Guatemala: más cambios ante la violencia

Policías y soldados guatemaltecos en una base aérea de Guatemala el 7 de marzo.
Image caption Las autoridades ordenaron el patrullaje combinado entre el ejército y la policía para combatir los crímenes.

En un año y medio de gobierno, el gobierno del presidente Álvaro Colom ya estrena su cuarto ministro de Gobernación. El 9 de julio pasado se oficializó la noticia: Salvador Gándara dejaba el cargo y le sucedía Raúl Velásquez, un viceministro de esa cartera.

Era un hecho del que se hablaba extraoficialmente después de una intensa interpelación a Gándara en el Congreso semanas atrás.

En una de sus primeras declaraciones a la prensa como nuevo ministro, Velásquez dijo que "ahora sí se iban a poner en práctica los planes de seguridad", porque él mismo había participado en su diseño con el equipo de trabajo del partido oficial, cuando estaban en campaña.

El cambio intensificó la preocupación en diversos sectores ante la inseguridad en el país. Guatemala ronda los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que—según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)—es considerada una epidemia. Se suma a ello la impunidad, ya que sólo se hace justicia en dos de cada 100 casos.

El gobierno de Álvaro Colom tuvo intenciones de continuidad en 2008 al nombrar como ministro de Gobernación a Vinicio Gómez, quien fue viceministro de esa cartera en el anterior gabinete.

Gómez siguió controlando los programas de capacitación para policías, especialmente contra el narcotráfico, y las unidades de investigación específica de crímenes contra mujeres y activistas de derechos humanos.

También aumentó el número de policías en las zonas con mayor actividad del crimen organizado. Pero el funcionario no pudo concluir un año en el cargo porque falleció en un accidente aéreo.

Bienvenida violenta

En 2008, la delincuencia y el crimen organizado recibieron al nuevo gobierno con el asesinato de cinco conductores del transporte colectivo en un día; el asesinato de Víctor Rivera, asesor de seguridad del gobierno anterior, y dos matanzas perpetradas por los narcotraficantes, las primeras en la historia del país. Las autoridades respondieron con patrullajes combinados entre el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC). Fueron frecuentes las visitas sorpresivas de Colom a varias comisarías para reiterar su apoyo a los agentes.

También se anunció que en los primeros 10 meses de gobierno se decomisó más cocaína que en los dos años anteriores y se detuvo a docenas de integrantes de pandillas juveniles. Pero la violencia no mermó. Para fines de año, el nuevo ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto al presidente y a funcionarios del Ministerio de la Defensa, anunciaban la necesidad de US$369 millones (adicionales al presupuesto 2009) para reforzar la seguridad. También dijeron que la violencia era producto del descuido de los dos gobiernos anteriores. El anuncio no tuvo repercusiones. Después de octubre 2008 no volvió a mencionarse. De hecho, la crisis económica ocasionó que el presupuesto se resintiera por la baja recaudación de impuestos.

Gobernación recibió el mayor incremento presupuestario en su historia, pero la reducción de recursos limitó los fondos asignados a seguridad (7% del presupuesto).

Casos demasiado famosos

Image caption En abril, un abogado grabó un video póstumo en el que responsabilizaba de su muerte al presidente Colom.

La inseguridad en 2009 ocasionó que hasta las visitas de los turistas del vecino El Salvador se redujeran en un 14%, aunque en ese país la tasa de homicidios es mayor que la de Guatemala, según la OPS. Los operadores de turismo han dicho a la prensa que los casos de alto perfil, más que las estadísticas, alejaron a los visitantes. Un ejemplo es el asesinato en abril de Rodrigo Rosenberg, un abogado que grabó un video pre mortem en el que responsabilizó de su muerte al presidente Colom, a la primera dama, y al secretario privado, Gustavo Alejos.

También los culpó de fraguar el asesinato de dos de sus clientes. Para entonces, el ministro Jiménez había sido reasignado a otro cargo, y en su lugar estaba Gándara. El gobierno también preparaba la creación del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, con el Congreso y el Organismo Judicial, para garantizar la continuidad de las políticas de seguridad.

Paralelamente, Gándara cerraba unidades creadas por Gómez, como la encargada de investigar crímenes contra mujeres y activistas de derechos humanos.

Impunidad

Pero el problema no es sólo Gobernación, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sino todo el sistema judicial. De lo contrario, no podría explicarse que haya un 98% de impunidad en el país, según dijo Carlos Castresana, quien dirige la comisión que investiga los casos Rosenberg y Rivera. La comisión, instalada por la Organización de Naciones Unidas a petición del gobierno guatemalteco, señaló que los cambios constantes producen desgobierno. "Se gastan enormes cantidades de dinero, pero los programas no tienen continuidad", dijo Castresana a BBC Mundo. La CICIG apoya la implementación del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, una política criminal que deberá consensuarse entre todos los partidos, con un plazo de ejecución de 10 a 12 años.

La idea, según el comisionado, es que tenga continuidad "sea quien sea el ministro, sea quien sea el presidente", y romper con los frecuentes cambios que llevan a gastar millones de dólares (propios y de cooperación externa) sin ofrecer resultados.

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