Más protestas sociales en Perú

Manifestantes contra el presidente peruano, Alan García, junio 2009
Image caption Las protestan han provocado una caída en picado en la popularidad del presidente Alan García.

El gobierno de Perú sigue sin poder desactivar las protestas sociales que sacuden a los departamentos de Junín (Andes centrales) y Cusco (sudeste).

En la provincia de La Oroya en Junín, miles de obreros de la minera Doe Run iniciaron una huelga este lunes y bloquearon la Carretera Central del país en protesta por la suspensión de operaciones de esa empresa.

Y en Cusco miles de trabajadores marcharon esta semana contra los planes del gobierno de construir una planta hidroeléctrica por temor, entre otros, a que provoque daños medioambientales.

Algunos analistas temen que la situación pueda agravarse, sobre todo después de que el gobierno autorizara la intervención del ejército en apoyo a la policía.

Este brote de protestas se registra casi tres semanas después de que duros enfrentamientos dejaron 34 personas muertas en la Amazonia, después de la peor manifestación que encaró el presidente Alan García.

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En gran parte debido a esta crisis, el nivel de aprobación a la gestión del mandatario bajó a 21%, nueve puntos porcentuales menos con respecto a mayo, según concluye una encuesta reciente de Ipsos Apoyo.

Apurímac, nota positiva

Sin embargo, no todas son malas noticias para el gobierno: el presidente García consiguió solucionar por el momento un tercer foco de conflicto en la región andina de Apurímac, donde las organizaciones sociales acordaron este martes suspender sus protestas.

Los manifestantes llevaban días bloqueando carreteras exigiendo más inversiones y atención del Estado en la región, una de las más remotas y pobres del país, situada a unos 400 kilómetros al sureste de Lima.

Finalmente decidieron aceptar la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien viajó a la zona y se comprometió a construir una carretera a Abancay, la capital de la región.

Habrá por lo tanto paz hasta septiembre cuando los dirigentes locales evalúen el cumplimiento de los acuerdos.

Simon también aceptó crear una comisión "de largo plazo" con delegados de comunidades para canalizar las demandas de la zona.

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