Morales contra jueces de la Corte

Eduardo Rózsa Flores
Image caption El gobierno cree que la banda de Rózsa Flores pretendía dividir Bolivia y fundar un nuevo país.

El gobierno de Evo Morales planteó este martes iniciar en el Congreso un juicio de responsabilidades contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusó de cometer irregularidades en un fallo referido a un caso de presunto terrorismo y separatismo.

Los magistrados acusados, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, dispusieron que fuera la justicia de Santa Cruz la que definiera dónde debía llevarse a cabo el juicio contra una presunta banda armada que fue desarticulada en Santa Cruz en abril.

El grupo, abatido a tiros por la policía boliviana, pretendía dividir Bolivia y fundar un nuevo país en Santa Cruz, según informaron las autoridades a partir de una grabación dejada por el presunto líder de la organización, el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa Flores.

Bolivia: implican a líderes de Santa Cruz

Para el gobierno, el traslado del caso a la justicia de Santa Cruz contiene una serie de irregularidades. El ejecutivo pretende que el juicio se desarrolle en La Paz, que es donde se inició el caso. El objetivo último es remover de sus cargos a los jueces implicados.

Sin embargo, según líderes opositores de Santa Cruz, el gabinete de Morales busca manipular la justicia en La Paz y por eso se opone al traslado de los obrados a Santa Cruz.

En cambio, el gobierno aseguró que la justicia de Santa Cruz está parcializada a favor de grupos con poder económico de esa región y que, según la Fiscalía, habrían sido los financiadores del grupo.

El gobierno en pleno

Image caption Según la Fiscalía, algunos líderes cruceños habrían sido los financiadores del grupo.

Cuatro ministros y dos viceministros ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar el inicio del juicio por prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Los acusados son tres magistrados de la Corte Suprema y cuatro conjueces que fueron convocados para resolver el caso.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que esto demuestra que "el órgano ejecutivo en pleno" se convierte en demandante.

La autoridad agregó que el proceso tiene el objetivo de "conocer el cúmulo de irregularidades procesales" cometidas por la Corte Suprema. Según San Miguel, ese fallo busca "mantener la impunidad que requiere gente de poder económico en Santa Cruz".

El ministro opinó que es "sintomático que sea Branko Marinkovic, ex presidente del comité pro intereses de Santa Cruz, sin tener arte ni parte en este proceso", quien haya pedido el traslado del caso de La Paz a Santa Cruz.

En manos oficialistas

El proceso debe ser aceptado, en primera instancia, por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene una cómoda mayoría. La sola admisión del proceso, según la ley boliviana, suspende de sus cargos a los magistrados.

Luego, sin embargo, el juicio debe llevarse a cabo en el Senado, donde la oposición tiene mayoría.

La presidenta de la Corte Suprema, en declaraciones a la estación Radio Fides, dijo que el anuncio de un juicio en su contra es solamente "un amedrentamiento para que a la Corte no le toque intervenir".

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.