Uruguay indemnizará a víctimas

Marcha del Silencio en Montevideo en 2008
Image caption La nueva ley reconoce la acción ilegítima y represiva del Estado durante el gobierno militar.

Ex presos políticos y familiares de personas desaparecidas durante el gobierno militar que ocupó el poder entre 1973 y 1985 serán indemnizados por el gobierno uruguayo.

Así lo establece una ley aprobada esta semana por el Parlamento, que reconoce la acción ilegítima y represiva del Estado durante ese período y los cinco años previos al golpe de Estado (1968-1973).

“Es un enorme paso”, aseguró a BBC Mundo Elena Zaffaroni, esposa de un detenido desaparecido, que también fue presa política y dio a luz a su hijo en cautiverio.

“Para nosotros no sólo es importante la parte indemnizatoria sino el reconocimiento del daño que se ha hecho a la sociedad y de que existió terrorismo de Estado”, dijo Zaffaroni.

La ley reconoce la responsabilidad institucional de los poderes públicos en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto y obliga al Estado a realizar acciones “materiales o simbólicas de reparación moral y para preservar la memoria de las víctimas”.

El diputado de la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio, Gustavo Bernini, dijo a la prensa que esta norma busca “cumplir con la deuda histórica” que tenía el país desde el regreso a la democracia.

“Demasiado tarde”

Zaffaroni indicó, sin embargo, que cree que el reconocimiento llega un poco tarde. “En este país todo se ha hecho a destiempo. Estamos hablando de hechos sucedidos hace más de 30 años. La sociedad ha vivido signada por el miedo y todos estos años sin aceptar que el Estado fue responsable de terrorismo y persecución”.

Image caption En 2001 se creó un Memorial en Recordación de los Detenidos Desaparecidos.

Por otra parte, destacó el hecho de que ya desde el gobierno anterior del presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado, y fundamentalmente durante la presente administración, “se dieron pasos grandes hacia la investigación de lo sucedido” (durante el régimen militar) y al reconocimiento de lo vivido, como la incorporación de los hechos ocurridos al currículum de enseñanza de la educación secundaria.

La ley aprobada prevé indemnizaciones a las personas que estuvieron presas por motivos políticos por más de seis meses entre el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985, y una compensación para los familiares de las víctimas declaradas ausentes o desaparecidas.

Con respecto a las acciones para preservar la memoria de las víctimas, se establece que el Estado colocará placas recordatorias en todos los sitios públicos donde se hayan producido violaciones a los derechos humanos.

En 2001 se creó un Memorial en Recordación de los Detenidos Desaparecidos.

Críticas

Representantes de los opositores Partido Colorado y Partido Nacional criticaron la ley porque no reconoce a las víctimas de acciones guerrilleras cometidas por los tupamaros.

Image caption Zaffaroni, esposa de un detenido desaparecido, también fue presa política y dio a luz a su hijo en cautiverio.

Zaffaroni entiende que ese argumento no es válido, ya que “se pretende meter en una bolsa dos cosas que no son comparables. Una son los delitos del Estado, delitos de lesa humanidad. El Estado debe proteger a su ciudadanía y (en el caso del gobierno militar) no lo hace sino que la persigue; otra cosa es las acciones de sectores civiles de la sociedad que se organizan y hacen algo y eso no son delitos de lesa humanidad. Cada sociedad tipifica qué sucede con los grupos organizados de la sociedad” que incumplen la ley, dijo.

Unas 200 familias se verían beneficiadas económicamente con la sanción de esta ley, que también incluye a los uruguayos desaparecidos en Argentina.

El presidente Tabaré Vázquez deberá promulgar la ley para que entre en vigor.

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