HRW apunta a la justicia militar chilena

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch pidió cambiar el código que juzga a uniformados tras la muerte de un comunero mapuche a manos de la policía.

Image caption Mendoza es el tercer joven mapuche que muere en enfrentamientos con la policía en La Araucanía desde 2003.

De visita en Santiago, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó como un "homicidio injustificado" el caso del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío y manifestó su preocupación ante la justicia militar que aún impera en Chile.

El abogado chileno lamentó la muerte del joven de 24 años, que según los reportes oficiales fue baleado por la espalda por un carabinero cuando huía tras el desalojo de un predio en la región de La Araucanía, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.

"Nos preocupan los casos donde hay evidencias de exceso en el uso de la fuerza, y creemos que este último homicidio totalmente injustificado -a lo menos por lo que conocemos que han reportado los medios- debe servir no sólo para reflexionar respecto de las prácticas policiales", planteó.

A juicio de Vivanco, la muerte del indígena se debe traducir "también y fundamentalmente en seguir empujando por la modificación de la jurisdicción militar, del fuero militar, que hasta ahora desgraciadamente ejerce competencia en las investigaciones en este tipo de delitos".

Inquietud compartida

La postura de Vivanco no fue tomada como un llamado de atención por el gobierno chileno. Al contrario, en el palacio de La Moneda sintieron un respaldo a algo que se viene trabajando desde hace tres años, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la justicia militar que rige en el país.

El subsecretario de Guerra, Gonzalo García, explicó que hay un compromiso con la CIDH de enviar este año al Congreso un proyecto que modifique el código y admitió que "la exclusión del juzgamiento de civiles por parte de la justicia militar" es uno de los objetivos principales de la medida.

Image caption La justicia militar es puesta en duda por Human Rights Watch.

"Los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Interior y de Justicia, junto a las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad, hemos trabajado en una comisión que intenta renovar completamente el código de justicia militar: estableciendo una competencia nueva, estableciendo tribunales nuevos, delitos más precisos, y generando un debido proceso, con procedimientos justos e imparciales", dijo a BBC Mundo.

El primer código de justicia militar en Chile data de 1839, con un nuevo decreto de ley en 1925 que es básicamente el que rige hasta hoy, aunque sufrió múltiples reformas tras el golpe militar de 1973.

Nunca un Congreso ha definido el marco de operación de la justicia castrense en Chile. Por eso en el gobierno confían en que la iniciativa será bien acogida por las dos principales fuerzas políticas del país, ya que según el subsecretario de Guerra "viene a establecer un ámbito que en general es bastante razonable en materia de cambios".

Inesperados reparos

Y mientras las autoridades chilenas esperan modificar la justicia militar y terminar con esta intervención en hechos donde uniformados se involucran con civiles, la posición no es tan clara para alguien directamente relacionado con el caso del mapuche muerto el 12 de agosto pasado.

El abogado defensor de la familia Mendoza Collío, Jaime Madariaga, admitió que el código castrense genera restricciones que dificultan su trabajo, pero aseguró a BBC Mundo que en el caso específico de La Araucanía la justicia ordinaria ha hecho menos que la militar.

"En teoría y en cuanto a doctrina y principio de derecho sí estoy de acuerdo con la postura. Sin embargo, así como están las cosas en esta región, confío más en un fiscal militar que en un fiscal del Ministerio Público para investigar los delitos que comete un carabinero en contra de una persona mapuche, así lo ha demostrado la experiencia práctica", señaló.

El también representante de la familia de Matías Catrileo -comunero mapuche muerto en similares circunstancias en enero de 2008- acusó discriminación de la justicia ordinaria hacia los indígenas y reiteró que en esta zona las investigaciones militares han avanzado. "Es lamentable decirlo, pero es la verdad", sentenció.

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