Uruguay: polémica por Ley de Caducidad

Campaña por la anulación de la ley de caducidad en Uruguay / Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento
Image caption Un sondeo reciente indica que el 47% de los uruguayos votará a favor de anular esta ley.

Cuando en octubre los uruguayos elijan a su próximo presidente también deberán decidir si quieren anular o no la Ley de Caducidad. La norma, aprobada en 1986 y refrendada en una consulta popular en 1989, impide que los militares y policías sean llevados ante la justicia por crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó al país entre 1973 y 1985.

Durante un año y medio la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, integrada por organizaciones sociales, políticas y reconocidas personalidades de la cultura uruguaya, recolectó firmas de la ciudadanía y logró convocar a un plebiscito sobre el tema.

Un sondeo reciente realizado por la consultora de opinión Factum, indica que el 47% de los uruguayos votará a favor de anular esta ley. Una cifra alta, el 21% de la población, dijo no tener una posición definida.

El sociólogo de Factum, Eduardo Botinelli, explicó que ese porcentaje incluye a quienes efectivamente no tienen una posición tomada, pero también a aquellos que prefieren no responder y "ocultar" su posición dado "lo delicado" que puede resultar el tema para muchos uruguayos. Para anular la norma se necesita el 50% más uno de los votos.

Argumentos a favor y en contra de la anulación de esa ley

BBC Mundo habló con el abogado especialista en derechos humanos Oscar López Goldaracena, impulsor de la anulación de la norma e integrante de la Coordinadora, y con Julio María Sanguinetti, quien fuera dos veces presidente de la República, quien está en contra de anular la ley que se aprobó durante su primer mandato.

Oscar López Goldaracena

Image caption López cree que la Ley de Caducidad es "absolutamente nula e inexistente".

Aspecto jurídico:Los artículos 1 a 4 de la Ley de Caducidad son contrarios a normas y principios del derecho internacional que obligan a todos los estados a abstenerse de adoptar legislaciones que impidan juzgar hechos históricos que califiquen como crímenes de lesa humanidad, tal cual sucedió con el terrorismo de Estado.

La Ley de Caducidad renunció a juzgar crímenes de lesa humanidad y por lo tanto es absolutamente nula e inexistente desde el punto de vista jurídico.

A nivel de derecho interno, la ley es nula por un vicio en su consentimiento, al haberse aprobado bajo coacción militar, ya que fue dictada bajo amenaza de las Fuerzas Armadas de un desacato institucional.

En aquél momento, cuando comenzaron las primeras citaciones judiciales, dijeron que no se iban a presentar y amenazaron con la desobediencia. Se forzó al Poder Legislativo a votar algo que permitiera que las Fuerzas Armadas quedaran impunes por los crímenes cometidos.

Además la Ley de Caducidad viola el principio republicano y constitucional de la separación de poderes, porque quien decide qué caso se juzga y qué caso no, es el Poder Ejecutivo.

Aspecto político: En Uruguay todavía se está transitando en una etapa post dictadura. Existe el Estado de Derecho, la democracia representativa, pero seguimos atados a una situación política de la época de la dictadura.

La Ley de Caducidad le da impunidad a aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos y entendemos que la única manera de afianzar un Estado de derecho pleno es que se termine con esta norma para dar garantías al pueblo uruguayo, a la región e incluso a toda la humanidad, de que estos crímenes no se repitan.

Aspecto ético: Es importante que Uruguay defina qué modelo de convivencia quiere: si un modelo de convivencia sincero, en base a valores, a principios iguales para todos, jerarquizando el valor justicia como un argumento innegociable del modelo cultural inherente a la democracia, o si prefiere amparar en la impunidad a aquellos que cometen los más aberrantes crímenes.

Las dictaduras se van y emergen las democracias, pero esa emergencia no es automática. En el caso uruguayo la dictadura nos dejó una serpiente cuando se fue, una serpiente que encadenó valores, encarceló principios y quiso encarcelar hacia la memoria y el olvido a las nuevas generaciones; pero llega un momento en que la sociedad recupera su dignidad y éste es uno de los momentos históricos para el pueblo uruguayo.

Julio María Sanguinetti

Image caption Sanguinetti cree que la ley pacificó al país.

Aspecto jurídico: La nulidad de una ley no es un concepto jurídico existente en el derecho uruguayo. Existe la derogación de una ley, que supone efectos en el futuro, pero no la anulación, que es declarar como si no hubiera existido todo acto que se haya realizado en aplicación de esta ley. Esto viola toda la estructura jurídica del país, los principios de la Constitución y conduce a una situación caótica.

Aspecto político: 25 años después de su aprobación nadie puede dudar que fue una ley pacificadora, tan pacificadora como fue la Ley de Amnistía que se le dio a los guerrilleros que también habían practicado el terrorismo y que fueron los que desataron en el país una guerra interna que fue la que terminó, desgraciadamente, en el golpe de Estado.

En la salida hacia la democracia en Uruguay hubo dos leyes espejo: una primera que se dictó para los guerrilleros y una segunda que se dictó para los militares, con el propósito de mirar hacia delante y dejar las cuentas del pasado en el pasado. Esto no impedía seguir investigando, porque conocer la verdad está amparado en la ley, cosa que han hecho todos los gobiernos, incluso éste gobierno.

La ley fue de pacificación y pacificó al país, de eso no hay ninguna duda. Se temía en el momento en que se dictó que el ejército quedara envuelto en una sensación de impunidad que le diera una cierta autonomía frente al poder civil y eso no ocurrió.

El ejército se subordinó y no tuvimos ningún conflicto del '85 en adelante, una diferencia bien grande con lo que pasó en otros países: en Chile, por ejemplo, el Comandante en Jefe del Ejército siguió siendo el dictador anterior; en Argentina hubo sublevaciones, perturbaciones de diversa naturaleza.

Aspecto ético: En Uruguay se vivió en paz desde entonces y ello significó una solución moral, en la medida que fue general, que amnistió a todos aquellos que habían incurrido en la violencia para sustituir a la democracia. Lo pretendieron los guerrilleros, lo hicieron luego los militares. Todos ellos violaron los derechos humanos de un modo u otro, hacia unos o hacia otros, y en función de ello el país aprobó dos leyes.

Tanta pacificación del país significó que, por un lado, los guerrilleros que antes eran contrarios a la democracia y la quisieron voltear con las armas en la mano, se incorporaron a la vida política. Y la institución militar, que en su momento se desbordó, posteriormente se incorporó naturalmente a la vida cívica.

La Ley de Caducidad no sólo fue votada por el Parlamento sino que además fue declarada constitucional por la Corte de Justicia y ratificada popularmente en un plebiscito. Ninguna ley en la historia del Uruguay ha tenido tantas modalidades de ratificación.

De modo que hoy plantear su anulación representa un movimiento totalmente anti histórico, una violación del Estado de Derecho, de los principios generales del derecho en el país y a su vez una tergiversación moral de lo que fue la equivalencia con la cual la sociedad uruguaya buscó la paz mirando hacia el futuro.

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