La inercia de la impunidad guatemalteca

El 11 de julio se cumplen dos meses desde que un video sacudiera a la presidencia de Guatemala. Contenía una acusación pre mórtem de asesinato contra el mandatario del país, Álvaro Colom. Pero bastaron 60 días para que el caso desapareciera de la agenda noticiosa.

Image caption La comisión ayuda a desmantelar los aparatos clandestinos que operaron entre 1960 y 1996.

Peor suerte corren las muertes violentas de víctimas de bajo perfil. Su registro apenas tiene un día de vida en los medios y la probabilidad de que se les haga justicia es mínima. En Guatemala, sólo 2% de los casos tienen ese privilegio. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ha propuesto cambiar esta tendencia.

"No puede ser que se vaya matando a 700 mujeres al año y que no haya nadie que ingrese a prisión por eso", le dijo a BBC Mundo Carlos Castresana, quien dirige la CICIG. "Hay que poner un punto final y hay que construir casi desde cero".

La comisión -que la Organización de Naciones Unidas (ONU) creó en agosto de 2007 a petición del gobierno de Guatemala- ayuda a desmantelar los aparatos clandestinos de seguridad que operaron durante el conflicto armado entre la guerrilla y el ejército de 1960 y 1996.

Estos, según Castresana, debieron ser desmantelados desde 1996 con la Firma de la Paz. Ahora, "12 años después", indicó el comisionado, se han convertido en "crimen organizado... que está socavando las instituciones", dijo en referencia al Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario.

"El fracaso de todo el sistema judicial (guatemalteco) es lo único que explica por qué esas cifras de impunidad son casi de un fracaso completo, el 98%; (esto) sólo se explica porque está fallando todo el sistema", afirmó Castresana, quien participó en el proceso contra el ex presidente de facto de Chile Augusto Pinochet y estuvo a cargo de la Oficina Anti-Drogas de la ONU en Monterrey, México.

Impunidad

La comisión entiende que la impunidad no es el problema, sino la consecuencia del problema: la corrupción sin consecuencias penales.

El funcionario aclaró que no es que en Guatemala haya muchos más crímenes que en países vecinos. De hecho, según la Organización Panamericana de la Salud, al inicio del lustro actual el número de muertes violentas por cada 100 mil habitantes en territorio salvadoreño casi duplicaba al de Guatemala.

"(En El Salvador) No están en el paraíso, pero están en una situación mucho mejor", reveló el comisionado, y explicó que en El Salvador los grupos clandestinos de seguridad sí fueron desmantelados después del conflicto armado. En ese país existe un 50% de impunidad, casi como en Honduras.

Estos países vecinos y el resto de la región también serían beneficiados si la CICIG consigue sus objetivos en Guatemala, dado que el crimen organizado que opera en este país tiene alcances internacionales.

Un objetivo de la comisión es investigar casos "que afectan a la gobernabilidad, porque ponen en tela de juicio todo el sistema", destacó Castresana.

El funcionario señaló que tres de los casos más importantes que investigan son: el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que grabó un video en el que acusa de su muerte al presidente de Guatemala, Álvaro Colom; el del ex presidente Alfonso Portillo, acusado de corrupción, y el del ex asesor presidencial de seguridad Víctor Rivera, asesinado en 2008, y en cuyo caso la CICIG sospecha que algunos fiscales entorpecieron la investigación.

Lea: Video acusa a Álvaro Colom

En el caso Portillo, quien quiere sacar a la CICIG del proceso judicial en su contra, el comisionado sostuvo que, "si el sistema es capaz de procesar a un ex presidente, entonces quiere decir que cualquiera está sometido al imperio de la ley".

Del caso Rosenberg, Castresana aseguró que una imputación de esa magnitud debe aclararse para no afectar "la normalidad del desarrollo de la tarea de gobierno". El mandatario; la primera dama, Sandra Torres, y el Secretario Privado, Gustavo Alejos, fueron acusados de fraguar la muerte de un banquero y de su hija, presuntamente porque éste habría descubierto anomalías en algunas transacciones del Ejecutivo. Por ahora, la Fiscalía nada ha divulgado sobre este caso.

Sentar precedente

"Estamos intentando que en Guatemala se juegue por las reglas, que se cumplan, y que haya árbitros capaces de sancionar cuando se produce una infracción", le explicó Castresana a BBC Mundo.

"Eso, que en algunos países se puede dar por entendido, por desgracia en Guatemala no es una realidad y debería serlo", agregó.

Hasta el momento, la comisión se precia de haber ayudado al gobierno en 2008 a "correr" a 1.700 policías que incumplían las reglas, incluyendo a 50 comisarios.

Para lograr sus objetivos, la CICIG contará con un segundo mandato de dos años a partir de agosto próximo, si el Congreso de Guatemala lo ratifica antes de que finalice julio. De hecho, Castresana ya se reunió con representantes de los 30 países donantes para discutir el financiamiento de la comisión de 2009 a 2011. No cree que la comisión debería durar más tiempo.

La CICIG contribuye a capacitar lo que el comisionado llama "un grupo muy comprometido de jueces, fiscales, y policías" que pueda continuar la tarea cuando la misión salga del país, y a crear alianzas en la sociedad civil que consoliden las conquistas que la comisión ayude a conseguir.

Una de estas conquistas deberá ser un "parte-aguas" después del cual la impunidad sea la excepción y no la norma.

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