"Una victoria de la sensatez"

Costa Rica recibió con “suma complacencia” el fallo de este lunes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que puso punto final a una disputa con Nicaragua que se arrastró por décadas, en torno a los derechos de navegación en el fronterizo río San Juan.

El canciller costarricense Bruno Stagno dijo que con el fallo la CIJ definió con mayor precisión el tratado Cañas-Jerez que, en abril de 1858, estableció los límites entre Costa Rica y Nicaragua.

“La Corte refrendó el derecho que tienen los habitantes de la zona a navegar sin restricciones entre las comunidades ribereñas con el fin de satisfacer sus necesidades esenciales”, señaló la cancillería costarricense.

Además, agregó que “le confiere a Costa Rica el derecho de navegar con embarcaciones oficiales para brindar servicios básicos a los habitantes de la zona. También le otorga el derecho de pescar desde la ribera costarricense”.

El embajador de Costa Rica en Managua, Antonio Tacsan, resumió a BBC Mundo la decisión como “una victoria de la sensatez”.

Por su parte, el secretario de Cooperación Externa de la Cancillería nicaragüense, Valdrack Jaentschke, declaró al Canal 4 de Managua que la resolución fue "una victoria para el Estado de Nicaragua (porque) confirma el control absoluto que tienen los nicaragüenses sobre el río".

Viaje por un río

Las pasiones que despiertan las luchas por la soberanía se desdibujan cuando se viaja por un río que hace frontera de casi la mitad del territorio que comparten ambos países y que, más que dividirlos, parece unirlos.

Basta instalarse en el muelle de Los Chiles, un poblado fronterizo del norte costarricense, a orillas del río Frío, y conversar con quienes esperan la panga (embarcación) que los llevará, en menos de una hora, a San Carlos de Nicaragua, a solo 15 kilómetros de distancia, en las orillas del lago donde nace el río San Juan.

En el pequeño muelle de Los Chiles, que visitó BBC Mundo hace cuatro años, cuando la tensión subía y el conflicto se llevaba al tribunal de La Haya, estaba sentado Rafael Arana, con sus manos curtidas y sus bigotes grises. Iba de regreso a Nicaragua, a sembrar unos frijoles en la finca de una hermana.

“Con los años que tengo de vivir en Costa Rica, no me he nacionalizado. Pero me siento como que soy de acá, tranquilo. Casi vivimos en los dos países”, nos dijo entonces, mientras esperaba su panga.

Doscientos kilómetros más abajo, otros dos poblados, el nicaragüense San Juan del Norte (o Grey Town, como lo llamaban los ingleses), y el costarricense Barra del Colorado, comparten el delta a través del cual el río desemboca en el Caribe.

Ahí se enfrentaron, hace ya más de 150 años, Estados Unidos, en plena expansión territorial, e Inglaterra, que tenía, en San Juan del Norte, la sede de su poder en La Mosquitia. De esa época queda el “cementerio de los ingleses” en San Juan.

En ese lugar, Cornelius Vanderbilt y Charles Morgan, los dos gigantes financieros de la época, luchaban por el control de la “ruta del tránsito”, donde circularon los aventureros enardecidos por la fiebre del oro de California, a mediados del siglo XIX.

De esos intereses, y de esos conflictos, surgió el tratado Cañas-Jerez que, en abril de 1858, estableció los límites entre Costa Rica y Nicaragua, que hoy la CIJ ha definido con mayor precisión, como lo destacó a BBC Mundo el canciller Stagno.

En algo los dos países estuvieron siempre de acuerdo: el tratado Cañas-Jerez le daba a Nicaragua la “soberanía y sumo imperio” sobre el río.

Pero el mismo tratado le concedía a Costa Rica derechos de libre navegación con fines de comercio, y los límites de ese derecho terminaron siendo nueva fuente de conflicto entre ambas naciones, que se agudizó a fines de los años 90’s, cuando el gobierno costarricense pretendió que sus policías pudieran navegar por el río con sus armas de reglamente.

En función de la posición de Costa Rica, dijo a BBC Mundo Manuel Araya, historiador y especialista en el tema, el fallo determina que el objeto de la libre navegación que el tratado concede al país es el comercio, pero que el concepto ha variado con el tiempo, para incluir, en la actualidad, el transporte de personas y el turismo.

Costa Rica podrá seguir explotando estas actividades, sin necesidad de visas o de tarjetas de turismo para sus ciudadanos o para quienes naveguen en sus barcos por el río.

Pero Nicaragua podrá fijar calendarios de navegación, revisar pasaportes en los puntos de control establecidos y los barcos tendrán que llevar la bandera nicaragüense cuando naveguen por el río.

Para el país también era importante que se reconociera a los habitantes del lado costarricense el derecho de navegar por el río para llegar a las diferentes comunidades en su orilla, y de pescar en él con fines de subsistencia.

Carácter político

La pretensión costarricense de que sus policías pudieran navegar por el San Juan con sus armas de reglamento, o que lanchas oficiales pudiera reabastecer de armas o municiones los puestos ribereños, es un asunto de carácter más político, en opinión de Manuel Araya, que fue rechazado por La Corte.

“Los barcos oficiales costarricenses no pueden navegar por el río, excepto cuando se trate de dar asistencia a la población costera”, afirmó Araya.

Parece resolverse así todas las controversias pendientes, con un fallo inapelable, que debería poner fin a las disputas en torno a los derechos de navegación en el río San Juan y que, como lo señaló el canciller costarricense, satisface casi todas las demandas que el país presentó hace cuatro años a la Corte Internacional de La Haya.