Colombia: condenas por matanza de civiles

Operativo antiguerrilla en Colombia (foto de archivo)
Image caption Por el hecho también fue condenado el técnico de la aeronave, pero recibió una pena menor.

La justicia colombiana impuso penas de 31 años de cárcel a dos miembros de la Fuera Aérea que habían sido acusados por la muerte de 17 campesinos en una operación contra las guerrillas ejecutada en 1998.

Las sentencias más altas recayeron sobre el capitán César Romero Pradilla y el teniente Johan Jiménez, quienes piloteaban un helicóptero que atacó la vereda de Santo Domingo, en el departamento de Arauca, cuando perseguían una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por el mismo hecho, el técnico de la aeronave, Héctor Mario Hernández, fue condenado a seis años de cárcel por homicidio culposo, ya que –según el juez de la causa– “no tuvo intención de provocar daño conscientemente, a diferencia de los pilotos”.

Los militares, en cambio, fueron encontrados responsables del delito de homicidio en concurso con lesiones dolosas, porque “atacaron posiciones en las que había civiles a pesar de que tuvieron información de inteligencia que les habría permitido evitar las muertes”.

Un caso cuestionado

En los últimos años, el bombardeo a Santo Domingo se convirtió en una de las más evidentes infracciones al derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares colombianas, señala el colaborador de BBC Mundo en Bogotá, Hernando Salazar.

A raíz de esa operación, Estados Unidos suspendió durante un tiempo la ayuda al comando aéreo del que formaban parte quienes realizaron el bombardeo.

Ese respaldo se reanudó recién cuando comenzaron a avanzar las investigaciones, recuerda Salazar.

La sentencia también ordena girar copias de lo actuado a la fiscalía para que investigue el comportamiento de otros oficiales y civiles que habrían intentado encubrir los hechos, al sostener que las muertes se produjeron por la detonación de un coche bomba de las FARC.

Sobre este fallo se interpuso la respectiva apelación que deberá ser resuelta por una instancia superior.

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