Investigan a los Sin Tierra en Brasil

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) es una de las organizaciones sociales más grandes y conocidas del mundo y agrupa a cerca de un millón y medio de campesinos brasileños que luchan por una distribución más equitativa de las tierras.

Image caption El MST ha gozado hasta el momento de gran legitimidad como movimiento social.

Si bien no todo el mundo está de acuerdo con su forma de protesta –en particular la invasión de haciendas, su principal instrumento de presión- el MST ha gozado hasta el momento de gran legitimidad como movimiento social.

Sin embargo, ahora la integridad de sus dirigentes está siendo cuestionada por las autoridades brasileñas: el Parlamento abrió una comisión de investigación para estudiar denuncias de que el MST malversó fondos públicos.

La comisión fue abierta a instancias de legisladores de la oposición, que acusan al grupo de haber usado indebidamente casi US$15 millones que recibieron de la Reserva Federal de Brasil para programas de capacitación y alfabetización de los campesinos, entre otros fines benéficos.

El dinero fue entregado entre los años 2003 y 2008 –es decir, durante los gobiernos sucesivos de Luiz Inácio Lula da Silva- a cuatro organizaciones no-gubernamentales (ONG) que colaboran con el movimiento campesino.

“Represalia”

En un comunicado, el MST afirmó que la investigación parlamentaria es una “represalia” por su lucha por la reforma agraria y por su presión para que se revisen los índices de productividad, que se utilizan para determinar si una hacienda puede ser expropiada y entregada a los campesinos.

Una reforma constitucional a fines de los años ochenta estableció que toda propiedad en Brasil debe cumplir una función social y autoriza al Estado a expropiar “el inmueble rural que no está cumpliendo” esta función.

Pero según el MST, las autoridades se han negado a ajustar periódicamente los “indicadores que informan el concepto de productividad”, tal como establece la Ley Agraria, aprobada en 1993.

En un manifiesto divulgado este martes, los líderes acusaron a los “sectores más conservadores del Congreso y de la sociedad” de “orquestar una nueva ofensiva contra el MST” debido a estos reclamos.

Irregularidades

El Parlamento brasileño no es el único que investiga las finanzas del MST. También el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) –la máxima entidad de fiscalización de Brasil- inició un proceso para estudiar las irregularidades en el traspaso de fondos del Estado.

La investigación comenzó luego de que se comprobara que muchos de los recursos estatales que estaban destinados a programas de educación y a la creación de comedores populares y viviendas temporarias para campesinos, no fueron usados para ese fin.

Las autoridades buscan establecer si ese dinero fue apropiado por líderes del MST o si se utilizó para otras actividades, como la ocupación ilegal de tierras o la masiva campaña que llevan a cabo los activistas en contra de los cultivos de soja.

Otra de las cosas que investiga el TCU es si el gobierno de Lula utilizó dinero público para obtener el apoyo del MST durante los comicios de 2006, en los que el mandatario fue reelegido.

La sospecha se basa en el hecho de que las transferencias más abultadas que realizó la Reserva Federal al movimiento, a través de las distintas ONG, ocurrieron en vísperas de las elecciones.

A pesar de que el MST había criticado le gestión de Lula durante su primer mandato, por no haber cumplido con sus promesas electorales de poner fin al problema de los Sin Tierra, la mayor parte de la organización apoyó su reelección en 2006.

Dilema

Para Hernán Giardini, de la organización ambiental Greenpeace, el problema del MST es que la coyuntura mundial actual, en la que existe una alta demanda por los productos agropecuarios, desfavorece el reclamo de los Sin Tierra.

“El avance de la soja y la producción a gran escala de transgénicos, además de la mecanización del campo, significa que hay cada vez menos tierra improductiva en Brasil”, afirmó el experto a BBC Mundo.

El crecimiento de Brasil como país agro-exportador también significa un dilema para Lula, ya que ese modelo se contrapone con las demandas de los campesinos, que apoyan la producción agraria a pequeña escala.

El auge de la producción de soja –del que Brasil es el segundo productor y exportador mundial- ha exacerbado las diferencias entre el mandatario y el MST, que se opone al cultivo ya que no sirve para paliar el problema de hambre en el país y se produce específicamente para ser vendido al exterior.

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