Perú se prepara para nuevas protestas
- Ignacio de los Reyes
- BBC Mundo
Las marchas tendrán lugar un mes después del enfrentamiento entre las comunidades indígenas y el gobierno.
Una coalición de organizaciones sociales peruanas convocó nuevas protestas a lo largo de todo el país para esta semana, que serán supervisadas por el ejército a petición del Ministerio del Interior.
Durante el 7, 8 y 9 de julio, un conglomerado de organizaciones agrupadas bajo el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía celebrarán un "paro andino amazónico" en las regiones centrales del país.
En Lima y otras grandes ciudades peruanas marcharán el miércoles en lo que han venido a llamar "una jornada nacional de lucha", para poner fin a la disputa en torno a la explotación de los recursos naturales de las regiones indígenas.
Estas manifestaciones tendrán lugar un mes después del duro enfrentamiento entre las comunidades indígenas peruanas y el gobierno de Alan García a causa de unos polémicos decretos firmados por el presidente para favorecer la implementación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Piden renuncia del gobierno
El Frente pide, entre otras reivindicaciones, la derogación de esos decretos, además de la renuncia del gabinete de Alan García, una nueva constitución y la celebración de una investigación independiente que aclare los violentos hechos acontecidos ocurridos en la zona de Bagua el pasado 5 de junio, en los que perdieron la vida más de 30 personas entre activistas indígenas y fuerzas policiales. Estas organizaciones, conformadas por grupos de izquierda, indígenas y nacionalistas, exigen al gobierno cesar la "criminalización" de los líderes nativos peruanos y permitir la vuelta del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, quien recibió asilo político en Nicaragua tras ser acusado de traición y sedición. Además, el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) llamó a un paro de transportistas y de profesores de escuelas para el miércoles que pretende reclamar mejoras laborales.
Presencia del ejército
Ante esta sucesión de protestas, el Ministerio del Interior Peruano autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en apoyo a la policía, para "garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados", según reza una declaración oficial. El gobierno advirtió que con el despliegue de tropas en las calles "no existirá en modo alguno restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales". "Las Fuerzas Armadas están preparadas para una guerra, y esto no es ninguna guerra, es sólo una medida de protesta reconocida por la Constitución", dijo el coordinador del Frente, Miguel Palacín. El presidente de la República suscribió además un decreto de urgencia instando a las empresas públicas, "de manera excepcional y por única vez", a evitar el absentismo laboral durante los días de marcha a través de incentivos económicos.
¿Hacia un paro nacional?
En declaraciones a BBC Mundo, Palacín advirtió que, de no aceptar sus reivindicaciones, Alan García tendrá que hacer frente a un paro nacional. "Al gobierno no le queda otra alternativa que atender nuestras demandas. Si éstas no se dan llegamos a un periodo sumamente delicado, y (el gobierno) se deslegitima cada día más porque vulnera la constitución y los tratados internacionales". "Cambia el modelo o cambia el gobierno", advirtió. Tanto Palacín como Mario Huamán, dirigente de la CGTP, negaron además que recibieran apoyo de gobiernos extranjeros. "El gobierno está buscando culpables fuera, donde no los hay (...) Son cortinas de humo para desviar la atención y querer involucrarnos con gobiernos con los que no tenemos nada que ver", dijo el primero. Hace apenas diez días, en la provincia de La Oroya en Junín, miles de obreros iniciaron una huelga y bloquearon una carretera en protesta por la suspensión de operaciones de su empresa. En Cusco, miles de trabajadores marcharon esa misma semana contra los planes del gobierno de construir una planta hidroeléctrica por temor, entre otros, a que provoque daños medioambientales.
