro Hardy.

Según el diputado Rodríguez, sin embargo, ya hay inversionistas "con quienes las conversaciones están bastante adelantadas". Los empresarios interesados en invertir en la petroquímica nacional provienen de países como Brasil, Japón, India y Arabia Saudita, indicó.

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