Guatemala: derechos indígenas rezagados

En Guatemala, el Presidente de la República, Álvaro Colom, se refiere a su administración como "un gobierno de rostro maya". Sin embargo, muchos consideran que este distintivo aún no equivale al cumplimiento del Acuerdo Indígena, uno de los capítulos de los Acuerdos de Paz firmados en 1996.

"De todos los acuerdos, el que menos avance ha tenido es el Acuerdo Indígena", asegura Héctor Rosada, ex negociador de los acuerdos de paz por parte del gobierno. "Hay un rezago histórico y estructural en el Estado".

Aún con la ayuda de remesas condicionadas que el gobierno lleva a los 45 municipios más pobres del país, a cambio de que los beneficiarios lleven a sus hijos a los centros de salud y los envíen a la escuela, Rosada sostiene que se necesitan cambios de fondo.

Son los mismos cambios que la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), afirma que busca; a través de la aplicación de políticas públicas equitativas en educación, salud, justicia, empleo y otras áreas.

Un ejemplo de la escasa aplicación de estas políticas está a pocos metros del Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Ana María Cacao se reúne ahí con sus tres hermanos para conversar... en Q’eqchi’, su idioma nativo. Cacao, de 27 años, es de Panzós, Alta Verapaz, en el noreste del país.

Desde hace varios años, esta mujer hace la limpieza en una casa de la capital ganando el equivalente a US$125 mensuales. Es menos del salario mínimo, aunque su jornada diaria es de diez horas. "Es lo que pagan", dice, encogiendo los hombros.

Cacao sólo consiguió cursar hasta tercer grado de primaria, en un país donde -según una encuesta de 2006- la deserción escolar en primaria de los niños indígenas supera a la de no indígenas. Las causas: necesidad de trabajar, enfermedad, falta de dinero, de maestros o de interés en los estudios.

"Mis papás no tenían dinero para comprar los cuadernos y libros que necesitábamos en la escuela", dice Cacao, cuyos hermanos también emigraron a la capital para trabajar.

El problema de desigualdad también se extiende a la aplicación de justicia, a decir de la comisionada que dirige Codisra, Vilma Sánchez Coyoy.

"No sólo no hay suficientes traductores, sino además cada juez debería conocer las costumbres y la cultura de las personas con quienes está tratando", explica Sánchez.

Por otra parte, la funcionaria argumenta que las comunidades indígenas actualmente también se ven obligadas a luchar por hacerse escuchar de cara a las concesiones que el gobierno otorga a las empresas mineras, para operar en sus comunidades.

Obstáculos en el Estado, avance local

Desde el Congreso de la República, la Comisión de Pueblos Indígenas intenta impulsar cambios en el fortalecimiento económico de las municipalidades y la representación de etnias en los partidos políticos, entre otros.

Sin embargo, el apoyo del resto del Congreso es débil. Otilia Lux, integrante de la comisión, revela que ninguna iniciativa que impulsa esa comisión ha sido aprobada desde 2008.

"Nos acusan de querer dividir al país (en indígenas y no indígenas), cuando lo que buscamos es igualdad de derechos para todos", dice Lux, una de los 20 diputados indígenas de un total de 158. La diputada señala que hay pocos avances en el acceso de los indígenas a las estructuras del Estado.

Sin embargo, reconoce que desde 1996 ha crecido la participación, especialmente de la mujer indígena joven, en las organizaciones populares.

El Vicealcalde de Sololá (en el oeste del país), Carlos Guarquez, dice por su parte que se han logrado más cambios a nivel municipal que estatal.

"Actualmente, hay 113 alcaldes indígenas de un total de 333 en todo el país", revela Guarquez, quien además es el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAI).

El tema indígena es complejo hasta en el conteo de la población de ese origen en el país. En una población de 13 millones de habitantes, el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística indica que la población indígena es el 41%. Guarquez sostiene que, según la AGAI, la proporción es en realidad del 65%.

"Lo que sucede es que las encuestas son demasiado subjetivas", explica el Vicealcalde de Sololá. "Si los encuestadores ven a alguien sin traje indígena, deciden que no es indígena en lugar de preguntarle a la persona si se considera a sí misma como tal".

Con Guarquez coincide Sánchez Coyoy, quien también ve el conflicto de cifras como un círculo vicioso. Según la comisionada, las precarias condiciones en que vive la población indígena tienen incidencia en cómo ésta es asumida por otros grupos.

"La pobreza atenta contra la cultura de los pueblos indígenas", sostiene y se refiere a los indígenas que no tienen los medios económicos para comprar su traje típico -aunque en las zonas más urbanas la influencia occidental, así como la discriminación hacia el traje, hace a muchas mujeres optar por abandonarlo temporal o definitivamente. Es así que, a los ojos de los demás, van migrando del grupo indígena al no indígena.

Ana María Cacao, la empleada doméstica, tiene rasgos indígenas y viste una falda típica de su región, pero al preguntarle si se considera indígena, dice que no sabe. Quizá su ambivalencia refleja la brecha entre las estadísticas del INE y la AGAI. Su caso también refleja otras realidades. Ella tenía 14 años cuando se firmó la paz y ya había abandonado la escuela.

Sin embargo, al preguntarle si cree que el gobierno atiende las necesidades de la población indígena, Cacao afirma que sí. "En mi pueblo el gobierno está ayudando a la gente", señala, aunque ella sigue en la misma situación que cuando llegó a la capital: sin una educación completa ni un empleo bien remunerado.

En otro costado de la plaza, de donde conversan Cacao y sus hermanos, está Sandra, de 12 años. Su diminuta figura bajo su traje típico lleva amarrado con una frazada a su espalda a un bebé de siete meses. Es el hijo de su hermana de 17 años, quien a esa hora -4:30 de la tarde- ayuda a sus padres a vender café caliente y pan dulce a pocos metros del lugar.

Sandra es de una aldea de Totonicapán (occidente del país), donde estudiaba la primaria. Dejó la escuela porque su familia se mudó a la capital para conseguir mejores ingresos.

"Mi mamá me dijo que quería que fuera a la escuela", dice, pero también se encoge de hombros, levemente volteando la mirada hacia el sobrino que lleva a cuestas. Se ríe cuando se le pregunta qué quisiera ser cuando sea grande. "Maestra", responde y mira de reojo a la Bandera de los Pueblos que ondea a unos metros de ella, en el Palacio Nacional.