Venezuela: reforma permite "escuchas"

 Imagen del interior de un celular. Foto de EyeWire, Inc.
Image caption Organizaciones de Derechos Humanos consideran que el objetivo último es "perseguir a la disidencia política".

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera instancia una reforma legal que amplía las facultades de las autoridades para captar y utilizar conversaciones privadas en investigaciones judiciales.

Los cambios al llamado Código Orgánico Procesal Penal incluyen una disposición que ordena a las empresas de telecomunicaciones a crear unidades "de 24 horas y 7 días a la semana" para procesar y entregar a la Fiscalía la información que este organismo requiera. En tiempo real, si así se les solicita.

El Ministerio Público podrá disponer de esas conversaciones privadas, "sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro medio".

Estas modificaciones han sido rechazadas por portavoces de oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran que el objetivo último es "perseguir a la disidencia política".

Representantes del oficialismo, en cambio, aseguran que la oposición está intentando crear un escándalo a través de "mentiras mediáticas" sobre una reforma que, aseguran, busca hacer más eficaz el sistema judicial venezolano.

Críticas

En la Asamblea, el diputado del bloque disidente Podemos, Ismael García, dijo que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para evitar la aplicación de una ley que, señaló, busca "criminalizar a la población y terminar de acorralar a los medios de comunicación".

Portavoces de distintas organizaciones civiles, como Control Ciudadano y el Foro Penal Venezolano, calificaron la reforma de inconstitucional.

El representante del Foro Penal, Gonzalo Himiob, le dijo a BBC Mundo que "se relajan muchísimo los requisitos que antes se pedían para determinar cuándo se puede o no interceptar una comunicación privada; incluso deja de ser necesaria la autorización de un juez".

En su opinión, "parece que el legislador está pensando que las leyes no están hechas para ayudar a las entidades colectivas, a la ciudadanía, sino para eventualmente servir para el respaldo de la hegemonía del poder".

En cuanto a la obligación de las empresas de telecomunicaciones de proporcionar las grabaciones, el abogado señaló que es imposible de poner en práctica, pero que en todo caso las ponía "al servicio del proyecto político del gobierno".

Desmentido

En la acera oficialista, el presidente de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Tulio Jiménez, negó segundas intenciones en la reforma legal.

Jiménez indicó que la posibilidad de utilizar grabaciones ya existía en el texto original. Admitió que al servicio "24 x 7" de las empresas de telecomunicaciones es una novedad, pero indicó que su objetivo es "agilizar procedimientos".

Por su parte, el diputado y abogado constitucionalista Carlos Escarrá pidió a sus colegas opositores que "dejaran de decir mentiras" y asumieran "una actitud de verdaderos legisladores que nos permita discutir con seriedad el contenido de la reforma".

Según Escarrá, las modificaciones buscan principalmente "profundizar las garantías para los beneficios procesales que permitan hacer más eficaz al sistema judicial venezolano".

Así, por ejemplo, se incluyen disposiciones que amplían la posibilidad de otorgar beneficios procesales, como suspensión condicional de la pena.

La ley todavía tiene que ser sometida a una segunda discusión para quedar aprobada por el Parlamento.

Luego el presidente de la República deberá promulgarla y ordenar su publicación, para que entre en vigencia.

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