Chile: prolongado paro de gendarmes

El conflicto en Chile entre el gobierno y la gendarmería -el organismo responsable del sistema carcelario- amenazó con agravarse esta semana, luego de que los huelguistas anunciaran que radicalizarán su protesta.

Image caption Hasta el momento el conflicto está causando problemas menores en las cárceles.

Unos 7.000 de los 13.000 gendarmes del país participan desde comienzos de julio en una huelga en reclamo de aumentos salariales y en rechazo a una ley presentada por el gobierno, que propone "modernizar" la gendarmería.

Las autoridades afirmaron que no hablarán con los huelguistas hasta que levanten el paro, que es ilegal.

A pesar de ser una organización cuasi militarizada, la gendarmería en Chile no forma parte de las fuerzas armadas, sino que es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia, y como tal, no tiene derecho constitucional a la huelga.

Queja ante la OIT

Hace dos meses los gendarmes habían iniciado otro paro, que levantaron cuando las autoridades convocaron a una mesa de trabajo, que se rompió sin lograr acercar posiciones.

El gobierno de Michelle Bachelet logró acordar con dos de las cuatro asociaciones gremiales que agrupan a los funcionarios penitenciarios, pero aún continúa la disputa con los otros dos sindicatos.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF), a la que pertenecen los guardias de prisiones, anticipó este lunes que se quejará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que las autoridades han vulnerado derechos sindicales.

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, criticó al gobierno por negarse a dialogar con las dos agrupaciones que continúan con la protesta.

"Un gobierno que habla de diálogo social, pero que no conversa con los trabajadores es arrogante", acusó.

Apoyo

La ANEF, que agrupa a unos 70.000 trabajadores públicos, llevó cabo un paro de 48 horas a mediados de julio, en solidaridad con el reclamo de los gendarmes.

Image caption El gobierno de Michelle Bachelet logró acordar con 2 de los 4 gremios que agrupan a los gendarmes.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizada (Cofusam) amenazó este lunes con sumarse a la movilización de los funcionarios penitenciarios.

Francisca Werth, directora ejecutiva de la ONG Fundación Paz Ciudadana, dedicada a estudios de seguridad pública, le dijo a BBC Mundo que el gobierno de Bachelet "tiene las manos atadas".

"Es muy difícil para el gobierno ejercer algún tipo de sanción porque los gendarmes son funcionarios públicos y muchos son inamovibles.

"Van a tener que negociar o se puede producir una gran crisis del sector público. Las agrupaciones sindicales son muy poderosas", consideró.

Werth agregó que hasta el momento el conflicto está causando problemas menores en las cárceles, afectando principalmente el ingreso y la salida de los internos, lo que dificulta la tarea de los tribunales.

Sin embargo advirtió que una prolongación de la disputa podría llevar a problemas de mayor envergadura, como motines, fugas, u otros problemas de seguridad.

Proyecto de ley

El proyecto de ley que disparó el conflicto con los gendarmes fue presentado por el gobierno en marzo.

Propone reformas como la evaluación de desempeño y la introducción de cursos de capacitación obligatorios, además de aumentar el espacio para la participación privada en el sistema carcelario.

También prevé una mejora salarial, pero ésta no ha satisfecho las demandas de los huelguistas.

Para Francisca Werth, si bien los principales reclamos de los gendarmes están relacionados a la paga, las objeciones "de fondo" tienen que ver con el "dominio exclusivo que ha tenido sobre las cárceles chilenas la gendarmería durante varias décadas".

Según el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, son varios los parlamentarios de diversos partidos políticos que se oponen a la iniciativa legal, que fue enviada al Congreso luego del acuerdo entre el gobierno y dos de las cuatro agrupaciones del sector.

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