Venezuela: la batalla por la escuela

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Venezuela abrió este miércoles una consulta pública para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que está en agenda desde hace varios años y que ha generado ya puntos de vista encontrados sobre el modelo que debe imperar en las aulas.

Image caption La idea es adecuar la educación al plan socialista de la nación.

Gremios docentes, asociaciones de padres y representantes de otras instituciones políticas y civiles acudieron al llamado de la comisión para presentar sus propuestas, en una materia que -coincidieron todos- tiene un carácter fundamental para el futuro del país.

El "Plan Socialista de la Nación 2007-2013" -documento aprobado por la Asamblea Nacional hace dos años, y que guía la acción de gobierno para ese período- se propone como tarea de carácter estratégico "adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista".

Algunos interpretan esto como un intento de "ideologizar" la educación con arreglo al paradigma socialista, lo cual las autoridades rechazan con el argumento de que la educación debe ser plural.

La batalla es ahora por la escuela. Y los protagonistas prometen darle desenlace este mismo año, pues coinciden en que la Asamblea Nacional está en mora con la LOE. De hecho, la Constitución aprobada en 1999 daba un plazo de dos años para adecuar la ley, que data de 1980, al nuevo pacto político.

Cuestión de ideas

"La educación que tenemos y queremos transformar puede calificarse como un instrumento al servicio de la ideología burguesa, fundamentada en la división social del trabajo, soporte ideológico de la dominación", anunciaba una de las láminas que la Comisión de Educación proyectaba en la pared mientras los invitados exponían sus puntos de vista.

"Está en juego la continuidad de nuestro proceso. Cada Estado tiene su sistema educativo. Nuestra propuesta no es socialista, porque es de transición, pero se encamina hacia allá", le dijo a BBC Mundo Aura Moreno, la representante del Sindicato de Fuerza Unida Magisterial (Sinafum, que agrupa a educadores que simpatizan con el proceso político que liderada el presidente Hugo Chávez).

"Si ellos (quienes no están de acuerdo) quieren una educación diferente, tendrán que irse para otro lado. Nosotros nos 'calamos' (aguantamos) la educación socialdemócrata y es momento de un cambio", añadió.

Por su parte, la portavoz de la Red de Madres, Padres y Representantes, Lila Vega, indicó que "la educación no puede ser un proyecto partidista".

"En principio, los gobiernos duran seis años y no puedes modificar todo el sistema educativo para satisfacer las necesidades de un solo partido en particular. El gobierno está equivocado. Las intervenciones orientadas en este sentido son erróneas", afirmó.

En todo caso, los asistentes aplaudieron el hecho de que la Comisión de Educación abriera la discusión de la ley a la opinión pública y manifestaron la esperanza de que pudiera lograrse un proyecto de consenso.

"Hago un llamado formal a todos los padres, madres, representantes, todos aquellos que tengan un hijo, que entiendan que ésta es una realidad. Éste es un país. Despierta que el momento es ahora", dijo en este sentido el portavoz de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, Fausto Romero.

Sensibilidades y especulaciones

Entre los elementos sensibles sobre la mesa de debate se contarían el carácter laico de la educación, en una nación donde la Iglesia Católica tiene un papel fundamental en la enseñanza privada.

Image caption Romero hizo un llamado a participar en el debate.

Al hilo de este punto, hay interrogantes sobre qué pasará con las instituciones de educación paga, frente al principio de la educación gratuita.

También se mencionan los sistemas de formación y ascenso de maestros. Unos seis gremios educativos contrarios al gobierno denuncian que ya hay un antecedente negativo: dicen estos gremios que un reciente contrato colectivo firmado en mayo por otros tres sindicatos oficialistas avanza ya por el camino de condicionar la contratación y ascenso de los docentes al cumplimiento de "requisitos ideológicos", tales como realizar ciertos cursos o haber participado en las llamadas "misiones" del gobierno.

Por último, portavoces oficiales vienen desmintiendo que la intención sea despojar a los padres de la patria potestad de sus hijos, una idea que atribuyen a una campaña de rumores orquestada por sectores opositores para generar pánico entre la población y desvirtuar la reforma educativa.

"Pregúntele al ministro de Educación sobre ese punto, no sé de dónde lo ha sacado", le señaló a BBC Mundo el portavoz de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, Fausto Romero. Como él, otros representantes de asociaciones civiles y de educadores alegan que el gobierno respondió a una denuncia que nadie había formulado.

El estado docente

Más allá de las especulaciones, hay poco de concreto en la materia específica de la reforma educativa. Sobre la mesa están un proyecto de ley que se quedó a mitad de camino en 2001, otro proyecto presentado por el ministro de Educación Superior y unas "líneas generales" dadas a conocer la semana pasada por ese mismo despacho conjuntamente con el ministerio de Educación (general) en un documento entregado al Congreso.

Las propuestas de los ministros se agrupan en tres bloques: la educación como derecho humano, el Estado docente y la pertinencia de la enseñanza.

Lo primero y lo tercero parecen objeto de acuerdo más o menos general. El quid estaría en lo segundo. A este respecto, el Estado buscaría "crear las condiciones para la participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública" y la escuela sería el espacio donde se construiría "el poder popular".

Desde la acera crítica, se cuestiona cómo se logrará eso. Algunos han expresado temores por un posible desplazamiento de actores fundamentales como las asociaciones de padres a manos de organismos como los consejos comunales, no necesariamente vinculados al quehacer diario de las escuelas.

En cuanto a qué contenidos serán impartidos a los escolares, los portavoces del gobierno aseguran que no es materia de la LOE, sino de leyes especiales que derivarán de ésta.

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