Reabriendo las heridas del Caracazo

Familiar de víctima del Caracazo
Image caption Algunos familiares tienen fe en que habrán respuestas, otros dudan.

Celestina Rondón perdió a un hijo en los disturbios de 1989, conocidos como "El Caracazo". Aura Liscano a un hermano. Ninguna pudo darle sepultura a los restos, que se perdieron, como los de cientos de víctimas, en fosas comunes sin identificación.

A las dos les asoman las lágrimas en el cementerio, ahora que la Fiscalía decidió exhumar los restos. Pero una tiene fe en que las autoridades darán respuesta a preguntas que suman dos décadas; la otra, sospecha, desconfía y no alberga esperanzas.

La Fiscalía venezolana inició este lunes un proceso para identificar y entregar a sus dolientes a las víctimas de aquellos hechos de febrero de 1989, cuando una serie de medidas económicas – que incluyeron el aumento de la gasolina – desataron manifestaciones y saqueos fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad.

El número de víctimas sigue siendo motivo de debate todavía hoy. El gobierno de entonces, a cargo del presidente Carlos Andrés Pérez, admitió la cifra de 276. El Ministerio Público actual habla de 331. Decenas de ellas fueron a parar al sector conocido como La Peste, en el Cementerio del Sur, en Caracas.

Hace veinte años

Historias de la época señalan que cadáveres que se encontraban en la morgue por diversos motivos fueron enviados junto con las víctimas, en un operativo de "limpieza" en el que no se guardó ninguna formalidad.

En 1991, los restos de más de 60 personas fueron sacados de La Peste. Sólo tres personas fueron identificadas. Los cuerpos fueron colocados en nichos en el mismo cementerio, ahora sólo nombrados con números marcados sobre el cemento.

En 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo a favor de familiares de varias de las víctimas, por el que se ordenó al Estado identificar los cadáveres, indemnizar a los deudos y castigar a los culpables.

Ahora el Ministerio Público dice estar comprometido a agotar todos los recursos para cumplir con esta decisión. Para ello enlistó la ayuda de decenas de expertos forenses venezolanos.

"No sólo se exhumarán los cadáveres, sino que instituiremos un proceso para la identificación total de las víctimas (…) y para entregarlos y que los sepulten donde quieran", señaló la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

El actual gobierno reconoció hace varios años la responsabilidad del Estado en lo sucedido. De hecho, el presidente Hugo Chávez ha señalado en distintas oportunidades que la revuelta civil de 1989 había sido el origen de su revolución.

Según Ortega, los especialistas abrirán los nichos y luego buscarán en los lugares en que se presume hay fosas comunes. De no poder identificar todos los cuerpos, se hará un monumento en memoria de las víctimas.

Dolores que separan

Image caption La fiscal general prometió identificar a todos los cadáveres.

La fiscal sostuvo que familiares de 115 víctimas acudieron a su despacho para manifestar su voluntad de participar en el proceso y que estos están "completamente satisfechos" sobre los términos y condiciones en que se llevará a cabo.

Pero no pareció así en el terreno. Al lugar donde se encuentran los nichos se presentaron miembros del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), reclamando que no se les había invitado a participar en el proceso y que no confiaban en su resultado.

"Es una falta de responsabilidad y un abuso que no hayan tomado en cuenta nuestras actuaciones", le decía a la prensa Aura Liscano, presidenta de Cofavic.

Cofavic pide la participación de forenses extranjeros para garantizar la imparcialidad del proceso y rechaza el que los cadáveres vayan a ser sometidos a pruebas en un galpón militar, en el Fuerte Tiuna, cuando muchos de los caídos habían sido abatidos precisamente por uniformados.

"Yo no voy a recibir algo sin tener la certeza de que es mi mamá", señaló una de las integrantes de Cofavic, al borde del llanto.

La titular del Ministerio Público respondió a estas dudas argumentando que los expertos venezolanos están más que capacitados y que el galpón militar será custodiado por fiscales y la policía científica.

A un lado, representantes de otras organizaciones de Derechos Humanos que sí confían en el proceso aseguraban que Cofavic era la plataforma personal de una de sus portavoces, Liliana Ortega, y de que la había utilizado por veinte años con fines políticos.

Más atrás, Celestina Rondón, madre de un joven que desapareció aquel 28 de febrero cuando contaba 25 años de edad, manifestaba el deseo de poder darle cierre al dolor.

"Me siento muy mal. Es como si me estuvieran matando a mi hijo otra vez, porque yo no lo vi, no lo enterré ni nada", le dijo Celestina a BBC Mundo.

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