Honduras, legalidad y legitimidad

En términos políticos prácticos, el principal inconveniente de los golpes de Estado, al menos en América Latina, no es tanto su ilegalidad como su anacronismo.

Tiempo atrás, la ilegalidad no era un inconveniente serio para la aceptación.

En el país se callaba, por temor, mientras que en el exterior algunos gobiernos reconocían al nuevo hombre fuerte, el asunto se discutía en la OEA y todo se resolvía -o se diluía- con el tiempo.

A fin de cuentas, se creaba una nueva legalidad.

Ahora es diferente. La historia política ya tiene otro libreto.

Para muchos ya es algo obvio, pero otros no lo terminan de entender: la época de los golpes ha terminado y la palabra clave es "legitimidad".

Lo que está ocurriendo en Honduras refleja fielmente la actual dinámica política en los países americanos. Empleamos el término "dinámica" en su sentido mecánico, que trata "de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen", según la Academia de la lengua.

Roberto Micheletti, quien juró este domingo en reemplazo de Manuel Zelaya, aseguró en un discurso que "el proceso de transición es absolutamente legal".

Enrique Ortez Colindres, quien asumió la cartera de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Patricia Rodas, dijo a la BBC que en el exterior se habla de golpe de Estado porque "siempre los ejércitos han salido a destruir o a quitar funciones a los poderes establecidos. En este caso tenemos los tres poderes. No se ha tocado absolutamente nada, más bien se desposeyó a él (Zelaya) de la función de presidente para que se cumplieran los estamentos del Estado y así se hizo".

Las nuevas autoridades sostienen, entonces, que lo ocurrido fue una reacción institucional a un comportamiento ilegal anterior de Zelaya.

Sobre la legalidad de lo que ha ocurrido y ocurrirá en Honduras juzgarán, en definitiva, los propios hondureños. En el exterior, en cambio, se presta más atención a otro concepto, parecido pero diferente: la legitimidad.

Trasciende sectores

Es importante esta distinción.

Legalidad y legitimidad son nociones diferentes, aunque complementarias.

La legalidad excluye el manejo arbitrario del poder, pero deja margen para ajustes que el poder considere convenientes, supuestamente para el bien común (aunque en la mayoría de los casos sea el suyo propio).

La ambición de un gobernante de extender su mandato, limitado por las normas vigentes, es común a políticos de todo pelaje, cuando sus circunstancias le permiten el uso -y hasta el abuso- de los instrumentos constitucionales correspondientes.

No se trata de una predilección exclusiva de populistas de izquierda, ya que la tentación también alcanza a populistas de signo opuesto. Tampoco es algo exclusivamente latinoamericano, ya que lo hemos visto en un millonario estadounidense metido a político, Michael Bloomberg.

El alcalde de Nueva York buscó y obtuvo, el año pasado, una reforma de las normas electorales de la ciudad, para quedarse un tercer período en el cargo (y así poder, según los comentaristas, fortalecer sus aspiraciones a la nominación presidencial por el Partido Republicano de Estados Unidos).

Se dirá que lo crucial es la legalidad de lo actuado y que esa rectitud está sujeta a variaciones, algo que también puede ocurrir con la legitimidad, aunque por carriles diferentes.

En política siempre hay una tensión entre estos dos conceptos.

Una definición de legitimidad nos dice que es "el elemento integrador de las relaciones políticas de mando y obediencia".

Concretamente, es el factor que determina la aceptación social de la legalidad, o de la nueva legalidad, en el caso que nos ocupa.

El Presidente Barack Obama, que no reconoce al nuevo gobierno hondureño, tocó el tema al pronunciarse sobre la posibilidad de un referendo para la extensión del mandato del presidente colombiano Álvaro Uribe, tras el encuentro de ambos en la Casa Blanca.

"Creo que, en última instancia, lo más importante es que las personas sientan un sentido de legitimidad y propiedad, y que esto no es algo que se les imponga desde arriba", dijo, según informó BBC Mundo.

En otras palabras, Obama le está diciendo a Uribe que más allá de la legalidad del referendo, lo que está en juego es su legitimidad.

La nueva realidad social en los países americanos excluye cambios de régimen con las características del hondureño, más allá de su "legalidad".

Si el presidente Zelaya estaba procediendo ilegalmente (y las razones de quienes así lo creen suenan convincentes para muchos), el camino para su destitución era el juicio político, que ya estaba en marcha, y no la fuerza militar de madrugada.

Esas cosas ya no se hacen, por la misma razón que en una sociedad bien organizada no se admite el orden de los vigilantes.

Republicanos... ¿siempre?

Queda en pie un interrogante que muy bien podrían plantear las nuevas autoridades hondureñas: ¿mostrarían tanto celo republicano los presidentes que se han solidarizado con Zelaya, en el caso de que la víctima del golpe hubiera sido el presidente Uribe, por ejemplo?

Y otro: ¿qué hubiera pasado si en vez de ser presidente Obama hubiera sido presidente Bush?

Esto ya entra en el terreno de la especulación, pero sean cuales fueren las respuestas, sólo reflejarían algunos de los muchos hilos en la trama de la legitimidad.