Lula a punto de decidir sobre el Amazonas

Esta semana el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, debe tomar una de las principales y más esperadas resoluciones respecto a la propiedad de la tierra en la selva amazónica.

Antes del 25 de junio tendrá que determinar si veta parte del proyecto de ley que prevé la transferencia de un área de tierras públicas -alrededor de 670.000 kilómetros cuadrados- a manos privadas. Originalmente, el gobierno brasileño introdujo la llamada "medida provisional 458" como una forma de dar seguridad a los pequeños propietarios en la región amazónica. Pero los críticos de la propuesta aseguran que ésta equivale a una amnistía en favor de los "grileiros" (personas que se apropian ilegalmente de la tierra) y que la medida original ha sido modificada por el Congreso de manera que sólo servirá para alentar la deforestación.

La "medida provisional"

Durante mucho tiempo, la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra ha sido una de las principales causas de violentos conflictos en la región del Amazonas y representa un enorme obstáculo para las autoridades en sus esfuerzos por evitar la deforestación ilegal. Con la idea de hacer frente a este problema, el gobierno presentó la propuesta para transferir una amplia zona de tierras -aproximadamente del tamaño de Francia- a manos privadas.

La llamada "medida provisional" está pensada para resolver el asunto de los títulos de propiedad de cientos de miles de tierras ocupadas antes del 2004 y a las que nunca se les ha dado oficialmente un título legal.

Para las zonas más pequeñas -de menos de 100 hectáreas- los títulos serían otorgados de forma gratuita, para las medianas serían vendidos por un valor simbólico, mientras que las grandes fincas -de hasta 1.500 hectáreas- se subastarían a precios de mercado, pero con la posibilidad de un reembolso en 20 años.

Sin embargo, los cambios a la ley implican que las zonas más grandes puedan ser vendidas después de un periodo de tres años -en lugar de 10- y el temor de los opositores es que ésto conduzca a una mayor explotación de la selva.

Los grupos ecologistas también se han quejado de que la ley puede permitir el registro de tierras por parte de empresas o por testaferros que actúan en nombre de los grandes terratenientes.

Mucha presión

Greenpeace dice que esperaba la decisión la semana pasada pero, el hecho de que no se haya dado, es un signo de división dentro del gobierno y una señal de la enorme presión sobre el presidente Lula, quien se dice está recibiendo miles de llamadas telefónicas y correos electrónicos sobre el tema. "Sabemos que dentro de su gobierno hay mucha tensión entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, la Reforma Agraria y de los Estudios Estratégicos", dijo en entrevista para la BBC Marcelo Furtado, director ejecutivo de Greenpeace en Brasil. "Si él no se pronunció la semana pasada sobre cualquiera de los vetos, nuestra lectura es que es un mal indicio de que finalmente los grandes propietarios de tierras están influyendo en su enfoque", agregó. "Estamos muy preocupados." Furtado dice que el proyecto de ley, tal y como se presentó originalmente, ya está profundamente viciado "en términos de las áreas que serían privatizadas, en términos de quién tendría acceso a la tierra, en términos de falta de verificación de cualquier autoridad del gobierno sobre la situación de la tierra ". "El problema es que lo que estamos encontrando en el Amazonas es la actitud de 'yo no voy hacer nada porque estoy seguro de que vamos a ganar esta lucha y a cambiar la ley y a hacer esta deforestación legal '," dijo. "O la otra actitud es que - debido a que hay tan poca autoridad aquí y el gobierno está tan ausente- podemos seguir cortando la selva y nada nos va a pasar". "Este proyecto de ley será una señal importante para las personas que gozan de impunidad de que vale la pena cometer un crimen en la Amazonía".

No es de extrañar que los partidarios de la medida discutan esta controversia tal y como sucede con otras iniciativas que se están llevado a cabo en la Amazonía. El viernes, el gobierno brasileño anunció su propuesta "Arco Verde" en la cual pagarán a los pequeños agricultores hasta US$51 al mes por reforestar tierras afectadas en 43 municipios muy afectados.

El gobierno se ha puesto como objetivo reducir la deforestación en un 70% para 2018 y asegura que, según los índices de los meses recientes, estaría en su nivel más bajo en dos décadas, debido en parte al aumento de medidas de vigilancia.

El presidente Lula dice que las organizaciones no gubernamentales "no están diciendo la verdad" cuando dicen que la medida provisional alentará la apropiación ilegal de la tierra.

"Lo que queremos hacer exactamente es garantizar a las personas que tienen la propiedad de la tierra, para ver si podemos acabar con la violencia en este país", dijo Lula la semana pasada.

Sociedad dividida

Existe un consenso general de que el asunto de la propiedad de la tierra tiene que ser resuelto en la Amazonía, pero no parece que este proyecto de ley se haya construido sobre una base común. El acalorado debate sobre la medida ha vuelto a poner de manifiesto la división en la sociedad brasileña entre un fuerte grupo de presión agrícola interesado en promover el desarrollo y los grupos ecologistas que temen por el futuro de la Amazonía. Cualquiera sea la decisión que tome el presidente Lula, es poco probable que no sea objeto de controversia.