Venezuela: polémica por ley de educación

Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en forma preliminar un proyecto de Ley de Educación en lo que portavoces de oposición calificaron de "madrugonazo".

Image caption El proyecto de ley fue sometido a discusión en forma inesperada.

La ley fue sometida a discusión en forma inesperada por la comisión de Educación la noche del miércoles y podría quedar sancionada definitivamente la semana próxima, antes de que el Parlamento entre en receso.

La presidenta de esa instancia, María de Queipo, informó que el instrumento jurídico sería debatido en la calle a partir de este jueves, mientras que Pastora Medina, miembro de la comisión por el opositor Frente Humanista, denunció que el proyecto fue sometido a consideración de los parlamentarios sin que ellos hubieran participado en su elaboración y sin haberles entregado una copia para estudiarlo por anticipado.

"Ella (María de Queipo) vino a las 03.30 de la tarde y dijo: 'Aquí está la ley, éste es el producto del trabajo que hicimos, porque esta ley la estamos discutiendo hace 10 años'. No hubo comisiones de trabajo, nada", le dijo Medina a BBC Mundo.

Pero más allá de la metodología de votación, De Queipo dijo que la ley pondrá orden en la educación pública y privada.

¿Qué contiene?

La actual Ley de Educación data de los años 80 y desde todos los frentes ha habido llamados a actualizarla. Sin embargo no hay consenso sobre cómo hacerlo.

Desde la acera oficialista, el objetivo es adecuar el sistema educativo al Plan Socialista de la nación, en el que las escuelas son multiplicadoras de los valores de un nuevo modelo de producción y de relaciones sociales.

Desde la oposición se critica que el socialismo es un proyecto de gobierno, no de Estado, y se expresa el temor de que convierta a las escuelas en centros de formación ideológica.

Tal como quedaron las cosas en el proyecto de ley, la educación se fundamentaría en "la Doctrina Bolivariana, Robinsoniana (relativa a Simón Rodríguez, también conocido con el seudónimo de Samuel Robinson, quien fuera maestro de Simón Bolívar), en el humanismo social" y estaría "abierta a todas las corrientes de pensamiento".

Sin embargo, críticos señalaron que la misma ley incluye otros conceptos, como su vinculación al "desarrollo endógeno" y la "democracia protagónica", que en la práctica se traducirán en una orientación ideológica única.

Esto sería posible gracias a las amplias atribuciones y responsabilidades otorgadas al Estado.

Acento centralizador

"Es un proyecto con un marcado acento centralizador y contralor que hace del Estado una especie de superestructura que va a regir todo el sistema educativo, un estado hipertrofiado y monstruoso. No da lugar a que iniciativas e instituciones que no se correspondan con el ideario político del gobierno puedan aceptarse", le dijo a BBC Mundo el secretario general de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte.

"Ésta es una ley que recupera la autoridad del Estado para que sea garante de los principios establecidos en la Constitución", fue la respuesta de la diputada de la bancada oficialista María de Queipo a estas objeciones.

"Es necesario saber de dónde vienen los capitales de las instituciones privadas (…) que cada vez más tengamos confianza de que haya un Estado garante de la ética y la moral en el ejercicio de la docencia y de la escuela en su totalidad", añadió.

Comunidad ampliada

Otro de los aspectos que generó una lluvia de críticas opositoras este jueves tiene que ver con la ampliación de la comunidad educativa, tradicionalmente integrada por maestros, padres y representantes de sector de la Educación.

El nuevo proyecto de ley incluye a los trabajadores, obreros y a "organizaciones comunitarias" vinculadas con los proyectos educativos. Además hace de los consejos comunales instancias de participación política de base, "agentes de educación" con el deber de contribuir con el proceso educativo.

Portavoces opositores como Leonardo Carvajal, de la organización Asamblea de Educación, manifestaron que esto le daba injerencia en la administración de las escuelas a instancias con marcado tinte político que no tienen vinculación directa con éstas.

Para la diputada María de Queipo, estos son principios de democratización y participación.

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