Uruguay: Ley de Caducidad, inconstitucional

Parlamento de Uruguay
Image caption Las dos cámaras del Parlamento uruguayo se mostraron a favor de declarar inconstitucional la ley.

La Suprema Corte de Uruguay declaró este lunes "inconstitucional" la aplicación a un caso particular de la ley que impide juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985).

La declaración de inconstitucionalidad de la máxima instancia judicial uruguaya se produce seis días antes de que, en coincidencia con las elecciones presidenciales, se realice un referendo en el que la ciudadanía decidirá sobre la anulación de dicha norma.

La resolución de Corte Suprema se aplica únicamente a la investigación por la muerte en 1974 en un cuartel militar de la profesora Nibia Sabalsagaray, debido a presuntas torturas.

Pero en caso que que no se apruebe la anulación a través del referendo, la inconstitucionalidad declarada para el caso de Sabalsagaray podría sentar precedente para otros casos.

Los magistrados justificaron la medida al argumentar que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada según lo regulado por la Constitución.

El pasado febrero, las dos cámaras del Congreso de Uruguay se mostraron a favor de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada por un referéndum en 1989.

Sufragio

Image caption Se estima que unos 200 uruguayos desaparecieron durante el período militar.

El argumento del que se valió la Suprema Corte para declarar inconstitucional la norma en este caso es que en 1986 los legisladores se atribuyeron facultades constitucionalmente atribuidas a los jueces", es decir que hubo una violación de la separación de poderes.

De acuerdo a la fiscal Mirtha Guianze, "si no se consiguen suficientes votos (para anular la ley en el referendo del domingo), es posible que este argumento sea utilizado en otros casos".

Según informa la colaboradora de BBC Mundo en Uruguay, Verónica Psetizki, la última encuesta dada a conocer este lunes señala que los votos a favor de la derogación de la norma sumarían el 47%.

Para que la ley sea derogada, los sufragios a favor de la nulidad deberían superar el 50% del total de los votos.

Si no se logra la mayoría requerida, es altamente probable que próximamente se presenten más recursos de inconstitucionalidad para otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar, señala nuestra colaboradora.

La Suprema Corte de Justicia podrá continuar evaluando la inconstitucionalidad de la ley caso a caso y, al haber ya sentado un precedente con el de Sabalsagaray, se estima que la emisión de resoluciones sería más rápida.

Se calcula que unos 200 uruguayos desaparecieron durante el período militar, muchos de ellos a consecuencia del llamado Plan Cóndor, coordinado por los gobiernos militares del Cono Sur.

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